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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Apoyemos el plan de choque social

El presidente del Gobierno de España anunciando el plan de choque económico para contener las consecuencias del coronavirus. (Foto: RTVE)
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El presidente del Gobierno de España anunciando el plan de choque económico para contener las consecuencias del coronavirus. (Foto: RTVE)

LA CRÍTICA, 19 MARZO 2020

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No ha sido fácil. Hay quien ha intentado mantener a toda costa las políticas de recortes, por encima de la defensa de la salud. Hay que recordar al FMI, que hace una semana “recomendaba” a España enfrentar la crisis del coronavirus manteniendo la reforma laboral -es decir permitiendo despidos masivos-, recortando el gasto en pensiones -atacando a los mayores, el principal sector de riesgo- y subiendo impuestos -no a bancos y monopolios sino los tributos que pagamos todos, como el IVA-. (...)

... Frente a estas “recomendaciones” miserables, se ha impuesto la mayoría progresista, con el plan más avanzado de medidas sociales de toda Europa.

Y algunos también esgrimían la deuda y el déficit para que “no se disparara el gasto público”; limitando la capacidad pública para proteger a la población. Incluso la reforma del artículo 135 de la Constitución permite que “los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública” se superen en caso de “catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria”. Quien levanta ahora la bandera de “no elevar la deuda” lo hace para evitar que grandes bancos y monopolios deban cargar con una parte del enorme esfuerzo necesario para ganar la batalla al coronavirus.

Es además reseñable que el decreto del gobierno prohíba que empresas o fondos de fuera de la UE adquieran ahora empresas españolas aprovechándose de que su valor en bolsa ha caído en picado. Eso es lo que sucedió tras la crisis de 2010, con un desembarco en España de capital extranjero, especialmente norteamericano. Esta es también una medida necesaria para proteger la industria nacional.

Las medidas aprobadas por el gobierno para afrontar las consecuencias de lo que es una emergencia sanitaria, pero también económica y social, amenazando especialmente a los más vulnerables, han superado todas las expectativas. Hasta 200.000 millones que se pondrán a disposición de este objetivo. Es, como ha remarcado el presidente, Pedro Sánchez, “un plan de choque sin precedentes” y “la mayor movilización de recursos de la historia”.

Impulsado desde dos principios fundamentales, remarcados en la intervención del presidente del gobierno. En primer lugar, una declaración tajante: “No vamos a escatimar ningún esfuerzo. Nadie se va a aquedar atrás, especialmente los que ahora van a necesitar más protección. Tenemos que proteger a nuestras familias, empresas, autónomos con un escudo social que solo pueden forjar los poderes públicos”. En segundo lugar, un llamamiento y una exigencia: “El Estado tiene recursos poderosos, pero también los empresarios, los trabajadores, los propietarios, los inquilinos. Si construimos una cadena de solidaridad antes saldremos de esta crisis”. El gobierno, con las atribuciones reforzadas que el estado de alarma le proporciona, sitúa a quienes más recursos concentran a colocarlos al servicio del interés general.

Este plan de choque es excepcional por su montante. Alemania ha aprobado medidas cuyo valor asciende al 15% de su PIB. Francia ha hecho lo propio, con una inversión que asciende al 12% del PIB galo. Los 200.000 millones movilizados por el gobierno español es una cifra que se acerca al 20% de nuestro PIB. Es un esfuerzo que se coloca a la cabeza de toda la UE.

Y su carácter extraordinario se refleja también en la distribución de esfuerzos. El Estado será, con todos sus recursos, el garante de este “escudo social”, pero deberá nutrirse también de recursos privados, de la gran banca para proporcionar créditos, de los monopolios energéticos para garantizar los suministros… Y no se trata de un llamamiento retórico. Las cantidades están fijadas en el decreto aprobado por el gobierno: 117.000 millones corresponderán a recursos públicos, y 83.000 millones deberán ser aportados por fondos privados.

Esto va a permitir impulsar un paquete de medidas, muchas de ellas nunca aprobadas en España y que parecían imposibles hace pocos días. Protegiendo, como prioridad, a familias y trabajadores. Aprobando una moratoria en el pago de las hipotecas, que deberá ser asumida por la banca. De la que se van a beneficiar las familias vulnerables, pero también pymes o autónomos que ven descender sus ingresos más de un 40%. A esta medida se suma la prohibición de cortes en los suministros de servicios básicos, luz, agua y gas, cuyo coste será asumido por los grandes monopolios energéticos y de servicios.

