Noventa aniversario de la Segunda República (II)

... en el que estaban comprometidos algunos militares. Fueron detenidos seis paisanos, un teniente del regimiento 19 y doce soldados; todos quedaron a disposición de la autoridad militar. A finales de mes las fuerzas militares patrullaron por las afueras de Sevilla, en Barcelona las tropas estuvieron acuarteladas en previsión de graves incidentes, en Cádiz unidades de Infantería y Artillería ocuparon los puntos estratégicos de la ciudad y prestaron servicio de seguridad en bancos, teléfonos, correos, telégrafos y otros centros públicos. Además, con motivo de una intentona comunista y anarcosindicalista, se descubrieron numerosos depósitos de bombas y explosivos en toda la geografía peninsular, especialmente en Andalucía y Cataluña, que fueron retirados y depositados en las maestranzas de Artillería.

El 7 de junio se declaró una huelga general en Cartagena y las tropas patrullaban la ciudad para proteger los bancos y guardar la iglesia Castrense, donde se venera la Patrona de la Marina; los soldados tuvieron que hacer una carga para disolver a los que pretendían liberar a los detenidos. Al día siguiente de la huelga la autoridad militar se incautó de las tahonas en El Ferrol, para abastecer de pan a la población y en Vigo se declaró el estado de guerra, asegurando la fábrica de gas, depósitos de Campsa y bancos; en las inmediaciones de la comisaría colocaron una bomba y un grupo de huelguistas apedreó a un soldado que se encontraba de guardia. En Tuy otra bomba dejó sin luz a la ciudad y hubo enfrentamientos a tiros entre las fuerzas de orden y los huelguistas. Los días siguientes se declararon en huelga los operarios de la construcción, minas de carbón y obreros del campo en varias provincias.

El 20 de junio se tuvo noticias sobre los incidentes en la localidad de Pomer de la provincia de Zaragoza, que tuvieron origen en un vecino que solicitó en el ayuntamiento las actas del reparto de contribuciones, que rompió, lo mismo que las copias del tablón de anuncios. Cuando llegó el servicio de correrías de la Guardia Civil, el alcalde dispuso que se detuviese al individuo, lo que provocó el motín de los afiliados a la UGT y la libertad del detenido a petición de las autoridades. Pero un grupo numeroso de vecinos rodeó a los guardias y dieron gritos de “Vamos a repetir los del Castilblanco”; varios sujetaron por la espalda a un guardia, que fue desarmado y herido en la cabeza, brazos y pierna izquierda y él pudo herir a un atacante de un culatazo. El otro guardia, en propia defensa, hizo fuego e hirió a dos vecinas. Fue desarmado y agredido, aprovechando la oscuridad para llegar a otro pueblo cercano y avisar al cuartel.

Los revoltosos obligaron al guardia herido a escribir un parte dirigido al jefe de puesto de Jarque, anunciando que no había novedad y no era preciso enviar fuerzas. Acudieron al pueblo de Pomer el teniente coronel de la comandancia y guardias de varios puestos, siendo detenidos veintiún hombres y siete mujeres. En un corral fue hallado un mosquetón de la pareja y desaparecido el otro.

En julio, agosto y septiembre se produjeron varios atentados con artefactos explosivos, uno de ellos en el palacio de Justicia de Barcelona y se localizaron otros capaces de volar varios edificios. Se declararon huelgas de tipógrafos, textiles, pescadores, limpieza pública, estudiantes, transportistas, ferroviarios. etc. A primeros de agosto en Jaén, en el pueblo de la Puerta un grupo numeroso invadió el ayuntamiento, pidiendo la dimisión del alcalde y pretendiendo convocar el concejo para elegir un sustituto, también querían nombrar los capataces de las obras de la carretera de Siles. Requerida la presencia de la fuerza pública acudió el teniente con varios guardias y, como los alborotadores les agredieron, tuvieron que usar las armas, resultando tres heridos, además del teniente y un corneta lesionados, un guardia recibió una cuchillada que detuvo el correaje.

El día 6 de octubre en Huelva, se produjo otra agresión a la Guardia Civil, cuando se realizaban obras en una carretera se presentó un grupo de obreros en actitud violenta y la pareja que prestaba servicio de seguridad fue agredida a tiros y pedradas; resultando herido uno de los guardias de dos tiros, en el vientre y el pecho, y el otro de un garrotazo en la cabeza. Otra pareja que llegó en auxilio fue rodeada y desarmada; posteriormente se practicaron veinte detenciones.

