Una causa justa

La movilización de una parte importante de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en pro de conseguir la equiparación salarial de todas las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado es bastante más que una reivindicación salarial, por muy justa que sea esta.

Hace décadas que desde la sociedad civil más informada no se comprende el que las diferentes policías que han ido surgiendo en las comunidades autónomas, al amparo de la Constitución y los consiguientes estatutos, tengan aspecto, escalas y emolumentos dispares y, sobre todo, generalmente superiores –cuando no muy superiores, como es el caso de los Mozos de Escuadra de la comunidad autónoma de Cataluña– a los de los cuerpos de carácter nacional que son la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Con independencia de la conveniencia o no de la existencia de estos cuerpos de policía autonómicos porque, como ya ha quedado apuntado, esta viene dada por la Constitución de 1978 –una cuestión de más hondura y que hoy sigue en el debe de una revisión constitucional pendiente a la vez que necesaria–, lo que sí es conveniente es abordar esta flagrante discriminación negativa para con las policías nacionales que son la garantía del cumplimiento de las leyes y de la estabilidad del Estado y de la nación que este administra, que es España.

Se da la circunstancia, además, del momento histórico que vive España ante la insumisión del Gobierno de una de sus comunidades autónomas: Cataluña, que pone a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en el papel de parapeto para frenar los efectos callejeros de esta insumisión, de alcance todavía desconocido pero que exige de los agentes de estos cuerpos sacrificios más allá de los que se derivan de una convivencia pacífica dentro de un Estado de Derecho como es España.

Los argumentos esgrimidos por los partidos políticos y los distintos gobiernos centrales en las últimas décadas para sostener esta discriminación negativa son dispares, recurrentes y, en todo caso, de carácter legal y presupuestario. Y son argumentos válidos, pero solamente como justificación de la aparición progresiva de esa discriminación. En ningún caso lo son para su mantenimiento durante décadas, en las que han tenido tiempo suficiente, partidos políticos y gobiernos, para corregir el desajuste modificando las leyes y actualizando los presupuestos.

¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora? Es muy fácil de entender. Los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han perdido la esperanza y la confianza en los partidos políticos, en el Gobierno de la Nación y en sus intermediarios hasta el momento: los sindicatos policiales.

Y una de dos: o se resignan –ya son varias generaciones resignadas– o toman la única iniciativa posible, su asociación para tal fin, con sus riesgos, con medidas de presión legislativas y judiciales y, para concienciar a la opinión pública, con movilizaciones en la calle. Y todo dentro de la más estricta lealtad a España y a sus instituciones.

Decía al principio que este movimiento es más que una reivindicación salarial y lo es sin ninguna duda. Los agentes, que no las instituciones a las que pertenecen que lo tienen por definición, necesitan el reconocimiento y el respeto de la sociedad en su conjunto; de los ciudadanos. Que su sacrificio y el de sus familias se vea compensado al menos eliminando la sensación de ser los últimos del sistema, equiparando sus salarios a los de las demás policías, poniendo de este modo a su disposición los bienes y servicios a que tienen derecho, incluso más que otros. Ellos y sus familias.

Esta es una causa justa que los ciudadanos hemos de defender con independencia de la ideología que a cada uno nos maltrate –eso no lo podemos evitar– al tratarse de un bien común e imprescindible que garantiza nuestra libertad.

Los primeros en dar ejemplo han sido los propios agentes que, unidos policías nacionales y guardias civiles de todas las tendencias ideológicas, y a pesar de su sana competencia en el día a día, han conseguido formar una piña y tener una voz común. Mi felicitación a todos y mi sincero deseo de que esta aventura termine felizmente y cuanto antes mejor.

¡Ojalá nuestros políticos aprendan de esta lección democrática a la hora de abordar tantos y tantos asuntos pendientes y necesarios y que nos afectan a todos los españoles por igual!