Parque temático

..., qué motivos hay que resaltar y tener presentes o cuales hay que olvidar, quiénes fueron héroes y quiénes villanos. Una ley de la memoria histórica que cada vez va más lejos en sus propósitos, aunque esperamos que no alcance el delirio de los separatistas catalanes, que han falsificado la Corona de Aragón con la corona catalana-aragonesa, la guerra de Sucesión por la guerra de secesión o la transfiguración del pobre Casanova, que de defensor de la Monarquía, en la figura de pretendiente austriaco, ha pasado a precursor de la independencia y la república catalana. Para terminar con la bufonada de adjudicar a Cataluña la nacionalidad de Shakespeare, después de habérsela dado a Cristóbal Colón, que partió para su aventura americana de Palamós, y a Santa Teresa de Jesús, que no hizo ninguna fundación en su territorio, aunque le adjudican el priorato del monasterio de Pedralbes.

Ahora parece ser que el presidente en funciones Sánchez se propone declarar el 31 de octubre día de los mártires de la Dictadura y cambiar la ley para que el Valle de los Caídos sea un “parque temático de la II República” y ahora tiene la oportunidad, después de desenterrar a Franco. Pero, en mi humilde opinión, mucho tiene que forzar e inventar esa historia oficial para no convertir el Valle de los Caídos en un “parque temático del horror”.

La Segunda República fue el régimen en que más tiempo estuvieron declarados los estados de alarma y guerra, con la ley heredada de la Monarquía hasta que promulgó su propia ley de orden público, Fueron aquellos tiempos tan violentos que reiteradamente se consideraron hechos de guerra las graves alteraciones del orden público para premiar a los defensores del orden establecido; fue cuando partidos legales apoyaron violentas y sangrientas sublevaciones. Incluso cuando se declaró que políticos elegidos por votación popular no tenían legitimidad para asumir el Gobierno.

De todas formas, quiero aportar algo para apoyar ese propósito de jefe de Gobierno en funciones, no todo debe ser todo oposición. El parque puede contener una representación, es solamente un ejemplo, de los sucesos acaecidos en enero de 1933, en un pueblo llamado Casas Viejas, en los que murieron veintiséis personas, entre vecinos y fuerzas del orden. Sucesos que se recordaron en 2009, cuando se procedió a su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como “Bien de interés cultural, con la tipología de sitio histórico” y que posteriormente se inauguró un “Espacio conmemorativo de los sucesos, en el marco del proceso de recuperación de la memoria histórica, con la inscripción de este sitio histórico se pretende preservar el escenario en el cual se desarrollaron los sucesos de Casas Viejas, como lugar de memoria, es decir, espacio simbólico y físico vinculado a esos hechos. La inscripción significa el reconocimiento institucional y cultural de un acontecimiento histórico que expresa valores identitarios de un pueblo y viene a reparar la dignidad de las víctimas, recobrando la memoria dolorosamente silenciada durante décadas de dictadura”.

El párrafo anterior es un modelo de tendenciosa interpretación de lo sucedido. Qué tiene que ver un trágico acontecimiento entre anarcosindicalistas y las fuerzas de orden de la República con el franquismo. Pero como los hechos pueden exponerse y tener varias y contradictorias interpretaciones, puede ser un buen camino el buscar la verdad en las actas de las Cortes y el proceso judicial contra el mando de los guardias de Asalto a que dieron lugar al que es, sin duda, el más patético de todos los celebrados durante la Segunda República. Se juzgaron unos trágicos sucesos que oficialmente se trataron de ocultar a la opinión pública, hasta que una información parlamentaria los sacaron a la luz del día, con un único implicado, el capitán Rojas.

