Un mes después de la publicación de los papeles de Panamá, John Doe, la fuente anónima que se puso en contacto con los periodistas alemanes Bastian Obermayer y Frederik Obermaier del Süddeutsche Zeitung, ha vuelto a aparecer. En una carta remitida al diario alemán, John Doe, nombre con el que se identifica en inglés a una persona anónima, ofrece más detalles sobre la mayor investigación periodística de la historia y sus repercusiones respecto a la fiscalidad global y los paraísos fiscales. Su identidad ha sido acreditada por los periodistas alemanes como la misma persona que les filtró los documentos internos del despacho panameño Mossack Fonseca. Este es el escrito íntegro, traducido al castellano:

La revolución será digitalizada

La desigualdad es uno de los asuntos que están marcando nuestro tiempo. Nos afecta a todos, en todo el mundo. El debate sobre su súbita aceleración se ha prolongado durante años, con políticos, académicos y activistas incapaces de parar ese continuo aumento de la desigualdad a pesar de las innumerables charlas, análisis de estadísticos, alguna que otra protesta y los ocasionales documentales. Pero la cuestión continúa: ¿Por qué? ¿Y por qué ahora?

Los papeles de Panamá’ ofrecen una respuesta contundente a estas cuestiones: una corrupción masiva y omnipresente en la sociedad. Y no es coincidencia que esta respuesta salga de un despacho de abogados. Mossack Fonseca es mucho más que un engranaje en la maquinaria que maneja la riqueza’. Durante décadas, ha utilizado su influencia para escribir y moldear leyes en todo el mundo para favorecer los intereses de criminales. En el caso de la isla de Niue, el bufete prácticamente montó y desmontó un paraíso fiscal a su antojo. Ramón Fonseca y Jürgen Mossack quieren hacernos creer que constituir sociedades pantalla, llamadas a veces ‘vehículos con propósitos especiales’, es como vender automóviles. Pero los vendedores de coches no escriben leyes. Y el único ‘propósito especial’ de los vehículos que han creado ha sido en demasiadas ocasiones el fraude, y a gran escala.

Las sociedades pantalla están a menudo asociadas con delitos de evasión fiscal, pero los papeles de Panamá indican que, aunque estas compañías no sean ilegales por definición, se utilizan sin ninguna duda para llevar a cabo un gran abanico de delitos que van más allá de la evasión fiscal. He decidido exponer la información de Mossack Fonseca porque creí que sus fundadores, empleados y clientes deberían responder sobre su papel en estos crímenes, de los cuales unos pocos han salido a la luz hasta el momento. Tardaremos años, posiblemente décadas, para conocer la totalidad de las sórdidas operaciones llevadas a cabo por el bufete panameño.

He decidido exponer la información porque creí que sus fundadores, empleados y clientes deberían responder sobre su papel en estos crímenes

Mientras tanto, un nuevo debate a escala global ha irrumpido, algo que resulta esperanzador. Contrariamente a esa retórica de antaño que omitía cuidadosamente cualquier alusión a las malas prácticas cometidas por las élites, esta vez se ha centrado el foco en lo que de verdad importa.

Tengo algo que comentar sobre ello.

Para que quede claro, no trabajo para ningún Gobierno o agencia de inteligencia, ni directa ni indirectamente, ni nunca lo he hecho. Mi punto de vista es solo el mío, igual que fue una decisión mía compartir con elSüddeutsche Zeitung y el ICIJ los documentos, no por una razón política, sino porque entiendo suficiente su contenido como para comprender la escala de las injusticias que describen.

Hasta ahora, la narrativa más habitual en los medios se ha centrado sobre lo que es legal y se permite en este sistema, lo que es escandaloso y debe ser cambiado. Pero no hay que perder de vista otro aspecto: el bufete panameño, sus fundadores y sus empleados han violado decenas de leyes en todo el mundo y de forma repetida. En público alegan ignorancia, pero los documentos indican que sí eran conscientes de las ilegalidades que cometían de forma deliberada. Al menos ya sabemos que Mossack personalmente mintió ante un Tribunal Federal en Nevada (Estados Unidos) y también sabemos que su equipo intentó ocultar las mentiras. Deberían ser juzgados por ello y sin ningún trato especial.

