... Marruecos está llevando a cabo una continua y sistemática actitud hostil contra España, al menos desde la Marcha Verde, de 1975, cuando ya se hablaba del Gran Marruecos que incluía al Sahara Occidental. Aquella maniobra política se llevó a cabo en un momento de debilidad de nuestro Gobierno, estando Franco convaleciente y, además, con el apoyo de Estados Unidos. Y no se olvide que esta pretensión de Marruecos responde a la doctrina geopolítica del espacio vital que ejercieron los nazis en su objetivo de apoderarse del Centro y Este de Europa.
Hay que dejar claro que, con independencia de su objetivo de hacerse con Ceuta y Melilla, la prioridad absoluta de Marruecos es alcanzar la soberanía sobre el Sahara Occidental. Hay dos principales razones, una es la de los recursos: los minerales existentes en el territorio saharaui, especialmente los fosfatos, los derechos de pesca en el banco sahariano, la explotación de los hidrocarburos que hay entre las costas canarias y las saharianas junto a su pretensión de ampliar la zona económica exclusiva y de la plataforma continental hasta el monte submarino Trópic, situado a unas 300 millas al sur de la isla de El Hierro, que contiene importantes reservas de telurio y cobalto.
Otra relevante razón es estratégica. Por un lado, al adueñarse del Sahara Occidental amplia sustancialmente su territorio y sus costas atlánticas, situándose en una posición geoestratégica muy favorable respecto al territorio español, principalmente mirando a Canarias y, por otro, se consolida como una mediana potencia africana con un peso geopolítico específico y capaz de garantizar la estabilidad en una región conflictiva contando siempre con el apoyo de Estados Unidos, aparte de impedir la salida al Atlántico de su principal rival, Argelia.
El Sahara Occidental forma parte de la lista de los 17 Territorios No Autónomos de las Naciones Unidas desde 1963. Territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio. En 1990, la Asamblea General reafirmó que la cuestión del Sahara Occidental era un problema de descolonización que debe resolver el pueblo del Sahara Occidental.
De hecho, al año siguiente, en 1991, la ONU estableció la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) como una misión de pacificación para observar el alto el fuego - la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario duró desde 1975 hasta 1991 - y organizar un referéndum entre el pueblo saharaui que determine el futuro estatus del territorio del Sahara Occidental a través del derecho de autodeterminación, con base en el censo español de 1974. Desde 1991 se ha producido la renovación periódica anual del mandato.
También desde dicho año, 1991, Marruecos siempre ha practicado una política exterior activa respecto al Sahara Occidental boicoteando el referéndum promulgado por Naciones Unidas al mismo tiempo que ejercía una política internacional, particularmente con Estados Unidos y los países africanos, aparte de presionar mediante diferentes medidas a España, como antigua Potencia Administradora, para que accediera a su propuesta de conseguir la soberanía sobre el Sahara Occidental. Marruecos sabe que su objetivo de anexionar a su territorio Ceuta y Melilla, ambas fronteras de la UE, no es ni procedente ni admisible en estos momentos dada la importante ayuda económica que recibe periódicamente de Europa.
Así, ha conseguido reingresar en la Unión Africana en enero de 2017, después de su salida en 1963, con el apoyo de 39 de los 54 países que integran la UA. Este ingreso es una clara victoria de Rabat en perjuicio de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), puesto que a partir de entonces ve amenazada su pertenencia en el único organismo internacional donde se la otorga legitimidad de Estado.
En cuanto a Estados Unidos, ha conseguido una relación especial con dicho país, desde hace muchos años, comprándole armamento, prestándole varias bases militares como la de Tan Tan o, como ha hecho el pasado mes de diciembre, reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, violando el derecho internacional, a cambio de que Marruecos estableciera relaciones con Israel.
En relación con España, ha llevado a cabo diferentes incidentes entre los que destacan, la ocupación de la isla Perejil en 2002, el cierre de las fronteras de Ceuta y Melilla en los últimos años con el propósito de asfixiar económicamente a dichas ciudades, fomentar la emigración a las Islas Canarias, ampliar la plataforma continental unilateralmente, facilitar la entrada de emigrantes en Ceuta y Melilla o provocar la citada invasión a Ceuta de cerca de 10.000 migrantes ilegales el pasado mes de mayo.
Mientras tanto, la política exterior española ha permanecido inactiva sin tomar ninguna medida ni respecto al Sahara Occidental ni en relación con los actos hostiles señalados. Su pasividad ha dado alas a la política marroquí para actuar cada vez con mayor agresividad y contundencia en las relaciones con España siguiendo la máxima de Sun Tzu golpea al enemigo cuando se encuentre débil.
Si hacemos referencia a la realpolitik de Estados Unidos, en especial desde la llegada al poder del actual gobierno de coalición en España, este país se ha decantado claramente por el apoyo a un Marruecos estable y consistente que le garantiza la seguridad en gran parte de África Occidental ante la incertidumbre de un gobierno español frágil, con profundos problemas internos en su estructura territorial, donde operan movimientos separatistas que ponen en cuestión la estabilidad y la seguridad del propio Estado, a pesar de que España es un socio y fiel aliado en la OTAN inestable.
A mayor abundamiento, los previstos ejercicios African Lion 21 que va a efectuar AFRICOM en territorio saharaui, entre los días 7 y 18 del próximo mes de junio, en los que participan varios países europeos - sin España - y africanos, supone un respaldo a Marruecos y un quebranto para España y la RASD. Todo ello, mientras existe una guerra entre el Frente Polisario y Marruecos, desde la rotura del acto el fuego el pasado mes de noviembre en Guerguerat y de la que Marruecos se niega a hablar de ella porque le perjudica gravemente ante la comunidad internacional en su objetivo prioritario de conseguir su soberanía sobre el Sahara Occidental.
Para España, el establecimiento del Sahara Occidental como un Estado independiente, sólido y creible, constituye un importante factor de estabilidad en el escenario geopolítico del Norte de África y de África Occidental ya que facilita el equilibrio estratégico de las potencias de la región, supone un muro de contención ante el salafismo yihadista, incrementa la seguridad de nuestro entorno geoestratégico próximo y responde diáfanamente a nuestros intereses estratégicos nacionales.
En virtud de lo expuesto, la política exterior española debiera plantearse su reactivación en este campo, a la mayor brevedad, tomando como apoyatura alguna de las consideraciones relacionadas a continuación.
Proponer el nombramiento cuanto antes de un nuevo enviado especial personal del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental junto a la necesidad de avanzar en la reanudación de las negociaciones entre las partes en conflicto, el Frente Polisario y Marruecos.
Reafirmarse en su posición de seguimiento de la doctrina de Naciones Unidas de que la cuestión del Sahara Occidental es un problema de descolonización que debe resolverse mediante la organización de un referéndum entre el pueblo saharaui que determine el futuro estatus del territorio.
Solicitar los apoyos internacionales adecuados desde Naciones Unidas a la Unión Europea, ya manifestado en varias ocasiones, pasando por Alemania, México, Kenia, Noruega, Irlanda, alguno de los países del Grupo de Amigos del Sahara Occidental, países que reconocen a la RASD - donde están EEUU y Rusia -, países iberoamericanos o determinados actores regionales e internacionales que se estime oportuno.
Establecer una campaña de información a la opinión pública tanto a nivel nacional como internacional en la que se hable con claridad de las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sahara Occidental, de la legitimidad que ampara el derecho internacional, de la situación actual del pueblo saharaui, así como de la responsabilidad histórica del pueblo español con el pueblo saharaui.
Madrid, 31 de mayo de 2020
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