El primer día de febrero siguiente los sucesos de Casas Viejas tomaron estado parlamentario y diversos diputados discutieron sobre la veracidad o inexactitud de los informes que circulaban, que acusaban al Gobierno de Azaña por haber dado órdenes a la fuerza pública para que en la represión no hubiera heridos ni prisioneros. Al día siguiente, Azaña se negó a dar explicaciones, pero después de relatar algunos hechos del movimiento revolucionario, afirmó que “No se encontrará un atisbo de responsabilidad en el Gobierno. En Casas Viejas no ocurrió, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir”. Se produce un alzamiento en Casas Viejas, con el emblema que han llevado al cerebro de la clase trabajadora española de los pueblos sin instrucción y sin trabajo, con el emblema del comunismo libertario y se levantan unas decenas de hombres enarbolando esa bandera del comunismo libertario y se hacen fuertes y agreden a la Guardia Civil y causan víctimas a la Guardia Civil. ¿Qué iba hacer el Gobierno? Ningún ministro de la Gobernación hubiera procedido de otro modo en aquellos sucesos”. Posteriormente se opuso al nombramiento de una comisión que fuera a Casas Viejas para depurar lo ocurrido.

El día diez, con carácter particular, se nombró una comisión de varios diputados de todas las fracciones de la oposición, para acudir al lugar de los hechos y enterarse de lo ocurrido. A su regreso solicitaron celebrar una interpelación al Gobierno.

La información parlamentaria y el debate realizado en febrero y marzo de 1933 arrojaron bastante luz para descubrir lo que, por muchos días y con tenaz empeño, se intentó restar al conocimiento público, con el pretexto del desconocimiento de unos hechos, que en realidad no existió en los centros oficiales. El sumario del proceso incoado contra el único implicado, el capitán Rojas, que es mucho más completo y de mayor garantía, recopila, concreta y aclara los datos conocidos y añade nuevos elementos de juicio, testimonios y pruebas.

Aparece una declaración de Casares Quiroga: “No se puede desglosar los sucesos de Casas Viejas del conjunto del que forman parte o de que fueron consecuencia” y declara las medidas que adoptó ante la eminencia del movimiento insurreccional. Una dirigida a los gobernadores de las provincias en donde no se esperaba que estallase: Elementos extremistas intentarán esta tarde actos de violencia contra cuarteles de algunas provincias. Aunque en ellas no se encuentra la de su mando, adopte VE. de acuerdo con las autoridades militares medidas de vigilancia y precaución, disponiéndose a proceder con la máxima energía, si se produjese alguna perturbación, utilizando fuerzas gubernativas para reprimir severamente cualquier agresión”.

Para las demás provincias, donde se esperaba el estallido, el ministro se reservó comunicar otras instrucciones especiales, pero no por escrito, por teléfono. Si para las más pacíficas se recomendaba energía y severidad, ¿Qué se ordenaba en los lugares de mayor peligro?

En Madrid las órdenes comunicadas a las compañías de Asalto, fueron “hacer fuego sin previo aviso, pues no se querían heridos ni prisioneros”. En los libros de telefonemas de las comisarías, con ligeras variantes, figura: “Será dado de baja en el Cuerpo el guardia o agente en cuya demarcación de servicio se encuentre vivo algún portador de armas y explosivos”, las instrucciones terminan “a los presos se les trate con el mayor rigor y energía”. Las órdenes especiales fueron recibidas en la capital por los capitanes y tenientes de servicio en los distintos distritos y hay constancia de otras ciudades.

Sobre las medidas del ministro de la Guerra Azaña, figuran las declaraciones del general Cabanellas, jefe de la primera división: “Sin recordar las palabras exactas, transmití a los cuerpos y cantones a mi mando unas órdenes, que a su vez me transmitió el capitán de servicio, recibidas del ministro. Consistían en reprimir con rigor el movimiento, haciendo fuego con energía sobre cuantos se presentasen con actitud sospechosa”. Se insistía en lo de obrar con energía, pues resultaba que siempre los detenidos eran inocentes, por lo que había que obrar con mucho rigor. Otras noticias de las disposiciones de Guerra se sitúan en el aeródromo de Los Alcázares, “una vez prevenidos por si estallase un movimiento revolucionario, no debían hacerse prisioneros ni heridos”.

