Vigilar y castigar

... Cuando no existían los teléfonos móviles, las cámaras de video-vigilancia ni las tarjetas de crédito, y otros muchos avances científicos que sería largo enumerar, la privacidad de los ciudadanos, con estar ya fuertemente constreñida, no llegaba a los límites del presente; porque hoy, en cualquier momento, el Estado puede saber nuestra ubicación, el dinero que gastamos, por donde nos movemos y las amistades que frecuentamos.

Además de esto, las prohibiciones con que el Estado nos acecha, resultan francamente preocupantes.

Quiero fijarme hoy en una de ellas que atañe a cuantos quieren comprar un objeto de mayor precio de 2.500 euros. Esta cantidad de dinero no puede pagarse en efectivo y las multas que conlleva el saltarse esta disposición, son de una desproporción tal que parece como si el dinero en metálico no fuese de curso legal.

Si hoy te vas a un comercio y pagas con un billete de quinientos euros, se te mira como si fueras un delincuente, pues la persecución de dichos billetes por parte de la Hacienda Pública, hace que prácticamente hayan desaparecido de la circulación y, de hecho, los bancos tienen la obligación de comunicar al correspondiente departamento el nombre y filiación del depositante de dichos billetes.

Con este proceder todos parecemos unos delincuentes y la verdad es que al pagar con billetes de poca entidad o con una tarjeta de crédito, y no llevar en el bolsillo cantidades importantes, es una ventaja contra descuideros y ladrones, pero una clara limitación de los derechos del individuo.

A los bancos, desde el invento de las tarjetas de crédito, les sobra efectivo, porque en la práctica diaria el dinero contante y sonante ha desaparecido o, si se quiere, está desapareciendo, pero ello, con todas las ventajas de seguridad que comporta, limita el libre albedrío del sujeto contribuyente, que ya no puede pagar sus deudas como le venga en gana.

Las razones fiscales y no otra cosa, es lo que preocupa al Estado y es comprensible que se persiga el fraude fiscal, pero no hasta límites tan escasos como 2.500 euros.

Y en cuanto a los teléfono móviles que, como antes decíamos, nos tienen perfectamente ubicados, puede ser que para la persecución del delincuente sean muy útiles, pero hay muchas personas (la inmensa mayoría) que protesta de esta intervención (escuchas y pinchazos incluidos), porque si bien las facilidades que comporta para la persecución del delincuente puedan ser muy útiles a la Policía, no es menos cierto que son un permanente atentado a eso que tanto proclama nuestra clase política: La Libertad en Democracia.

Fernando Álvarez Balbuena