Pero el suceso más destacado del mes de octubre fue la insensata Sanjurjada del día 10, que se inició en Madrid, donde militares retirados y contados en activo con civiles intentaron asaltar el Palacio de Comunicaciones y hubo enfrentamientos en las proximidades del Ministerio de la Guerra, el Palacio de Comunicaciones y la Dirección General de Seguridad, con detenciones, heridos y algunos muertos. El general Sanjurjo se apoderó de Sevilla, destituyendo a las autoridades, pero frente a la reacción del Gobierno, que inmediatamente ordenó la salida desde varias guarniciones de trenes con unidades con todo el equipo, el general trató de huir a Portugal, siendo detenido en la frontera. Los sucesos tuvieron escasa repercusión en el resto del territorio nacional.

La reacción del Gobierno ante estos sucesos fue de lo más irregular, en efecto, suspendió a un centenar de periódicos, fueron numerosos los detenidos gubernativos, militares y paisanos, que pasaron meses en las cárceles sin estar sometidos a proceso o incluso habiendo sido excluidos de él por providencia judicial. Otros deportados a puntos de la Península y a Villa Cisneros. Improvisó una ley y la ejecutó con refinamiento retroactivo para desposeer de bienes, no ya a los culpables, cuando lo fueran por sentencia, sino a ciudadanos que resultaron libres de toda sospecha. Apareció una lista con 194 acusados, que no eran sino eso, acusados; fueron incautados los bienes rústicos de cincuenta y seis propietarios, pero de los que sólo quedaron diez en el proceso. Estaban declarados inocentes mucho antes de que se llegase a la vista del proceso, pero se quedaron sin sus bienes. También el 11 de agosto, el 8 y 9 de septiembre se crearon los instrumentos legales que permitían separar del servicio a funcionarios civiles y militares, que alcanzaron a magistrados y diplomáticos

En Ávila, el 16 de noviembre, un numeroso grupo de vecinos del pueblo de Navalmoral de Ávila se dirigieron a una dehesa para apoderarse de la caza. Avisada la Guardia Civil, salieron dos parejas al mando de un cabo y al llegar a la finca detuvieron a dos individuos y les recogieron las escopetas. Un grupo escondido entre las piedras hizo una descarga contra los guardias, resultando uno herido de dos balazos en la espalda; el resto de los guardias repelieron la agresión y de la capital salieron refuerzos que dieron una batida por el monte

A primeros de diciembre, ante los continuos desmanes y asaltos a establecimientos, que realizaban los huelguistas panaderos en Cádiz, fue requerido el auxilio de fuerzas militares. Salieron a la calle dos compañías del regimiento número 27, que patrullaron por las calles y protegieron los edificios públicos. El día 4 se reunieron en Bilbao los gobernadores civil y militar, para comprobar cómo tenía montados los servicios el segundo, al objeto de ver si existía una colaboración posible; hecho relacionado con las noticias de determinados movimientos de tipo comunista. El día 9 en Gijón el Ejército y la Armada facilitaron especialistas para mantener algunos servicios públicos y el 10 en Salamanca, con motivo de una huelga general, tropas del regimiento número 26 prestaron servicio patrullando por las calles y a media tarde cuando se retiraban fueron ovacionadas, mientras silbaban a los guardias de asalto. El 14 siguiente en Gijón circularon dos líneas de tranvías con soldados de Ingenieros. El día 20 las tropas custodiaban la central eléctrica de Zaragoza y en Barcelona hubo un intento de asalto de los polvorines de Montjuich.

El año 1933 se estrena, el día 9 de enero, con un movimiento revolucionario anarquista en Madrid, Cataluña, Valencia y otras provincias, que originó numerosas víctimas, muertos y heridos, entre las fuerzas de la Guardia Civil, agentes de Seguridad y revoltosos, siendo los hechos más trágicos los sucesos de Casas Viejas. Se producen varios intentos de asalto a cuarteles de la Guardia Civil y del Ejército, como en Cuatro Vientos en Madrid, el de San Agustín en Barcelona y en Lérida, donde resultó muerto un sargento y heridos un subteniente, dos sargentos y un cabo; un centinela hirió en el vientre con su bayoneta a uno de los asaltantes. El Ejército prestó estos días servicio de seguridad en las cárceles, teniendo que intervenir en Ocaña para desarmar a presos que intentaban una fuga y en Córdoba reducir a los presos sindicalistas