Como el capitán Rojas prestaba servicio en Madrid, fue uno de los que habían recibido las órdenes especiales. Con ellas bastaba para que no hubiese más que muertos, pero además recibió para Casas Viejas instrucciones concretas. El 10 de enero se le ordenó salir con su compañía para Cádiz y el director general de Seguridad Menéndez le dijo que había estallado una insurrección movida por el dinero monárquico, que peligraba la República y para acabar de una vez con sus enemigos se necesitaba un escarmiento, que las órdenes a cumplir eran las que tenía toda la fuerza “fuego a discreción sobre todo sospechoso de rebeldía, sin preocuparse de hacer prisioneros ni heridos”, era mandato de la superioridad. Menéndez, después de pasar revista a la fuerza, llamó al capitán y los tenientes y les reiteró las órdenes.

El día 11, estacionada la fuerza en Jerez, el director general llamó a Rojas y le dijo que marchara a Casas Viejas, donde había un importante foco rebelde y le comunicó que el teniente Artal iba con una sección al mismo punto. Concluyó “buena suerte y acaba eso en quince minutos”.

En Casas Viejas, el capitán asumió el mando de toda la fuerza y allí encontró a un delegado gubernativo, con todas las atribuciones inherentes a su misión y, como estaba en constante comunicación con el gobernador civil, recibió un telegrama, que entregó al capitán, que decía “Gobernador civil a delegado gubernativo, es orden terminante ministro arrasen casas donde se hacen fuerte revoltosos”. Dispuso entonces que los dos tenientes recorrieran el pueblo y bajo la dirección de dos guardias civiles, supervivientes del puesto, detuvieran a los cabecillas del movimiento y a todos los que tuvieran armas. Entonces llegaron en coche el secretario del gobernador y el secretario de Acción Republicana, con el fin de obtener para el Gobierno las más completas noticias de lo que sucedía, a los que comentó el capitán “tengo órdenes severísimas, la de aplicar la ley de fugas, inclusive sin presentar heridos ni prisioneros”.

Volvieron las fuerzas destacadas con los prisioneros y poco después de destruida la choza de Seisdedos, cabeza de la rebelión, ocurrió la tragedia de los fusilamientos, sobre cuyos detalles coinciden las diligencias del sumario y la información parlamentaria. Después, cuando se retiraba la fuerza, el delegado del gobernador les dio las gracias en nombre del Gobierno.

El capitán Rojas cuando regresaba a Jerez, en Medina Sidonia, llamó a la Dirección general de Seguridad para dar cuenta de los hechos y se le indicó que regresara a Madrid para completar el informe. En Jerez, en otra conferencia, el ministro Casares le preguntó por el número de bajas y casas incendiadas. Dos han ardido respondió y le repicó el ministro ¿nada más?

De vuelta a Madrid, el capitán y su compañía fueron recibidos en la estación por el director general y los jefes y oficiales francos de servicio, que acudieron a rendirles homenaje. Después, en el despacho oficial, el director recomendó silencio al capitán, le felicitó calurosamente y pidió que hiciese una propuesta de recompensas, encabezada con su nombre. Cuando quiso redactar el parte por escrito, le contestó que había tiempo para hacerlo. Días después, como el teniente Artal hizo en Sevilla algunos comentarios sobre los sucesos, por consejo oficial, hizo dos viajes para aconsejarle discreción.

Al volver, en la estación, el secretario de Menéndez le refirió que, durante su ausencia, se había planteado en el Parlamento un debate y el peligro para el Gobierno era real e inmediato si no aceptaba el mantener la relación de los hechos conveniente al director y al Gobierno; que si algo más se descubría atribuyéndosele, sería soslayado con un arresto, como una leve negligencia; así salvaría a la República de las diatribas de sus enemigos. Después de entrevistas con el director general y ministro Casares, en el parte se decía “Murieron todos los campesinos haciendo frente a la fuerza o mezclados con los que combatían”. Curiosamente los partes de la Guardia Civil se expresaban en igual sentido.

Cinco capitanes de Asalto de guarnición en Madrid, creyendo el Cuerpo en entredicho, firmaron un acta en la que afirmaban habérseles dado orden de no hacer heridos ni prisioneros. Después leído en las Cortes el escrito, el ministro dispuso la formación de expedientes, que llevó a la detención de los oficiales, su expulsión del Cuerpo y trasladados a guarniciones de provincias. “Donde cinco dicen blanco, veinticinco dicen negro” afirmo Azaña en el Parlamento, refiriéndose a los cinco capitanes y añadió que lo podían probar. El hecho fue que a la oficialidad de Asalto de Madrid se le pidió que firmara un acta denegatoria de lo que aseguraban los cinco, pero después de muchos ruegos, amenazas y rectificaciones del texto, no pudo ser firmada e inmediatamente se decretó la expulsión de once de los oficiales más destacados en la negativa.

