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Su preludio ocurrió cuando en noviembre, los migrantes irregulares que una embarcación trasladaba a España fueron obligados a tirarse al agua mientras estaban a varios metros de la orilla frente a una playa de los caños de Sancti Petri, con el resultado de 4 fallecidos. A estos hechos, le siguieron informaciones varias en las que se indicaba que las denominadas “gomas” de los narcotraficantes se refugian en la costa española amarrados a boyas a escasos metros de la costa cuando hace mal tiempo, sin apenas reacción por los organismos encargados de su control: Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR) y Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). En Barbate, Sanlúcar, Conil, Sancti Petri, Cádiz, Manilva, Cabo de Gata y otros, personas desde tierra alertaron de su presencia y la respuesta que, de acuerdo con la prensa, dieron estos organismos para no actuar fue, en unos casos que hacía “mal tiempo” y en otros casos que tenían sus embarcaciones inoperativas.
El caso es que la realidad demostró que la operatividad de ambos organismos es muy limitada en caso de lo que el SEMAR denomina “mal tiempo”; que es una expresión imprecisa, que no explica nada, dado que es una manifestación totalmente subjetiva y que ampara muchos y distintos estados de la mar y viento. Lo que quiere decir, que cuando la naturaleza enseña los dientes, España se queda indefensa ante los tráficos ilícitos que se producen en nuestras costas, porque además, ambos organismos se refugiaron también en que tenían sus embarcaciones averiadas, lo que significa que bien por ser un “Acto de Dios” como dicen los ingleses al desencadenarse la naturaleza, bien por ser un fallo sistémico del mantenimiento de las embarcaciones, en la zona del Estrecho y sus accesos se produce una brecha en la Seguridad Marítima Nacional, que lo convierte en “Territorio Comanche”; siendo una invitación a actuar para todo tipo de organizaciones de narcotráfico, migración irregular, terroristas y de intereses encubiertos, pudiendo dar pie a episodios de zona gris y guerra híbrida, a aquellos que les que pueda interesar actuar en una zona tan importante para el tráfico marítimo internacional y sensible para los intereses marítimos españoles. Véase los ataques al tráfico mercante de los hutíes en el mar Rojo.
A mayores de lo hasta aquí escrito, existe un grave problema de coordinación entre estos dos organismos que nunca se han entendido: Vigilancia Aduanera y Guardia Civil, que se consideran rivales y que en todos estos años y pese a la gravedad de la situación son incapaces de ponerse de acuerdo, colaborar, coordinarse y organizar los horarios en la mar, de forma que siempre haya embarcaciones y medios aéreos en zona. Existiendo una disculpa de mal pagador, ampliamente utilizada para intentar justificar esta falta de capacidad operativa e ineficiencia, que es la falta de medios cuando la realidad es que hay medios de sobra y que el problema es su deficiente utilización, ineficiente mantenimiento y limitada capacidad operativa.
Y sus embarcaciones tienen que permanecer varios días seguidos en la mar, pues cuentan con servicios logísticos para ello y no salidas diarias de patrullaje, que limitan su estancia en la mar y con ello limitan el conocimiento e información de lo que ocurre en ella, así como la posibilidad de interceptación. Y sus aeronaves deben mantener una permanencia intensiva en la zona. De forma que se pueda elaborar una imagen precisa del entorno marítimo, para poder reaccionar con rapidez y eficacia.
Pero al convertirse la situación en un agujero en la Seguridad Nacional, la respuesta ya no está en las manos de estos organismos, sino que pasa a ser responsabilidad del Consejo Nacional de Seguridad Marítima, quién debe adoptar las medidas necesarias para cerrar esta brecha y recuperar el imperio de la Ley y la Autoridad del Estado en las aguas españolas y la respuesta puede estar en el nombramiento de un “Comisionado Naval”.
Un comisionado o comisario, dentro de la Administración española, es un alto cargo nombrado por el Gobierno para llevar a cabo una tarea específica, ejemplos: Prestige, Marca España, Reto Demográfico, etc., que en este caso tendría “el Mando y Control” sobre todos los organismos de la Administración que puedan actuar en la zona: SEMAR, SVA y SASEMAR (remolcador para ejercer de buque de Mando y Control y otras embarcaciones de apoyo). Y con un mandato temporal hasta que España recupere el control de sus aguas y se cierre el boquete.
No puede pertenecer a ninguno de los organismos citados por razones obvias y debe ser un técnico con “Auctoritas”, con experiencia en operaciones en la mar y en la utilización de medios; relacionado con la Seguridad Nacional y con bagaje profesional y cintura administrativa para gestionar esta responsabilidad, por lo que la mejor respuesta es un alto Mando de la Armada dependiente en todo momento de este Consejo Nacional, que le debe dar la “Potestas” y los medios para ejercer esta responsabilidad.
Aunque la solución definitiva es la creación de un servicio de Guardacostas naval, que asuma todas las funciones de estos organismos que desaparecerían conforme se desarrolle el primero y con capacidad para enfrentarse a los nuevos riesgos y amenazas: guerra híbrida, episodios de zona gris, protección de infraestructuras en el medio marítimo, etc.
Fernando Novoa Sanjurjo
Capitán de Corbeta (R). Ha sido Director Técnico del Servicio de Salvamento Marítimo de la Junta de Galicia, Piloto Naval de Helicópteros, Director de “Consultores Aeromarítimos”. Colabora con el Foro de Pensamiento Naval y es asociado de AEME.