Los nazis de Malasaña, Puigdemont y el Gobierno de España

... Los argumentos de ambos fueron y siguen siendo los mismos: falta de democracia, represión, justicia cuartelera… si bien es cierto que aquellos llevaban razón en cuanto a la democracia –si olvidamos reconciliadoramente su responsabilidad en tumbarla– y este no. Pensarán que exagero aunque no lo creo. Las nuevas tecnologías y la globalización multiplican por mucho las andanadas del correcaminos –que ya hubieran querido para sí los mencionados políticos exiliados– consiguiendo una presencia y una favorable corriente de opinión en sectores ansiosos de la propia independencia de sus Estados, mal que estos últimos no sean conscientes –o sí– de lo que no tardando mucho les espera.

Y qué les voy a contar de los nazis de Malasaña. Les ha venido que ni pintado a las fuerzas políticas y sociales empeñadas en fascistizar todo lo que no desprenda su propio tufillo. Da lo mismo que quienes son acusados torticeramente de estar detrás de la peculiar performance nieguen la mayor. Una vez más, los antifas son los dueños de la calle y de la verdad, elevando estas propiedades al ejercicio –este sí real– de la violencia y el odio atropellos y palizas mediante. Cosas de la modernidad.

Y claro, el Gobierno de España a verlas venir. Condicionado por un lado con el pacto de gobierno con los ¿podemitas? ¿comunistas? ¿izquierda radical? –que no sabe uno como se definen o hay que definirlos–, y por otro con los ¿nacionalistas? ¿independentistas? ¿contrarios al sistema democrático español? empeñados en desestabilizar el orden constituido y constitucional, tiene necesariamente que hacer encaje de bolillos para sostener un Gobierno prendido con alfileres al rojo vivo.

No es de extrañar, como ya he apuntado, que las instituciones de otros Estados –europeos de momento: Bélgica, Alemania, Italia– y estadillos –Escocia–, pongan en cuestión las decisiones de nuestros tribunales de justicia dando cuerda al monigote cada vez que esta se le va acabando. Y no lo es porque en España una cosa son las leyes y otra la interpretación que de las mismas hacen las propias instituciones españolas. Baste como muestra la visita y agasajo del más alto representante del Estado español en Cataluña, Pere Aragonés –para más inri sostén parlamentario del Gobierno de la Nación– al político huido de la Justicia española Carles Puigdemont en la isla de Cerdeña, mientras este se descojona –no podía ser de otra manera– de la misma Justicia española.