¡No hay derecho!

Todos hemos oído y dicho miles de veces esta frase, refiriéndonos siempre a hechos y conductas que vulneran el más elemental sentido de la justicia, de las buenas costumbres y del más estricto orden natural de las cosas.

Cuando decimos u oímos esta “frase hecha”, siempre tenemos como respaldo y como apoyo incuestionable al sentido común, pues en rigor y sin meternos en profundidades metafísicas, el derecho natural y el propio sentido común no tienen entre sí diferencia alguna.

La Ciencia Jurídica, tal como enseñaban las escuelas clásicas, no es otra cosa que el imperio de la lógica y de la razón sobre las conductas de los hombres y así, nuestro patrón y antecedente que es el Derecho Romano, definía la ley como:

“Cierta ordenación de la razón hacia el bien común que ha promulgado aquel, o aquellos que tienen a su cargo el cuidado de la comunidad”. Y San Agustín, apostillaba basándose en este concepto que la ley, para obligar legítimamente, debía de ser: “posible, honesta, útil, justa, permanente y promulgada”.

Pero los tiempos han cambiado. Lamentablemente para peor, porque a día de hoy el Derecho Natural, San Agustin, Gayo, Papiniano y los todos los grandes juristas clásicos yacen en el más profundo de los olvidos, o mejor dicho: de los desprecios más insultantes por parte de aquellos que tienen a su cargo el cuidado de la comunidad, es decir, los políticos y los legisladores.

Estos, que se consideran legitimados para todo en virtud de haber sido elegidos por el pueblo democráticamente, invocando de manera insensata los grandes logros de la Democracia, han confundido los conceptos racionales, inmutables y perennes del Derecho Natural, con el voluntarismo de la ley positiva. De este modo se creen con facultades soberanas para establecer desigualdades y auténticos disparates jurídicos, promulgando leyes que agreden de forma insensata los principios más básicos de la Justicia, que son, como dejamos dicho, los mismos que informan el Derecho Natural.

No es legítimo en Democracia, aunque ellos se lo crean, el elaborar leyes que contradicen los principios de igualdad, de individualismo, de separación de poderes, o que vulneren derechos fundamentales, como es el derecho a la vida o a la libertad económica, pues como dice el Premio Nobel de Economía, Hayek: “El control del patrimonio del hombre, es el control de su propia vida”. Y también vale la pena tener en cuenta las palabras del gran político Maquiavelo, quien advertía al Príncipe sobre los impuestos excesivos diciendo: “Los hombres olvidan antes el asesinato de su padre, que el expolio de su patrimonio”

El mantener impuestos como el de patrimonio o sucesiones, además de ser abusivo, porque pagas sobre lo que ya has pagado, crea una desigualdad antidemocrática y antijurídica entre los contribuyentes, quienes se encuentran con el caso inaceptable de que resulta mucho más barato morirse en Madrid que en Asturias o Andalucía y, de paso, no podemos obviar que la mayor injusticia es haber dividido España en diez y siete taifas, que con facultades legislativas en educación, sanidad, justicia y, en parte fiscalidad, cometen abusos tan increíbles como es aplicar en Asturias el IBI (Impuesto Sobre Bienes Inmuebles) a los hórreos y paneras, que no son “inmuebles” sino “muebles”.

En resumen: Las mayorías parlamentarias y de gobierno, no suponen, en absoluto, legitimidad para que se pueda legislar de espaldas al derecho natural, porque los derechos que de él se desprenden son anteriores y superiores al Estado y a cualquier ideología, aunque los políticos se empeñen en ignorarlo o en despreciarlo, envolviéndose en un falso concepto de Democracia, palabra por cierto, que no se les cae de la boca, aunque no sepan muy bien lo que significa o, lo que es peor, que lo sepan y no les importe.

¡No hay derecho!

Fernando Álvarez Balbuena