Cientos de investigaciones judiciales podrían derivarse de los papeles de Panamá si las autoridades pudieran acceder a los documentos y analizarlos. El ICIJ y sus medios asociados [El Confidencial y La Sexta en España] han manifestado de manera oportuna que no los facilitarán a las autoridades. No obstante, estaré dispuesto a cooperar con las autoridades en todo lo que pueda.

He visto como, uno detrás de otro, informadores y activistas han visto sus vidas destruidas por las circunstancias con las que se han encontrado tras revelar lo que son claras malas prácticas. Edward Snowden está en Moscú, exiliado debido a la decisión del Gobierno de Barack Obama de aplicarle la Ley de Espionaje. Por sus revelaciones sobre la NSA merecería un recibimiento de héroe y un importante reconocimiento, no ser desterrado. Bradley Birkenfeld ha sido premiado con millones de dólares por sus informaciones sobre el banco suizo UBS, y aun así el Departamento de Justicia de Estados Unidos le condenó a la cárcel. Antoine Deltour está siendo juzgado por haber facilitado a los periodistas información sobre cómo Luxemburgo garantizó acuerdos fiscales secretos a las grandes multinacionales, robando miles de millones en impuestos de sus países vecinos. Y hay decenas de ejemplos más.

Los verdaderos informadores que exponen incuestionables malas prácticas, ya sea desde dentro o desde fuera, merecen recibir inmunidad desde los gobiernos. Sin ninguna duda. Hasta que los gobiernos no dispongan de leyes para proteger a los informadores anónimos, las autoridades deberán depender de sí mismas o de grandes investigaciones periodísticas, como los papeles de Panamá, para tener acceso a los documentos.

Mientras tanto, apelo a la Comisión Europea, al Parlamento Británico, al Congreso de los Estados Unidos y a todas las naciones a tomar medidas rápidas no solo para proteger a los ‘filtradores’ sino también para acabar con los abusos de los registros mercantiles. En la Unión Europea, el registro de cada Estado debería ser accesible libremente, con datos detallados y disponibles para el público con el fin de conocer accionistas y beneficiarios de todas las empresas. Reino Unido puede estar orgulloso de las iniciativas que se han tomado allí al respecto, pero todavía tiene que jugar un papel fundamental para acabar con el secretismo financiero de sus territorios de ultramar, que son, sin duda, los puntos calientes de la corrupción institucional a nivel mundial. Y está claro que Estados Unidos ya no puede confiar en sus 50 Estados para tomar sonadas decisiones sobre los datos societarios. Ya es hora de que el Congreso dé un paso adelante e imponga la transparencia estableciendo unos estándares para el acceso público a esta información.

Una cosa es exaltar las virtudes de la transparencia gubernamental en las cumbres y en las comparecencias y otra actuar de verdad. Es un secreto a voces que en Estados Unidos los diputados pasan la mayoría de su tiempo en busca de nueva financiación. La evasión fiscal no puede arreglarse si los que han sido elegidos como representantes están pidiendo dinero a las mismas elites que tienen más interés en evadir impuestos que el resto de la población. Estas desagradables prácticas políticas se han convertido en un círculo vicioso y ya no es posible arreglarlas. El sistema de financiación de las campañas electorales en Estados Unidos está roto. No se puede esperar más para cambiarlo.

Hasta que los gobiernos no dispongan de leyes para proteger a los informadores anónimos dependerán de grandes investigaciones periodísticas

Ciertamente, estos no son ni de lejos los problemas que hace falta arreglar. Curiosamente, el primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, ha permanecido callado sobre el papel de su país en hacer posible esa Meca de los fraudes financieros que son las Islas Cook. En Reino Unido, los Tories [partido conservador] no han tenido vergüenza a la hora de conciliar su propio uso de compañías ‘offshore’, mientras que Jennifer Shasky Calvery, directora del Financial Crimes Enforcement Netowork de Estados Unidos, acaba de anunciar su renuncia para ir a trabajar para el HSBC, uno de los bancos más conocidos del mundo (y que, no por casualidad, tiene su sede en Londres).

Mientras, el ruido de las puertas giratorias americanas continúa escuchándose en medio del silencio global de los miles de beneficiarios últimos que todavía tienen que ser descubiertos y que probablemente estén rezando para que su reemplazo sea igual de dulce.

Ante la cobardía política, es tentador ceder al derrotismo y argumentar que el ‘statu quo’ sigue prácticamente igual. Mientras tanto, los papeles de Panamá son, cuando menos, un síntoma evidente del decadente y enfermizo tejido moral de nuestra sociedad.