Planteando medidas para proteger el empleo, y para garantizar cobertura a todos los trabajadores que temporalmente dejen de percibir sus salarios. Para ello se ha flexibilizado el mecanismo de los ERTEs, los expedientes temporales de regulación de empleo, con el objetivo de que el parón en la actividad económica no se traduzca en despidos masivos. Y se garantiza que nadie de los trabajadores afectados, por ERTEs o despidos, quede sin prestación. La podrán percibir aunque no acumulen el tiempo mínimo cotizado -un año-, y las ayudas que reciban no serán descontadas de los subsidios que le corresponderán si en un futuro, una vez superada la actual crisis sanitaria, queda en paro.

Y las medidas aprobadas por el gobierno afrontan el principal problema que ya están sufriendo pymes y autónomos: la falta de liquidez para afrontar los gastos fijos en un momento donde sus ingresos descienden o quedan reducidos a cero. Para ello se impulsa un auténtico plan de rescate a pymes y autónomos, con una línea de crédito de hasta 100.000 millones avalada por el Estado -en un 80%- pero también -en un 20%- por la banca.

Otras medidas van a ser un balón de oxígeno, como la cancelación del pago de cotizaciones sociales a las pymes que no despidan, o la instauración desde el primer momento de la prestación extraordinaria por cese de actividad a los autónomos que deban cerrar su negocio.

Estas son medidas en la dirección que necesita el país, los trabajadores, las familias, las pymes y autónomos que sostienen el tejido productivo. Se puede defender que se amplíen -eliminando la cuota de autónomos para aquellos que no tengan ingresos, o aplicando también una moratoria en el pago de alquileres-, pero el plan de choque presentado por el gobierno debe ser apoyado sin peros ni fisuras. El mismo ejecutivo ha anunciado que este es un primer paso que puede complementarse con más medidas.

La aplicación del estado de alarma ha permitido nacionalizar de facto la sanidad privada o la industria sanitaria, disponiendo de sus recursos para ponerlos al servicio de los intereses colectivos. Ahora, empiezan a utilizarse estas atribuciones para defender al 90% de la población ante las consecuencias económicas y sociales de actual emergencia sanitaria.

En su conjunto, las medidas aprobadas por el gobierno son un plan de choque social, un plan de rescate esta vez al servicio de los intereses del país y de la mayoría de la población. Deben tener el más decidido y masivo apoyo popular, deben dirigirse a concentrar los recursos nacionales en ganar la batalla al virus, y deben impulsar medidas de redistribución de la riqueza para reconstruir la economía y proteger a la población.

Eduardo Madroñal Pedraza
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    Últimos comentarios de los lectores (3)

