Sería un error presentar la inmigración como la única respuesta. España necesita un plan nacional para aumentar los nacimientos, una estrategia para incorporar a los desempleados al tejido productivo y una política migratoria selectiva, vinculada a las necesidades reales de la economía. La inmigración puede formar parte de la solución, pero no debe servir para aplazar reformas internas.
Apostar únicamente por la inmigración es propio de políticos que buscan resultados inmediatos y prefieren una respuesta de corto plazo antes que afrontar una política de natalidad cuyos efectos solo se perciben a medio y largo plazo. Un niño que nace hoy no se incorpora mañana al mercado laboral. Por eso, la natalidad exige visión de Estado, continuidad y capacidad para asumir costes políticos presentes a cambio de beneficios futuros. Resolver las necesidades laborales urgentes mediante inmigración puede ser necesario, pero utilizarla como sustituto permanente de una política familiar sería irresponsable.
Durante años hemos tratado la inmigración como un problema de fronteras y emergencias. Hemos reaccionado ante las pateras, los saltos a la valla y los titulares, pero no hemos diseñado una política de Estado que responda a una pregunta elemental: ¿quién trabajará cuando se jubile la generación del baby boom? La respuesta exige más natalidad, mayor participación laboral de los residentes y una inmigración ordenada.
La inmigración se ha convertido en un componente estructural de la demografía española. Casi el 80% del incremento del PIB entre 2019 y 2024 descansa en el aumento de la población en edad de trabajar y en la tasa de empleo de los extranjeros. En 2025 había más de 3,1 millones de afiliados extranjeros, aproximadamente el 14% del total. Se estima que aportan alrededor del 10% de los ingresos de la Seguridad Social, frente a un gasto en prestaciones cercano al 1%.
Estos datos muestran su contribución económica, pero también sus límites. El impacto fiscal depende de la edad, la formación, la estabilidad laboral y el grado de integración. Los inmigrantes ganan de media un 29,3% menos que los nativos y se concentran en ocupaciones cuyos salarios son aproximadamente un 38% inferiores a la media nacional. La cuestión no es solo cuántas personas llegan, sino en qué empleos se incorporan y con qué posibilidades de progresar.
España necesita recuperar una política de apoyo a la maternidad y la paternidad. Un plan nacional de aumento de los nacimientos debería incluir ayudas directas por hijo, escuelas infantiles suficientes, conciliación real, horarios compatibles con la vida familiar, vivienda accesible para los jóvenes y una fiscalidad que no penalice a las familias. La natalidad no puede abordarse con declaraciones solemnes: requiere una política sostenida durante décadas. Ese esfuerzo no produciría efectos inmediatos sobre el mercado de trabajo, pero resulta imprescindible para evitar que el envejecimiento se convierta en una situación permanente. Cuanto más se retrase el plan, más tardarán en llegar sus resultados. La política debe atender las urgencias actuales sin renunciar a construir la estructura demográfica del futuro.
Al mismo tiempo, el país debe incorporar al tejido productivo a los desempleados y a quienes permanecen fuera del mercado laboral. En agosto de 2026, el paro registrado aumentó hasta alcanzar 2.355.918 desempleados. El dato demuestra que España sigue teniendo una importante reserva de trabajadores que debe ser atendida antes de recurrir automáticamente a nuevos flujos migratorios. No sería razonable reclamar nuevos trabajadores extranjeros mientras una parte de la población residente sigue sin empleo o carece de la formación necesaria para ocupar las vacantes existentes. La respuesta debe incluir formación profesional, recualificación, movilidad geográfica, mejora de los servicios públicos de empleo y medidas específicas para los parados de larga duración, los jóvenes sin cualificación y los mayores de 50 años.
La inmigración no puede utilizarse para evitar la obligación de formar y contratar a los desempleados españoles. Pero tampoco debe plantearse una falsa disyuntiva. En muchos sectores coexistirán vacantes difíciles de cubrir y personas desempleadas cuyas capacidades no coinciden con ellas. La política adecuada consiste en mejorar esa correspondencia y recurrir a trabajadores extranjeros únicamente cuando persistan carencias objetivas. España debería avanzar hacia un modelo de inmigración a la carta, inspirado en los sistemas de selección de países como Australia, aunque adaptado a nuestra realidad. No se trata de copiar mecánicamente un modelo extranjero, sino de establecer vías legales para que quienes quieran venir puedan postularse a puestos previamente identificados como necesarios y no cubiertos.
Los permisos deberían vincularse a ocupaciones, cualificaciones, experiencia profesional, conocimiento del idioma y ofertas laborales concretas. Las necesidades tendrían que revisarse anualmente por sectores y territorios, con participación de las comunidades autónomas, los servicios de empleo, las empresas y los agentes sociales. Primero habría que identificar las vacantes que no pueden cubrirse con trabajadores residentes; después, facilitar la contratación internacional de perfiles adecuados. Este sistema reduciría la irregularidad y mejoraría la integración. Entre los sectores con necesidades previsibles se encuentran la sanidad y los cuidados, la construcción y el mantenimiento, la agricultura y la agroindustria, la industria y la logística, y determinados perfiles tecnológicos y de formación profesional.
Hispanoamérica ofrece ventajas lingüísticas y culturales, especialmente en servicios, cuidados, comercio y hostelería. Marruecos y otros países del Norte de África aportan proximidad y experiencia en agricultura, construcción y logística. Europa del Este y determinados países asiáticos pueden contribuir a cubrir perfiles industriales, tecnológicos y técnicos. Pero el criterio no debe ser el origen, sino la adecuación entre capacidades y necesidades. La selección debe ir acompañada de integración. Es necesario agilizar la homologación de títulos, reforzar la enseñanza del español, facilitar la formación profesional y combatir la economía sumergida. También debe evitarse la concentración excesiva en barrios sin empleo estable, vivienda suficiente ni servicios públicos adecuados. El Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley, con prevención, integración y respuestas firmes ante los delitos, sin convertir la nacionalidad en una condena colectiva.
El coste de la inacción será mayor que el de una política ordenada. Sin inmigración selectiva, muchas empresas no encontrarán trabajadores y las pensiones perderán sostenibilidad. Sin natalidad, el envejecimiento se agravará. Sin formación y empleo para los residentes, crecerá la frustración social. Y sin control, aumentarán la irregularidad y la economía sumergida.
La tercera vía es posible: más nacimientos, más empleo nacional y una inmigración a la carta. No se trata de abrir las fronteras sin criterio ni de cerrarlas ignorando la realidad demográfica. Se trata de seleccionar, formar, integrar y exigir. España no necesita políticos que elijan la respuesta más rápida, sino dirigentes capaces de combinar soluciones inmediatas con reformas cuyos frutos llegarán a medio y largo plazo.
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