Reforma de la ley electoral: todo resto al cesto

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La razón fundamental es que en la práctica esa pretendida proporcionalidad está muy lejos de ser real pues, al hecho de que no todos los votos valgan lo mismo -¿podrá haber mayor injusticia democrática?- por aquello de las circunscripciones, se une el que algunos votos de partidos no mayoritarios en la circunscripción, aunque pasen el umbral del 3%, no valen absolutamente para nada (segunda injusticia) salvo para alimentar al partido mayoritario.

Es por ello que algunos votantes engañan a su conciencia y optan por el “voto útil” que no les representa en absoluto –la tercera injusticia democrática- con tal de que su papeleta no vaya a otro al que odian más todavía.

¿Se imaginan un partido político que goce de muchas simpatías a nivel nacional que pase del medio millón de votos y no alcance ni siquiera un escaño? Ello es perfectamente posible con el actual sistema. Por el contrario otro con la mitad puede sacar muchos. A modo de ejemplo el PNV en las últimas elecciones consiguió con el 1.9% (286.215 votos) 5 diputados mientras el PACMA con casi idéntico resultado no consiguió ninguno.

Partamos de la base de que todos los sistemas electorales en El Mundo, ya sean mayoritarios, proporcionales, de circunscripción única, mezcla de todo lo anterior, ya hayan sido corregidos con formulas para conseguir grandes mayorías, incluyan doble vuelta, sean nominales etc. son injustos.

El español no es de los peores. La queja de que partidos nacionalistas o separatistas, a la postre, se conviertan en árbitros de la política nacional vendiéndose –siempre a cambio de una buena tajada- para que una de las dos tendencias consiga la mayoría, tal vez sea más culpa de la falta de ética y principios de esos partidos que del sistema. Por otra parte este fenómeno sería imposible de eliminar por completo aún cambiando el sistema actual, pero sí de moderar o corregir sus efectos tan desastrosos en la política nacional.

¿Cómo? Partamos de la base que sin reformar la Constitución muy poco se puede hacer. A lo sumo estrujar hasta el máximo de 400 escaños que nos permite la Carta Magna –por otro lado no estaría nada mal pues, sin contar los parlamentos regionales, el ratio de diputados por habitante es casi tres veces más bajo que en el resto de países europeos- y esos 50 “a mayores” asignarlos proporcionalmente a las circunscripciones más pobladas solucionando, en parte alguno de los problemas antes enunciados.

Sin cambiar la CE nada se puede hacer y ello es así porque los Padres de la Constitución recelosos de las incipientes autonomías no las tuvieron en cuenta y, como de paso el caciquismo provincial les convenía a todos –no es que estemos en contra de una legítima representación de provincias poco pobladas, antes al contrario, pero no con el peso que tienen en la actualidad- dejaron plasmado en el artículo 68 que “La circunscripción electoral es la provincia” sin dejar la puerta abierta a que pudiese haber además, por ejemplo, una circunscripción de ámbito nacional para -¿tal vez un cuarto de los escaños?- que recogiese el sentir general de España en su conjunto.

Si eso fuera posible, sólo con ligeros retoques a la actual Ley, manteniendo los umbrales mínimos, manteniendo el sistema de cocientes del sistema D`Hont, manteniendo las actuales circunscripciones y simplemente añadiendo una circunscripción nacional donde, a modo de cesto común, fueran a parar los humillantes e inútiles restos de cocientes y votos que no alcanzan para el nombramiento, cambiaría bastante el panorama nacional. Por supuesto, aplicando también en este cesto común un umbral mínimo para evitar fragmentaciones excesivas. Como cuestión nimia habría que decidir si se hacía tabla rasa y se quitaba un escaño a cada una de las circunscripciones actuales para adjudicarlas el cesto común –parecería lo más adecuado- o se aumentaba hasta los 400 que permite la CE.