Soluciones a la crisis del sistema del 78

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Identificando el problema podemos pasar a la fase más trabajosa, diseñar un programa u hoja de ruta que nos impulse en un nuevo tiempo de progreso, crecimiento, armonía y concordia.

La prudencia aconseja no proponer un cambio radical que suponga una revolución frente a la situación actual. Pero sí podemos apuntar algunas ideas que pueden constituir los pilares de una nueva arquitectura política en España. Veamos los 5 principales.

1. Más democracia. Democracia Directa. En pleno s XXI, con las tecnologías de la información e internet en pleno apogeo, se puede plantear una democracia más real, más directa, consultando frecuentemente por internet a los ciudadanos sobre las cuestiones que les afectan en su vida diaria. Y debemos hacer esto a 3 niveles, local, regional, y nacional. Con transparencia y resultados que cualquier ciudadano pueda consultar, identificando a cada votante y su voto particular sobre la materia consultada, sin posibilidad alguna de fraude.
2. Modernización de la Administración Pública. También resulta evidente que las nuevas tecnologías permiten una reducción enorme de la burocracia y administración pública. Todos los trámites se deben hacer por internet, y el Estado debe estar obligado a tener registrados todos los datos que el ciudadano ya ha proporcionado. Sobran cientos de miles de funcionarios que en la actualidad hacen poco o nada útil, creando una capa de gasto, y en ocasiones corruptelas, que podríamos eliminar completamente. La inteligencia artificial, el Big Data debe pasar a formar parte de la normalidad de la administración.
3. Mejor democracia: todos los votos valdrán por igual. Una nueva ley electoral que garantice el principio universal de una persona, un voto, y por tanto con el mismo peso en el resultado electoral. El Congreso de los Diputados puede mantenerse en 350 miembros, de forma que cada diputado representará a 150.000 habitantes. Se puede mantener el sistema actual electoral, pero sin sobrevalorar las poblaciones pequeñas. Así, las provincias de menos de 150.000 habitantes tendrán solamente 1 diputado. La compensación territorial se dará en el Senado, pero no en el Congreso. Ceuta y Melilla tendrán 1 Diputado para las dos. Las provincias de más de 150.000 habitantes se dividirán en fracciones de 150.000 y el resto. Cada provincia tendrá tantos diputados como fracciones de 150.000 más el resto.
   Otra opción posible sería hacer lo mismo, pero con fracciones de 200.000 habitantes. En este caso el número total de diputados se reduciría a 260 diputados, con su consiguiente ahorro.
   Cuando dos o más provincias, e igualmente dos autonomías, quieran fundirse en una sola para reducir gastos, ganar agilidad y reducir impuestos, el Estado garantizará que esto se haga de una forma rápida y efectiva, en menos de un año.

4. Igualdad y Concordia Territorial: Paralelamente, para proteger los territorios menos poblados, y garantizar la armonía, equilibrio y solidaridad entre todos, se mantendrá el Senado con 102 miembros: dos senadores por provincia, más 1 para Ceuta y otro para Melilla. El Senado tendrá capacidad de veto para cualquier Ley aprobada por el Congreso de Diputados que afecte directamente a las economías de los territorios: fundamentalmente los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, las Leyes de carácter general, como son fundamentalmente Educación, Sanidad, Justicia, Defensa, Seguridad y Política Exterior son exclusiva responsabilidad del Congreso de Diputados. Por supuesto, el Senado también tendrá capacidad para proponer Leyes de Política General que tengan que ser debatidas y aprobadas por el Congreso de los Diputados. A su vez, el Congreso de los Diputados tendrá capacidad de vetar Leyes de tipología territorial propuestas y aprobadas por el Senado.
5. Potenciar un Estado Moderno, ligero, eficaz, eficiente, que contribuya al crecimiento de la riqueza y bienestar de todos los españoles. Al eliminar una parte enorme del presupuesto que se infrautiliza en una administración elefantiásica, lenta, irresponsable, el Estado dedicará esos recursos liberados a 4 cuestiones fundamentalmente: a) Crear un sistema de Educación de altísimo nivel internacional, competitivo y exigente. b) Mantener y reforzar donde sea necesario nuestro excelente sistema sanitario c) ayudar a promover la investigación, el desarrollo y la innovación y d) mejorar la seguridad y protección ciudadana, reduciendo al máximo los delitos contra las personas y las cosas, y creando un auténtico Estado de bienestar.

