Sin Bankia pública no hay reindustrialización

El Banco Central Europeo es un poderoso aparato de poder supraestatal: imprime el euro, fija los tipos de interés, supervisa y arbitra el funcionamiento del sistema financiero. Ha sido y es una de las instituciones clave en la imposición de todo tipo de medidas de austeridad y recortes, que han esquilmado y saqueado a los países del sur de Europa –España, Grecia, Italia, Portugal, denominados despectivamente PIGS– para enriquecer a las plutocracias financieras y monopolistas más poderosas de la Unión Europea, especialmente la alemana.

Bankia tenía que haber sido completamente privatizada a finales de 2019, una de las exigencias impuestas por Bruselas en el rescate financiero de 2012. Cuando el exministro Luis de Guindos aún no había sido nombrado oficialmente vicepresidente del Banco Central Europeo ya lanzó su primer mensaje: “privatizar Bankia cuanto antes”. De Guindos estaba ofreciendo el principal diamante financiero de la corona –tallado con 25.000 millones de euros de nuestra sanidad, educación, servicios sociales…– a la gran banca y al capital extranjero.

El gobierno anterior ya fue vendiendo acciones de Bankia –el 7,5% en 2016 y el 7% en 2017– y el capital extranjero ha ido sacando la mayor tajada de la privatización parcial de Bankia. De hecho, mientras la participación de los accionistas minoritarios se ha desplomado, del 21,89 % en 2013 al 8,75% actual, el capital extranjero ha multiplicado por más de 6 su participación, de 3,85% a 24,2%. Porque se les ofrece el cuarto gran banco de España con unos activos superiores a 223.000 millones de euros, más de 2.500 oficinas y 8.200.000 clientes, completamente saneado con 25.000 millones de dinero público y unos beneficios anuales que en tres años superarán los 1.300 millones.

Privatizar Bankia. Este es el objetivo con el que se diseñó el plan estratégico de Bankia 2018-2020 y así elevar los beneficios para repartir más dividendos y hacerla más atractiva a los compradores. El plan previsto ha sido pasar de unos beneficios de 816 millones de euros netos en 2017 a 1.300 millones netos en 2020, un 62% más. Y en estos tres años, de 2018 a 2020, habría repartido 2.500 millones de euros entre los accionistas.

¿Quién lo dice?

Si algo caracteriza al señor De Guindos es su larga trayectoria y fuerte vinculación con Wall Street y los centros de poder del hegemonismo norteamericano. Fue director para España y Portugal de la mismísima filial de Lehman Brothers hasta su crisis en 2008. Es un ejemplo prototípico del tipo de cuadros, formados y cooptados por la superpotencia estadounidense, e instalados en puestos claves para asegurar que el devenir económico de los países vasallos de EEUU no se sale de los márgenes de los intereses del otro lado del Atlántico.

¿Cuándo lo dice?

El señor De Guindos lo dice cuando se acaba de formar en España un Gobierno de coalición inédito en Europa –una anomalía española, porque dentro del gobierno existen representantes de fuerzas a la izquierda de la socialdemocracia, gobierno producto del fuerte empuje de la mayoría social progresista de nuestro país–, y hay miedo, entre los centros de poder del hegemonismo estadounidense y alemán, de que traspase las líneas rojas que le han impuesto, y que no llegue a privatizar Bankia.

Porque la venta de Bankia no solo sería una operación ruinosa para España y una nueva autopista de entrada para el capital extranjero y un gran negocio para la banca; sería la renuncia a una gran Bankia pública, a un potente brazo financiero imprescindible para la reindustrialización del país, para inyectar crédito a las pymes y familias, y una segura fuente pública de ingresos. La privatización supondría la pérdida definitiva de 17.666 millones de euros, de los 25 mil del rescate de Bankia y BMN, dado el actual valor en bolsa de Bankia no permitiría al Estado –con el 61% de las acciones– recuperarlos.

Sería una pérdida de soberanía económica. Porque sobre el futuro de la cuarta entidad financiera del país no decide el Gobierno de España sino Bruselas. Lo que no sucede así en todos los países de la Unión Europea. Alemania se encargó de que las instituciones comunitarias no pudieran entrar en su sistema financiero. Solo una ínfima parte de las más de 400 cajas de ahorros germanas está bajo supervisión comunitaria. Y si al Deustche Bank, ahora en serios problemas, se le hubieran exigido las condiciones impuestas a Bankia, hace tiempo que hubiera quebrado.

¿Para qué lo dice?

Para apoyar las presiones de Bruselas y de la propia oligarquía española –que buscan acelerar la subasta de Bankia– para que acabe beneficiándose de ella un gran banco, nacional o extranjero. Porque la obligatoriedad de privatizar Bankia, y en el plazo de tiempo más corto posible, busca evitar que pueda imponerse la exigencia mayoritaria para impulsar una banca pública.

Los activos de Bankia suman más de 223.000 millones de euros. Es decir, casi la recaudación total de la Hacienda pública durante todo un año. Si Bankia se convierte en el embrión de una potente banca pública, esta ingente cantidad de dinero podría colocarse al servicio del desarrollo del país, de conceder créditos en condiciones favorables a empresas y familias, para crear riqueza y empleo.

Que el gobierno de Pedro Sánchez haya ampliado el plazo dado por Bruselas para privatizar Bankia es una noticia. De entrada, defiende mejor los intereses nacionales que la sumisa aceptación de unas condiciones que claramente nos perjudican. Y, sobre todo, permite más tiempo para abordar un debate que permita convertir Bankia en el impulso a una banca pública que coloque parte de los recursos públicos invertidos en el rescate bancario al servicio del desarrollo industrial, científico e investigador de España.

Porque de las cinco grandes entidades bancarias una de ellas es Bankia, todavía una banca pública en proceso de privatización. Según el volumen de activos y depósitos Bankia ocupa el cuarto lugar por delante del Sabadell, un 12% aproximadamente del sistema financiero español. Frente a la extraordinaria concentración bancaria existente, la creación de un gran banco público estatal con las cajas y bancos rescatados con nuestro dinero –como mínimo unos 223.000 millones de euros–, es un elemento esencial para poner en marcha un Plan Nacional de reindustrialización del paí­s y modernización del tejido productivo que genere nueva riqueza, y acabe con el paro y la precariedad.

Una banca pública que se convierta en el motor financiero de la inversión productiva reactivando el crédito destinado a la inversión y el consumo, la inversión en sectores estratégicos, en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), creando millones de puestos de trabajo productivos y de utilidad social.

Por supuesto, y dada la corrupción, el latrocinio y la desvergüenza que han imperado en las últimas décadas en las cajas de nuestro país, el nuevo banco público debe nacer y funcionar bajo unas estrictas normas de transparencia, auditoría, control y fiscalización de la gestión de esos recursos públicos. Es decir, una banca pública, democrática y transparente.

Nosotros, la inmensa mayoría de los españoles decimos: sin Bankia pública no hay reindustrialización; lo decimos ahora cuando hay mejores condiciones, con un inédito gobierno de coalición progresista –sin Bankia pública no hay reindustrialización– y lo decimos con un objetivo vital –para defender la reindustrialización de España– porque sin Bankia pública no hay reindustrialización.

Eduardo Madroñal Pedraza