Para este artículo, mi hipótesis de trabajo se sustenta en considerar que hasta mediados de este siglo XXI existirán la OTAN y la UE en un mundo multipolar en el que Estados Unidos será el primus inter pares junto a otros centros de poder entre los que se encontrarán China, Rusia, India, Japón y la UE. Como norma, las distintas fuerzas militares, especialmente las occidentales, actuarán en operaciones multinacionales con capacidades militares reforzadas o complementarias producto de una colaboración y cooperación colectiva tanto industrial como operacional.
En el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, aprobada por el presidente Mariano Rajoy, el pasado 1 de diciembre, en la Segunda Línea de Acción de la Defensa Nacional señala dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades que demanda el actual escenario de seguridad y avanzar decididamente en la convergencia con los objetivos de Defensa establecidos por la OTAN y recomendados por el Parlamento Europeo, como parte de un necesario reparto de responsabilidades, esfuerzos económicos y recursos demandados en todos los planos entre aliados y asegurar la sostenibilidad de una Defensa eficaz a largo plazo.
Por otra parte, el Gobierno español se ha comprometido con la OTAN a incrementar en más de un 80% su actual gasto militar en 2024 hasta rondar los 18.000 millones de euros – aproximadamente un 1,6% del PIB – al objeto de cumplir con el mandato de la cumbre de Gales, en 2014, que declaró el objetivo del 2% del PIB para gasto militar en los próximos diez años. Así aparece en la carta que envió el Ejecutivo al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, (diario El País 27-12-2017).
En relación con el Ejército de Tierra, en el Consejo de Ministros del pasado 15 de diciembre, se aprobó la reprogramación de las anualidades correspondientes al 2017 relativas a trece programas especiales (PEA) de modernización de las Fuerzas Armadas, con el objetivo der actualizar su planificación financiera con vistas a su cierre o a su adecuación al ritmo de los contratos, de los cuales siete corresponden al Ejército de Tierra, a saber: programas tecnológicos asociados al VCR 8x8; vehículos Pizarro; obús 155/52 REMA; helicóptero EC-135; helicóptero H-90; helicóptero Tigre; y misil contra carro Spike.
A pesar de que algunos materiales como el misil contra carro Spike, un misil de cuarta generación que puede penetrar en Blindaje Reactivo y lograr capacidades de destrucción excepcionalmente actas pudiendo disparar tanto de día como de noche, o el helicóptero NH-90, columna vertebral de transporte táctico, de pertrechos y tropas, de última generación, son materiales de alta eficiencia y de efectos decisivos no será fácil que respondan a los requerimientos operativos que se demanden en el entorno del campo de batalla del 2050.
Las capacidades militares derivadas de las tecnologías emergentes como las armas de energía dirigida tipo láser, plataformas de sistemas autónomos, sistemas hipersónicos, inteligencia artificial, plataformas de armas de plasma, plataformas de convergencia NBIC (Nanotecnología-Biotecnología-Infotecnología-Cognotecnología), plataformas de armas invisibles o plataformas de armas electromagnéticas, tendrán un efecto esencial en los conflictos de mediados de este siglo, ya que la mejora en la rapidez y precisión de las armas acortará significativamente el tiempo de respuesta de los generales en el campo de batalla y de los políticos en el gobierno aparte de que serán las que van a permitir mantener la superioridad en el campo de batalla.
La experiencia y observación empírica de los primeros años de este siglo XXI parece vislumbrar que las capacidades militares españolas han de orientarse hacia los conflictos de baja intensidad, dado que, en los últimos años, nuestra Fuerza Terrestre ha participado frecuentemente en operaciones de paz del tipo de ayuda humanitaria, interposición de fuerzas, reforma del sector de seguridad o prestar asistencia urgente a la población, entre otras.
Sin embargo, la posibilidad de intervenir en un conflicto de alta intensidad sigue existiendo aunque no sea muy probable. La situación actual de inestabilidad en el Este de Europa y Oriente Medio donde hay, y puede haber en el futuro, fuerzas militares terrestres españolas desplegadas, junto a las de otros socios y aliados, no debe descartar, la posible aparición de un conflicto de alta intensidad, dada la entidad y dotación de capacidades militares con alta tecnología de las fuerzas militares de potenciales adversarios existentes en dichas zonas.
Por otro lado, una vez finalizado el Brexit, España será la cuarta potencia europea con una alta responsabilidad y protagonismo en la defensa de la Unión Europea al mismo tiempo que es uno de los principales países de la Alianza Atlántica. Y los principales países de la OTAN y de la UE sí se están dotando de capacidades militares que puedan responder a conflictos de alta intensidad dada la entidad de las fuerzas militares de posibles adversarios a ambas instituciones.
En razón de lo expuesto, parece conveniente que en la orientación de las capacidades militares de las que deben dotarse las FAS españolas es necesario que haya el equilibrio oportuno y adecuado entre las capacidades enfocadas a conflictos de alta intensidad y las enfocadas a conflictos de baja intensidad.
En esta línea, y con independencia de las indicadas capacidades militares terrestres que ya se están llevando a cabo en el PEA, resulta preciso iniciar una nueva programación de capacidades militares terrestres mirando al año 2050, gran parte de ellas derivadas de las tecnologías emergentes señaladas más arriba, integradas en el nuevo ciclo inversor que abarque 15 años, compromiso presentado por la Ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, en su discurso de la Pascua Militar, el pasado 6 de enero.
A mayor abundamiento, si este nuevo ciclo inversor estuviera respaldado con la aprobación por todo el arco parlamentario de una ley de financiación y sostenibilidad de las Fuerzas Armadas, repetidamente señalado por la Ministra, se trataría siempre a la Defensa como un asunto de Estado, ajeno a las políticas de los partidos.