Para que los ciudadanos podamos exigir responsabilidades al Gobierno y a los parlamentarios, es necesario marcar los objetivos y medir los resultados. La mejor manera conocida de poder evaluar los avances en este terreno es definir una serie de indicadores rectores, que serán medidos por el INE, de forma independiente y apolítica, y validados por organismos internacionales de incuestionable rigor. Sugerimos aquí 20 indicadores, que se calcularán a nivel provincial y estatal:

1. PIB: crecimiento año sobre año.
2. Renta per cápita anual, y crecimiento sobre el año anterior.
3. Inflación general e inflación subyacente
4. Tasa de Paro efectiva (corrigiendo el efecto de los Fijos Discontinuos)
5. índice GINI para medir la mayor o menor desigualdad entre la población.
6. Puntuación del sistema Educativo: índice PISA
7. Esperanza de Vida
8. índice de criminalidad: tasa de crímenes por 100.000 habitantes. Evolución anual
9. Evolución anual del número de crímenes no resueltos.
10. Deuda Pública
11. Déficit Público
12. Listas de espera en la Sanidad
13. Tiempo de resolución de demandas judiciales
14. Clasificación Mundial de las 50 mejores Universidades Españolas.
15. Número de patentes españolas por año, y evolución respecto al año anterior.
16. Crecimiento anual del ingreso por turismo
17. Crecimiento anual de las exportaciones españolas fuera de España.
18. Evolución anual del peso de la Industria en el PIB
19. Evolución de la industria 4.0 en el PIB (TIC)
20. Deporte: evolución anual del número de equipos o jugadores españoles en el Top 10 de su respectivo deporte.

Naturalmente, estos 20 indicadores, KPIs, pueden agruparse en 5 grandes familias: economía, cultura-deporte, educación, sanidad, seguridad-justicia, y podemos dar una puntuación a cada indicador y a cada familia. Por ejemplo, podríamos definir que el total de puntos posibles son 100 si todo fuera ideal, y asignar 20 puntos por familia, distribuidos a su vez por indicadores, de forma que fuese más fácil para los ciudadanos entender la puntuación total obtenida cada año por el Gobierno, y así hacerles responsables de la mejora o empeoramiento de los índices.

CONCLUSIÓN: Con estas 5 medidas conseguiremos de forma veloz una democracia real, más directa, y más responsable, con rendición de cuentas cuantificada y comprobada. A la vez, reduciremos el injusto sistema electoral actual que fomenta las fuerzas centrífugas separadoras de la Nación, recuperaremos el principio básico universal de igualdad del valor de cada voto. Y al mismo tiempo, con el funcionamiento nuevo del Senado los territorios dispondrán de una Institución y una herramienta que les permitirá hacer política territorial para defender y promover los valores culturales de cada territorio, así como para garantizar la necesaria solidaridad y fraternidad entre todos los españoles, protegiendo los intereses y los derechos de las minorías. Finalmente, este nuevo Sistema de organización de España nos convertirá en un Estado Moderno, que habrá saltado ya al avanzado siglo XXI, en condiciones de convertirse de nuevo en una de las Naciones más respetadas, admiradas y deseadas de todo el mundo.

En esta nueva arquitectura del sistema, quedaría pendiente establecer cuál debe ser el órgano de gobierno de las provincias y de las autonomías. Naturalmente, al simplificar el Estado, separando claramente entre los asuntos exclusivamente territoriales, propios de las autonomías y tratados en el Senado, nos encontramos en una nueva situación mucho más ágil, veloz y eficaz. Corresponderá a cada autonomía y a cada provincia decidir cómo quieren administrarse mejor, siguiendo las leyes generales propuestas y elaborados por el Gobierno y por el Parlamento, y aprobadas por el Congreso y el Senado, cada uno en su ámbito de competencias.

Podemos dejar el asunto de la gobernanza provincial y autonómica para un tercer artículo, aunque ya adelantamos que al dotarnos de un sistema nacional de participación más directo, con responsabilidades concretas de los gobernantes, medidas con rigor y validadas por organismos independientes, los ciudadanos exigirán un gasto público transparente y necesario; la corrupción se reducirá al mínimo, y por tanto se podrán reducir los impuestos tanto de empresas como de personas a unos niveles que incentivarán el esfuerzo individual, el trabajo, el conocimiento y la innovación.