Al teniente Artal se le destinó a Madrid y en la Dirección general se le recomendó que desistiera de sus declaraciones, que contradecían las que tenían preparadas para la firma de los guardias del capitán Rojas. Éste también se negó a firmar la declaración que se le proponía, hasta que logró convencerlo su cuñado Hernández Sarabia, jefe del gabinete militar de Azaña.

El rumbo que tomaba el sumario determinó el procesamiento de Menéndez, ya separado de la Dirección general, pero el Tribunal Supremo revocó el procesamiento, considerando que en el tiempo transcurrido no habían tenido confirmación de prueba suficiente el cargo inculpatorio del capitán Rojas. Revocado este procesamiento, Azaña y Casares dieron por terminada su intervención en el esclarecimiento del asunto de Casas Viejas, declarando reiteradamente que ni dieron las órdenes, ni nadie les informó de lo sucedido. Lo mismo afirma el gobernador civil de Cádiz e incluso niega que fuese un delegado suyo al pueblo.

Lo curioso fue que se trató de no excitar demasiado a quien aún era peligroso y el capitán Rojas continuó mandando su compañía desde el 5 de marzo que ingresó en prisiones militares hasta el 15 de mayo. A los oficiales que afirmaron que habían recibido órdenes se les dio de baja en el acto, a Rojas, no obstante de estar procesado, se tardan tres meses en destituirle, conservándole la gratificación de mando.

La acusación privada considera los hechos constitutivos de quince delitos de asesinato y estima que por ser autor el procesado, sin circunstancias modificativas, debe imponerse quince penas de veintiún años y seis meses de reclusión mayor e indemnización de 50.000 pesetas a la familia de cada una de las víctimas. Al defensor se le niega la solicitud del testimonio oral de Azaña, Casares Quiroga y el gobernador civil de Cádiz, que lo iban hacer por escrito, con lo cual se evitaba las repreguntas, y remitió una carta abierta al presidente del Supremo, lamentándose de esta decisión y de unas manifestaciones que el magistrado había hecho, asegurando que el Gobierno de Azaña fue el primer sorprendido de los sucesos de Casas Viejas y que había presidido la Sala que dictó el auto revocando el procesamiento de Menéndez.

El capitán Rojas preso en el castillo de Santa Catalina en Cádiz, en unas declaraciones afirma que en la Dirección general de Seguridad le habían ofrecido dinero, un millón de pesetas y facilidades para ausentarse de España. Si declaraba afirmara que lo realizado era consecuencia de su excitación alcohólica, que se encontraba borracho. Le pondrían en libertad en quince días.

El 21 de mayo de 1934 estaba previsto iniciar la vista del proceso y con un númeroso despliegue de las fuerzas de Asalto y Seguridad en torno al Palacio de Justicia de Cádiz, pero hubo que suspenderla por falta de miembros del jurado. Este mismo día se conocieron las declaraciones de Azaña y Casares Quiroga, que negaban que hubieran dado las órdenes que se les atribuían, entre ellas la de “ni heridos, ni prisioneros".

Iniciada la vista al día siguiente con la lectura del escrito de calificación del fiscal, la acusación privada y las conclusiones de la defensa, se inicia la prueba testifical, con la declaración del procesado, que viste el uniforme de capitán de Artillería. Declara que el director general y él eran amigos y relata los hechos que figuran en el sumario. Las órdenes que recibió, su marcha a Casas Viejas, los sucesos, su vuelta a Madrid y las entrevistas con el director general y el ministro de la Gobernación, a los que relató cuanto había sucedido y se convino guardar el secreto, lo mismo que con el ministro de la Guerra. Llamaron a su cuñado para que influyera sobre él y que declarara en el sentido de atribuirse la culpa de todo lo sucedido. Le aseguraron que una vez terminado todo le entregarían un montón de dinero para que se marchase al extranjero. Consideró que las órdenes eran de inexcusable cumplimiento y que en el Cuerpo de Asalto no se daban las órdenes por escrito.