En todas las guarniciones se dieron órdenes para la incorporación de todos los oficiales francos de servicio a los acuartelamientos y se nombraron jueces militares especiales para averiguar los hechos. A mitad de febrero se producen en Barcelona varios intentos de asalto a los acuartelamientos. En el castillo de Montjuich un centinela fue herido mortalmente y la autoridad militar prohíbe el paso de personas en una zona de cien metros alrededor de la fortaleza. También en el polvorín de Hostafranch se producen varias agresiones con arma de fuego y en todo momento se invitaba a la tropa a unirse a la revolución.

En el mismo mes de enero, el ministro Azaña declaró hechos de guerra a todos los efectos para el personal de las distintas Armas y Cuerpos del Ejército, aquellos en que resultaron muertos y heridos o se hubieran distinguido en el cumplimiento de su deber con motivo de las alteraciones de orden público ocurridas en todo el territorio nacional en los días ocho al diez del actual. En junio siguiente, el ministro de la Gobernación[1] decía:

El 16 de marzo en las Cortes, el ministro de la Guerra, durante el debate con motivo de los sucesos de Casas Viejas, comentando el peligro del asalto a cuarteles a primeros de año, dijo que había enviado un telegrama a las unidades para que adoptasen las medidas necesarias para evitar tal intento. En Madrid se comunicó con el oficial de servicio de la primera división, para decirle que habían sido asaltados varios cuarteles, con muertos por ambas partes, que adoptase las medidas más enérgicas, disparasen sin duelo y se procediese con la mayor severidad en todo lo que fuera un intento de asalto y que aunque se viera arder cuatro barrios en Madrid al mismo tiempo no salieran fuerzas militares de los cuarteles, sin previa orden personal del ministro. Terminó afirmando que la orden dada a los militares era innecesaria, porque las cuestiones militares están rigurosamente reglamentadas y leyó las obligaciones del centinela: “Defender su puesto con fuego y bayoneta hasta perder la vida”.

De este periodo lo más lamentable y digno de destacarse son los sucesos de Casas Viejas, no sólo por las víctimas que resultaron sino también por las declaraciones en el Congreso de Diputados de sus protagonistas, pertenecientes a las fuerzas de Asalto:

Las autoridades trataron de ocultar la gravedad de los sucesos de Casas Viejas, pero su difusión en la prensa hizo que el primer día de febrero tomaran estado parlamentario y diversos diputados discutieron sobre la veracidad o inexactitud de los informes que circulaban y acusaban al Gobierno por haber dado órdenes a la fuerza pública para que en la represión no hubiera heridos ni prisioneros. Al día siguiente, Azaña se opuso a dar explicaciones, pero después de relatar algunos hechos del movimiento revolucionario, afirmó que:

“No se encontrará un atisbo de responsabilidad en el Gobierno. En Casas Viejas no ocurrió, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir. Se produce un alzamiento en Casas Viejas, con el emblema que han llevado al cerebro de la clase trabajadora española de los pueblos sin instrucción y sin trabajo, con el emblema del comunismo libertario y se levantan unas decenas de hombres enarbolando esa bandera del comunismo libertario y se hacen fuertes y agreden a la Guardia Civil y causan víctimas a la Guardia Civil. ¿Qué iba hacer el Gobierno? Ningún ministro de la Gobernación hubiera procedido de otro modo en aquellos sucesos”.

Posteriormente se opuso al nombramiento de una comisión que fuera a Casas Viejas para depurar lo ocurrido.

El veintiséis de febrero los capitanes de Seguridad que mandaban compañías de Asalto destinados en Madrid, declararon, por el prestigio y dignidad del Cuerpo, que por la Dirección General de Seguridad se les trasmitieron órdenes diciendo que había que actuar con toda energía y que el Gobierno no quería que se le entregasen heridos ni prisioneros. Lo que parecía dar a entender que fueran muertos todos aquellos que hiciesen armas contra la fuerza o presentasen indicios de haberlas hecho.