    695 | Leandro Gomez Celada - 23/03/2020 @ 15:22:46 (GMT)
    Gracias D. Eduardo por su correctísima réplica que le honra y con la que estoy prácticamente en total acuerdo en especial con lo que deja entrever de la carencia de una banca pública que pueda servirnos en igualdad de condiciones que la banca privada de siempre. Un cordial saludo Leandro Gomez
    694 | Eduardo Madroñal Pedraza - 23/03/2020 @ 14:02:33 (GMT)
    Estimado Leandro Gomez Celada, le agradezco su largo y argumentado comentario. Obviamente tenemos diferencias. Pero si ha podido echar un vistazo a los artículos previos o posteriores -y que La Crítica está teniendo la gentileza de ir publicando, por lo que estoy muy agradecido-, pongo en primer plano la unidad, la más amplia unidad posible. Y ahora con la pandemia es clave. Por ello, quiero destacar solo algunas ideas. Seguramente ciertas afirmaciones realizadas en el artículo, al no estar suficientemente explicadas, sean "tan categóricas". Al referirme al 90%, quizá una expresión no afortunada, me refería al 99% de la población española. Por tanto, usted y yo estamos en esa inmensa mayoría. Solo quedaría el 1% que gana como mínimo 100 veces el SMI. No critico el uso actual de la sanidad privada por muchos sectores sociales. Solo que ante la pandemia solo un sistema unificado de sanidad pública puede enfrentar el coronavirus. El objetivo fundamental era explicar que es absolutamente necesario un plan de choque social para reconstruir la vida económica de esa inmensa mayoría social. Cada día que pasa los organismos económicos europeos empiezan a aceptar la necesidad de medidas extraordinarias. Para que usted se haga una idea, difícil que no vayan a ser esquemáticas mis afirmaciones en este apartado de comentarios. Es fácil obtener los 200.000 millones de euros necesarios para el inicio de la implementación de un mínimo plan de choque social. Es cuestión de decisión política. Como fue la aportación directa e indirectamente a la banca privada de fondos públicos, es decir, de nuestro dinero, por alrededor de 200.000 millones de euros para salvar a la banca privada de sus inmensas deudas, cosa que ni usted ni yo, ni pymes, ni autónomos, ni siquiera grandes empresas españolas, hemos recibido para cubrir nuestras deudas vitales. Por ello, España pasó de tener 800.000 millones de euros de deuda privada y 300.000 milllones de euros de deuda pública en 2008 a tener ahora una deuda pública de un billón de euros. La deuda privada de la banca se ha convertido en deuda pública de todos nosotros. Así que solo hace falta una decisión política. Solo hace que la banca privada devuelva al Estado, nos devuelva al 99%, unos 200.000 millones de euros para financiar el plan de choque social. Y recordemos que el BCE sigue sin prestar dinero a los bancos centrales Estados miembros de la UE sino que se lo presta al prácticamente 0% a la banca privada, y ésta compra deuda pública a un interés varios puntos por encima. Un cordial saludo.
    693 | Leandro Gomez Celada - 23/03/2020 @ 03:45:49 (GMT)
    Enhorabuena Sr Madroñal porque si algo tiene su artículo es que le retrata sin tapujos. Lástima que su catecismo no le permita usar ópticas más amplias pues tal vez –parece usted una persona pulida escribiendo- no haría afirmaciones tan categóricas. Seguramente sea usted economista y no le voy a discutir algunos datos, ya lo hacen por mi otros analistas que aseguran que esa cifra es una triquiñuela y que alguna de las medidas pueden producir el efecto contrario al que pretenden, si es que nuestros gobernantes, actuales o no, pretenden algo que no sea el perpetuarse. Yo que no soy economista vivo en un mar de dudas y muy pocas certezas entre ellas que donde no hay no se puede sacar, que si gastas más de lo que tienes te endeudas y que si te endeudas más de lo que debes te arruinas tú, tus hijos, tus nietos y varias generaciones más. Bueno pero si gran parte del dinero va a salir del magnánimo bolsillo de nuestros dirigentes sin tocar el nuestro podemos estar tranquilos. Cuando habla vd de los “principios fundamentales” pensé que se retrotraía a épocas pasadas pero luego viendo que entre ellos estaban “el no escatimar ningún esfuerzo” y “que nadie se va a quedar atrás” deduje que más que principios se refería a verborrea habitual y me tranquilicé. Me volví a intranquilizar con lo que dice vd al final contradiciéndose cuando matiza “para defender al 90 % de la población” y pensé… “¡ay de mí!... a ver si después de 41 años cotizando me van a dejar sin protección pues estoy entre el 10% de ricos que cobran poco más de dos veces el SMI. A menos que se refiera vd con ese 10% -por aquello de que está en el mismo párrafo- a la sanidad privada que a su modo de entender no defiende intereses colectivos. Si es así permítame que le diga –ahora a diferencia de economía si sé algo- que no tiene ni pajolera idea. Unos simples datos: el 80% de funcionarios (un colectivo de 2,5 millones) tiene sanidad privada, en muchos casos porque no le permiten otra. El 72% de empresas e industria en sus mutuas de cara a accidentes laborales y enfermedades profesionales utiliza la sanidad privada. Más de 8,5 millones de españoles tienen contratado algún tipo de seguro sanitario en entidades privadas. El 23 % de los ingresados de larga duración en hospitales públicos, además de otros para especialidades muy concretas o por saturación puntual, termina en hospitales privados ya sean concertados, benéficos o totalmente privados. Si eso no son “intereses colectivos” no entiendo nada. Una salvedad: Cada enfermo le cuesta a la sanidad privada poco más de la tercera parte de lo que le cuesta ese mismo enfermo a la pública, así y todo dan una atención dignísima –bastante saturada a veces- y ganan dinero. En cuanto a lo de aunar esfuerzos le aplaudo la idea. Si el sistema sanitario no estuviera en manos de reyezuelos (esos si que son “privados” en casi todas sus acepciones que son muchas) no haría falta hacer tan extensivos los Decretos. Para saber mi opinión respecto al discurso del Presidente fíjese en la traductora a lenguaje de signos en la captura de TVE que ilustra su artículo.

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