Pero por fin el problema está sobre la mesa. No es una novedad que hace falta tiempo para los cambios. Durante cincuenta años, los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de todo el mundo han fallado a la hora de parar la multiplicación de paraísos fiscales que han ido apareciendo sobre la faz de la Tierra. Todavía hoy, Panamá dice que quiere ser conocido por algo más que los papeles, pero su Gobierno ha examinado solo una de las piezas de su tiovivo de las sociedades ‘offshore’.

Han fallado los bancos, las autoridades fiscales y financieras. Se han tomado decisiones que han evitado tocar a los ricos para centrarse en los ciudadanos de clase media y baja.

Han fallado los tribunales, irremediablemente antiguos e ineficientes. Los jueces se han conformado demasiadas veces con los argumentos de los ricos, cuyos abogados -y no solo Mossack Fonseca- están bien entrenados de cara a honrar la letra de la Ley pero, a la vez, hacer todo lo que pueden para profanar su espíritu.

Han fallado los medios. Muchas organizaciones mediáticas son solo caricaturas de lo que fueron. Los multimillonarios han tomado el control de los medios como si fuera una afición, limitando la cobertura de cuestiones importantes que tienen que ver con los más ricos, mientras que para los verdaderos periodistas de investigación no tienen dinero. El impacto es real: además del Süddeutsche Zeitung y el ICIJ, y a pesar de claras excepciones, varias grandes cabeceras han podido acceder a los papeles de Panamá. Decidieron no abordarlos.

La triste realidad es que entre las más importantes y capaces organizaciones mediáticas del mundo no ha habido ni una interesada en contar esta historia. Incluso Wikileaks, contactado en más de una ocasión, no respondió.

Pero ha fallado, sobre todo, el sistema legal. La gobernabilidad democrática depende de las personas responsables en todo el sistema que entienden y respetan la Ley, no de la de quienes la explotan. En cierta medida, los abogados se han convertido en profesionales tan corruptos que resulta imperativo un cambio en la profesión que vaya mucho más allá de las propuestas que ya están sobre la mesa. Para empezar, el término ‘ética legal’, sobre el cual se basan los códigos de conducta y las licencias para ejercer, se ha convertido en un oxímoron. Mossack Fonseca no trabajaba en mitad de la nada. A pesar de las repetidas multas y de las violaciones legales que se han documentado, ha encontrado aliados en los mayores bufetes de abogados de cualquier nación. Si la economía de esta industria no estaba ya bastante destrozada, ahora no se puede negar que no se puede permitir que los abogados se regulen los unos a los otros. Simplemente, no funciona. Aquellos que pueden pagar más siempre puede encontrar a un abogado que sirva para sus fines, esté ese abogado en Mossack Fonseca o en otro bufete del que no sabe nada. ¿Y qué pasa con el resto de la sociedad?

El impacto colectivo de estos errores ha sido la erosión completa de los estándares éticos, hasta llegar a un sistema que todavía llamamos capitalismo y que, sin embargo, equivale a la esclavitud económica. En este sistema -nuestro sistema- los esclavos son inconscientes tanto de su situación como de sus patrones y viven en un mundo donde las trabas intangibles están cuidadosamente oculta en los resquicios de una jerga legal incomprensible. La terrorífica magnitud del perjuicio que esta situación causa al mundo debería hacernos despertar a todos. Pero cuando tiene que ser un filtrador anónimo quien hace sonar la alarma, significa que la situación es aún más preocupante. Indica que los sistema de control de la democracia han fallado, que la ruptura es sistémica y que una gran inestabilidad podría estar a la vuelta de la esquina. Por esto ahora es el momento de actuar de verdad, y la acción empieza por hacer preguntas.

Los historiadores podrán fácilmente recordar cómo cuestiones sobre tasación y desequilibrios de poder han llevado a revoluciones en tiempos pasados. Entonces, el poder militar fue necesario para subyugar a la gente, mientras que ahora, recortar el acceso a la información es igual de efectivo, o incluso más, ya que ese acto puede ser a menudo invisible.

Vivimos en los tiempos del almacenamiento digital barato y sin límites, así como el de las rápidas conexiones a internet que trascienden las fronteras nacionales. No hace falta mucho para unir los puntos: desde el comienzo hasta el final, comenzando por la distribución global de los medios, la próxima revolución será digitalizada.

O quizás esa revolución acaba de empezar.

[Lea el escrito original en inglés]