Lo acontecido este mes en las oposiciones a Secundaria de docentes es prueba de ello. La Administración tiene la vista puesta en hacer desaparecer el cuerpo de interinos y crear un “reino de taifas” dónde poder colocar a dedo a sus afines, como en el modelo catalán.
Lejos de entrar a discutir esta afirmación, pues el tiempo es el mejor juez, relatemos diferentes situaciones producidas en estas oposiciones y que cada uno saque sus propias conclusiones:
◊ Exámenes con un grado de dificultad extremo, dónde incluso hay preguntas fuera de temario. La idea de la Administración es que no se cubran la mayoría de las plazas ofertadas, reventando el sistema de oposiciones.
◊ Sistema de Baremo imparcial y sin contrastar. La Administración vuelve locos a los opositores con baremos distintos para mismos casos, no revisa las reclamaciones correctamente obligando a los opositores a realizar Recursos de Alzada y Contenciosos Administrativos. Al mismo tiempo reduce los plazos de revisión de los Tribunales comprimiendo el trabajo de los mismos, todo ello con el fin de que se produzca el colapso del sistema de oposición y se generen reclamaciones por doquier, tal y como ha sucedido.
◊ Modificaciones irreales en lista de interinos. Se da el caso de docentes con más de diez años trabajando en este sistema de oposición que aparecen en un listado provisional y desaparecen por arte de magia en el listado definitivo. Incluso después de que el opositor reclame tal deficiencia, y la administración cuelgue un anuncio en su página oficial sobre que se han producido errores informáticos, en la lista definitiva siguen sin aparecer la mayoría de los docentes que realizaron su reclamación, continuando excluidos.
◊ La administración utiliza un método de lapidación pública del docente. En muchos casos multitud de profesionales son excluidos de las listas, alegando el motivo de que el interino carece de la titulación requerida. Se da el caso de docentes que han trabajado en este sistema más de 10 años y están en posesión de varios títulos de Grado Superior (que por tanto acreditan con creces la facultad de desempeñar su puesto de trabajo) y que son borrados de las listas.
Es tan larga la lista de deficiencias que se han producido en esta oposición de interinos a Secundaria, que la Administración va a tener que hacer frente a una cantidad ingente de reclamaciones y contenciosos por parte de los opositores. Reclamaciones en su mayoría con la razón del lado del opositor y que una vez finalizado el proceso administrativo, repercutirá en las arcas del Estado y por ende en el bolsillo de todos los españoles.
Fuera de razonamientos jurídicos y de sistemas de oposición, cabría hacerse otras preguntas, las más importantes:
¿En qué situación quedan estas personas ante la negligencia y pasividad de la Administración?
¿Cómo se han de sentir los perjudicados, cuando este año no obtengan un trabajo y por tanto sin ingresos, por la ineptitud y el juego sucio de la Administración?
Después de haber estudiado tantos años para obtener los títulos que permiten ejercer como docente y haberlo desempeñado durante años, ¿cuál será la reacción de estas personas cuando se les dice que quedan excluidos del proceso selectivo por no estar en posesión del título correspondiente? ¿Cómo se va a restituir su honor como profesionales ante la opinión pública?
Está claro que ya en sí, las condiciones laborales de los interinos son del todo de otro tiempo. Pero lo acontecido estos meses continúa su camino hacia el desastre, un desastre que ya no tiene remedio para muchos de ellos; un desastre que hará que muchos de ellos engrosen la lista del paro.
Hasta el día de hoy nada se ha dicho, pero sobre todo nadie es responsable de nada, típico de nuestro país. La protección de los administrados y el perfecto cumplimiento de las normas en los procesos selectivos, sumado a que se haga con todas las garantías y en igualdad de condiciones para todos, son y debe ser el “Alma Mater” de nuestro Estado de Derecho y por supuesto de la Administración. En este caso queda claro que la Administración gira y retrocede a otros tiempos dónde los derechos brillaban por su ausencia.
Queda patente que alguien debe responder por tanto ejercicio de irresponsabilidad y se ponga fin a este tipo de situaciones con una ”Gestión Pública” eficaz y garante de los derechos de todos los ciudadanos. Obviamente la Consejería de Educación del gobierno de Castilla y León está obligada a dar explicaciones y aportar soluciones en un ámbito que es de su exclusiva responsabilidad.
Si (
No(
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