El exdirector de seguridad Menéndez, que también asistía a la vista con el uniforme de capitán de Artillería, declaró que conocía al procesado por haber sido capitán de Asalto; que el reglamento sólo permite la violencia cuando la fuerza es agredida o los revoltosos no hacen caso de las órdenes conminatorias y él no dio las órdenes que se le atribuyen, ni al capitán Rojas, ni en la estación. Solamente recomendó energía, en conversación íntima, que no puede estimarse como una orden. No tuvo noticias de lo ocurrido hasta la declaración del teniente Artal. A pregunta del defensor, declara que tuvo noticias sobre los capitanes de Seguridad que se habían reunido y suscrito un acta que iban a entregar a determinado partido político y por ello abrió una información, porque como militares hubieran debido acudir a la superioridad. En el careo entre los dos capitanes Rojas y Menéndez no hubo acuerdo.

En su declaración, el teniente Artal afirmó que el gobernador le ordenó ir a Casas Viejas, para que arreglase aquello como fuera y que la primera noticia que le diese fueran la que todo estaba terminado. Relata a continuación los hechos y que a la llegada de Rojas con las órdenes severísimas que había recibido, las consideró graves e inhumanas. Confirma la conferencia de Rojas con Casares Quiroga y termina, diciendo, que en Madrid, Menéndez le dijo “lo de Casas Viejas lo sabe todo el mundo, pero ahora de lo que se trata es de que no lo sepa nadie, de que no haya responsabilidades para nadie, ¿me entiende?” y se negó a firmar el parte que le presentaban. Fue arrestado, pero el coronel del Cuerpo lo puso en libertad, rogándole que no contase a nadie lo ocurrido.

El teniente Álvarez confirma que escuchó al director general Menéndez en la estación que la represión habría de ser enérgica, pues no quería heridos ni prisioneros y que habían sido agredidos con armas, insultados y hostilizados. El delegado del gobernador relata que recibió un telegrama del gobernador, que decía “orden terminante del ministro, que se arrase la choza donde se hacen fuerte los rebeldes, y que le comunicó con todo detalle lo que había sucedido. El teniente de la Guardia Civil García Castrillón que conocía el telegrama del ministro de la Gobernación, diciendo que se arrasara la choza y que no le relató los hechos al gobernador, porque ya los conocía.

El capitán Barba, de Estado Mayor, manifiesta que al ir a declarar a la comisión parlamentaria solicitó permiso a Azaña y éste contestó que hiciera lo que estimase conveniente, pero que viese a qué se exponía; como insistió, le volvió a contestar que ni le autorizaba, ni le desautorizaba. Para esta ocasión había vuelto a solicitar permiso y el nuevo ministro de la Guerra se la concedió. Estando de servicio en la división orgánica, el ministro le llamó por teléfono y una vez en su presencia le dijo que en Lérida y otras poblaciones habían ocurrido sucesos extraordinarios y que se preparaba en Madrid un movimiento igual y había que obrar con energía. Nada de prisioneros, nada de detenidos, luego resulta que todos son inocentes; tiros a la barriga. Esto era muy grave e insistió, por si no había escuchado bien, y contestó “le digo a usted, que nada de prisioneros, tiros a la barriga. Inmediatamente comunicó las órdenes del general de la división.

El capitán de la Gándara, que no intervino en los sucesos de Casas Viejas, manifestó que en el distrito de la Inclusa de Madrid le comunicó su comandante la orden terminante del Gobierno, según el director general de Seguridad, que si hay que intervenir en los acontecimientos que se avecinan, no haya heridos ni prisioneros. El comandante personalmente hizo saber a los guardias que si detuvieran a alguien con armas serían destituidos. Él había firmado el acta, para que el país supiera la orden que había recibido y fue detenido y conducido a la cárcel de Guadalajara, donde permaneció un mes. El capitán Rojas le refirió que la superioridad había tratado de sobornarlo para que callase. Declaraciones que fueron confirmadas por otro capitán del Cuerpo, que refiere el caso de la detención de cuatro sujetos a quienes se atribuía la colocación de una bomba, que se echó una bronca a los guardias por no habérselos cargado.

