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Crisis sanitaria: la prueba del nueve de las Autonomías

(Foto: www.carm.es)
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LA CRÍTICA, 1 NOVIEMBRE 2020

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(Artículo publicado el 29/10/2020 en los medios del Grupo Noroeste en Red)

(...) Dada la situación en el resto del mundo –fundamentalmente en Europa–, donde los datos de expansión del virus y sus consecuencias son tan aterradoras o más que en España, mucho me temo que la solución adoptada aquí vuelva a ser un apaño del que en su momento habrá el Gobierno de dar marcha atrás. Y entonces, no sabremos qué decir o a quién culpabilizar, cuando desde el principio la causa y sus efectos son la descentralización de responsabilidades en asuntos tales como este, que por sí mismo debería ser suficiente para olvidarnos de quién tiene o no competencia para abordar sus soluciones, se tenga para ello o no la más pajolera idea. (...)

Es evidente que hay muchas razones para estar de acuerdo con el régimen autonómico español. Como también que las hay, y muchas, para estar en contra. Desde su origen, desde que se gestó este especial régimen descentralizado en los tiempos de discusión de la actual Constitución, su definición y desarrollo no lo ha sido por imperativo necesario sino por adecuación de intereses políticos para evitar, al menos en teoría, una temprana confrontación con las fuerzas independentistas vascas y catalanas, contenidas hasta ese momento, también en teoría, por el régimen franquista.

Unas décadas después, no solamente no se han contenido dichas fuerzas sino que se han desarrollado hasta límites más que preocupantes, amén de incrementarse de forma nueva e inesperada el ansia de autogestión o de auto lo que sea del resto de los territorios.

Todos hemos ido comprobando con el tiempo la sinrazón de dotarnos, para un mismo hecho como puede ser la caza o los toros o la recogida de setas en los montes o la enseñanza o la lengua o la justicia o la sanidad o el acceso al funcionariado o tantos otros, de hasta diecisiete normativas de obligado cumplimiento distintas, creándose de este modo un complicado sistema de fronteras interiores donde el ciudadano español navega como pollo sin cabeza para darles cumplimiento sin caer una y otra vez en la ilegalidad.

La crisis sanitaria que está viviendo todo el mundo como consecuencia de la aparición y mantenimiento en el tiempo del virus Covid-19 ha venido a ser, en España, la prueba más que suficiente de la debilidad de nuestra estructura política en lo tocante al régimen autonómico, dejando al aire sus vergüenzas e incapacidades para abordar un problema de tal envergadura y, además, evitando que puedan tomarse medidas globales en tiempo (oportunidad de las mismas) y forma (soporte jurídico que las haga posible).

Cuando escribo estas líneas –la mañana del día 28 de octubre de 2020–, se discute en los foros mediáticos e incluso en el Congreso sin que toque, el golpe sobre la mesa del presidente del Gobierno imponiendo un estado de alarma y una prórroga del mismo de nada más y nada menos que de medio año, después de haber dejado que las autoridades autonómicas hagan durante semanas el ridículo con sus muchas medidas, unas razonables y otras atrabiliarias, llevando a los ciudadanos españoles hasta el límite de la frustración y de la confusión.

En el trasfondo de esta excepcional medida el lector tiene que saber anticipar lo que supuso el anterior estado de alarma que, más allá de los beneficios implícitos para la contención de la pandemia durante la primavera pasada, trajo consigo un torrente de medidas extrapandemia publicadas día tras día en el Boletín Oficial del Estado sin control ninguno de las fuerzas parlamentarias en el Congreso, afines o no al Gobierno.

Se llama a la unidad insistentemente como factor imprescindible para luchar contra la pandemia en esta segunda y esperada ola de difusión del virus. Y es muy razonable que así deba ser. Quizá por eso no se entiende ni mucho ni poco que el Gobierno, con esta nueva medida, vuelva a dejar en manos de las autoridades autonómicas el meollo de la cuestión en cuanto a las medidas antipandemia se refiere: toques de queda, confinamientos y, en definitiva, todo aquello que consolida las fronteras interiores y deja de nuevo sumidos a los ciudadanos españoles en la frustración y la confusión.

¿Serán capaces las autoridades autonómicas de sacarnos, con sus medidas, de esta situación? ¿De aunar sus esfuerzos y conocimientos para ofrecer al pueblo español soluciones sólidas e iguales?

Dada la situación en el resto del mundo –fundamentalmente en Europa–, donde los datos de expansión del virus y sus consecuencias son tan aterradoras o más que en España, mucho me temo que la solución adoptada aquí vuelva a ser un apaño del que en su momento habrá el Gobierno de dar marcha atrás. Y entonces, no sabremos qué decir o a quién culpabilizar, cuando desde el principio la causa y sus efectos son la descentralización de responsabilidades en asuntos tales como este, que por sí mismo debería ser suficiente para olvidarnos de quién tiene o no competencia para abordar sus soluciones, se tenga para ello o no la más pajolera idea.
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