En un documento leído por el diputado Ortega y Gasset, se declara que el teniente Artal fue coaccionado para que declarara algo que no era la verdad, negándose. El teniente afirmaba que, después de incendiada la casa de Seisdedos, fueron encargados él y el teniente Álvarez Rubio para recorrer las casas del pueblo para detener a los vecinos que tuvieran armas. Relataba lo ocurrido delante de la choza del Seisdedos, en la que fueron muertos a tiros, después de maniatados todos los prisioneros, disparando sobre ellos los guardias de Asalto y dos guardias civiles, estado presente el delegado del gobernador. Resaltando el diputado, que esta presencia demostraba que el Gobierno estaba enterado de todo desde el primer momento y terminó la lectura del documento, en el que se decía que se enviaron telefonemas a los puestos de guardias de Asalto, amenazando con la cesantía de los guardias que no dispararan sobre todo aquel que fuera portador de explosivos o se le encontrara con armas humeantes.

En otro documento suscrito por el capitán Rojas, afirmaba que recibió encargó de no hacer heridos ni prisioneros y el director general de Seguridad le dijo que él aceptaría toda la responsabilidad de lo que pudiera suceder. Con estas órdenes formó la compañía para marchar a Casas Viejas y en la estación el director reunió a los oficiales y les ratificó que el gobierno no quería más que muertos. Al regresar a Madrid le esperaban en la estación el secretario particular del director y dos agentes. El primero le dijo que temía que los sucesos de Casa Viejas llegasen a provocar la caída del Gobierno y para evitar que cayese el presidente era necesario que cayese el ministro de la Gobernación; que para evitar esta crisis se hacía preciso que cayera el director de Seguridad y para salvar al Sr, Menéndez era preciso que se sacrificara el propio capitán Rojas. En la Dirección de Seguridad le dijeron que redactase una información, pero sin tratar de las órdenes y de los fusilamientos.

El capitán Rojas informa que la esposa del director de Seguridad, señora de Menéndez, habló con él, para decirle que a los jefes de la fuerza pública unas veces les tocaba sacrificarse y otras triunfar; le habló de la concesión de un permiso y de que le entregaría un buen puñado de billetes para divertirse, asegurándole que si no cambiaba el Gobierno le darían un buen destino.

Continúa:

“Dado esto, las órdenes que yo llevaba, que no había más remedio que hacerlo por la República, por el Gobierno o por la gente mía, cuando llegamos allí a la casa… porque es que estas órdenes, cuando las di a los oficiales, había algunos que decían que eran muy fuertes, que no se podía cumplir eso; pero viendo que era la única solución de defender a la gente mía, de defender a la República y de defender al Gobierno, me decidí a hacerlo y al llegar allí, a la corraleta, cuando bajaron, aunque yo lo que quería haber hecho con los prisioneros era haber empleado la ley de Fugas a la salida del pueblo, allí hubo uno que miró al guardia que estaba quemado en la puerta y le dijo a otro una cosa y me miró a mí así… que no me pude contener de la insolencia suya y le disparé e inmediatamente dispararon todos y cayeron los que estaban allí mirando al guardia que estaba quemado y luego hicimos lo mismo con los otros que no habían bajado a ver el guardia muerto. Así cumplía lo que me habían mandado y defendía a España de la anarquía que se estaba levantando en todos los lados y a la República”.

Afirma el capitán que por tres veces recibió órdenes del director general. La primera, el día que salió su compañía con destino a Jerez de la Frontera y pasó por la Dirección para recibir instrucciones y éstas fueron que iba a Jerez por un movimiento monárquico y que allí era el centro principal; que me acordara de sucesos anteriores y que había que acabar con ese movimiento, fuese como fuese, para lo cual no debía dejar títere con cabeza, que empleara los procedimientos más fuertes, la ley de Fugas, que me cargara a todo el mundo, que matara a todos los que tenían armas, que los fusilase, total que no quedaran heridos ni prisioneros. La segunda, esa misma tarde en la estación, donde a los oficiales nos dijo que no quería heridos ni prisioneros. La tercera ya en Jerez, cuando le ordenan por teléfono salir para Casas Viejas, que había estallado allí el movimiento y que había una casa en que se habían hecho fuertes los rebeldes y que tenía que ir a tomarla como fuese, con mano dura.

A última hora de la sesión parlamentaria, se defendió un voto de confianza al Gobierno, que fue aprobado por 210 votos a favor y uno en contra. De esta manera liquidaron las Cortes las responsabilidades por los hechos de Casas Viejas. El proceso contra el capitán Rojas fue lo único que continuó y que permitió, pasado un cierto tiempo, confirmar unos vergonzosos hechos.

[1] Decreto de 23 de junio de 1933