El teniente de Asalto Oliveros declaró que, como todos, había recibido las órdenes de que no querían prisioneros ni heridos y cuando se negó a firmar un documento que desmentía lo que no se podía desmentir, le costó cuarenta y ocho horas de arresto. El capitán de Caballería Hernández Laborda, encargado de la defensa de la Telefónica, dijo que su comandante le había trasmitido la misma orden, “Si en los alrededores de la Telefónica se ven grupos, los cachean y después se les dispara. El teniente Serrano Pastor confirma lo anterior y que se le encargó ir a Sevilla para interrogar a los guardias que estuvieron en Casas Viejas, con un cuestionario de preguntas y respuestas, para que contestasen bajo la amenaza de expulsión del Cuerpo. Además debía buscar cuatro o cinco paisanos que, previa entrega de dinero, se prestasen a declarar. Los tenientes Valero y Vázquez se enteraron de la citada orden y, como los anteriores, por negarse a firmar el acta fueron expulsados del Cuerpo. Otros testigos reafirmaron estas declaraciones.

Después de celebrar varios careos entre oficiales del Cuerpo, sin ningún resultado, el defensor estima que es el momento procesal para solicitar una información suplementaria: “Los hechos probados en el juicio muestran la posibilidad de la existencia de responsabilidad, cuya demostración plena habría de influir de decisiva manera en las incriminaciones que en la actualidad pesan sobre mi representado”. La petición se basa en las respuestas de Azaña y Casares, las medidas adoptadas por el director general de Seguridad, las afirmaciones de Menéndez que interpretó las órdenes de sus superiores, las declaraciones de numerosos testigos, coincidentes de los puntos importantes, las palabras del capitán de Estado Mayor, etc. A la petición no se oponen ni el fiscal ni el acusador particular, pero la Sala declara no haber lugar a la práctica de la información complementaria.

Terminados todos los demás trámites procesales, se publica la sentencia que dicta la Sala y en ella se aprecia que los hechos constituyen catorce asesinatos, calificados por la alevosía, de los que no pueden sancionarse más que tres; estima que concurre la circunstancia de arrebato, que por considerar muy calificada, rebaja la pena dos grados; desecha la agravante de premeditación, que alegaba la acusación privada, y las dos eximentes de trastorno mental pasajero y obediencia debida, alegadas por la defensa, e impone a D. Manuel Rojas la pena de 21 años de prisión, siete por cada delito, condenándole además al pago de 15.000 pesetas. Terminada la lectura de la sentencia, se pregunta al jurado si encuentra excesiva la pena y contesta afirmativamente; se instruye el expediente de indulto por la sala.

Un nuevo auto de la Sala aclaraba la sentencia, que por premura de tiempo olvidó consignar en el fallo, que se absuelve al procesado de dos muertes y que se pasen las actuaciones al ministerio fiscal, para que en vista de los indicios que se han advertido en la prueba practicada en el juicio, se deduzca la acción correspondiente para perseguir los delitos que hayan podido realizarse al tratar de ocultar la realización de los hechos de autos.

El Supremo ordenó repetir el juicio y el capitán Rojas volvió a ser juzgado en junio de 1935, siendo condenado por segunda vez a veintiún años de prisión. Al año siguiente, el Supremo revocó esta condena, al aplicar la eximente incompleta de obediencia debida, rebajar el delito de asesinato, dejándolo en homicidio, y manteniendo la atenuante de arrebato y obcecación. Condenó al capitán a tres años de prisión, que quedó en libertad en mayo de 1936.

Naturalmente, los sucesos y los procesos de Casas Viejas fueron motivo, desde enero de 1933 hasta el julio de 1936, de comentarios y críticas y en toda la prensa española. Tanto los de derechas, para atacar a Azaña especialmente; como de izquierdas, para defenderse y desmentir todos los hechos y declaraciones que le atribuían la responsabilidad de las órdenes impartidas por el Gobierno y sus servidores.