La esencia del procés, el 3%

Hace quince años Pasqual Maragall destapó el robo del 3%. Hace quince años Maragall -en el fragor de la batalla dialéctica en el Parlament por el desastre del Carmel, Maragall en el Govern y CiU en la oposición- apuntó con el dedo a Artur Mas y disparó: “Ustedes tienen un problema y este problema se llama 3%”. Aunque después se retrajo de lo dicho, lo dicho dicho estaba. Quince años después esa verdad se ha hecho evidente. La base económica de la élite del procés se ha alimentado continuadamente del cobro de comisiones a cambio de contratos públicos. Ahora ya es de una claridad meridiana que la burguesía burocrática catalana “también” roba a los catalanes.

La entonces “sospecha” exigió una comisión de investigación que concluyó: “Un presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas en Catalunya que no se ha podido acreditar". Pero el fantasma del 3% volvió a aparecer con el caso Palau en 2009 cuando se sacó a la luz judicial el pago de comisiones de Ferrovial a CDC utilizando la institución cultural. Curiosamente, como declaró uno de los acusados, el 3% era variable y podía llegar al 4%, “porque Convergència pedía más dinero”.

La Audiencia de Barcelona condenó a Millet, el presidente de la fundación, a 9 años y 8 meses de prisión; a Jordi Montull, mano derecha de Millet, a 7 años y 6 meses; y al extesorero de CDC Daniel Osàcar, a más de 4 años. En 2009 con el caso Pretoria, la mayor trama de corrupción urbanística en Catalunya, estuvieron involucrados un exconseller y un exsecretario de Presidència que fueron condenados. Pero el golpe definitivo vino con la confesión de Jordi Pujol en 2014. Era obvio que la fortuna ocultada en Andorra provenía del 3%.

Convergència Democràtica habría recibido 6.676.005 euros. Porque el 3% no es una cifra, sino un base económica. Los empresarios contactaban con el tesorero del partido y se interesaban por un contrato. Después hacían donaciones a las fundaciones del partido durante el concurso hasta su concesión. Las fundaciones transfirieron 5.800.000 euros al partido entre 2010 y 2017.

Desde Puyol, pasando por Mas, y llegando al dúo Torra-Puigdemont, la élite del procés –una auténtica burguesía burocrática, constituida gracias al control del enorme presupuesto y el gigantesco poder político y social que otorga la autonomía catalana– se ha impuesto sobre la mayoría de la sociedad catalana. Tal clase –sus intereses y sus proyectos– es la protagonista de todas las turbulencias que el procés ha provocado. Ya no es la vieja burguesía catalana basada en la actividad productiva y en la venta de sus mercancías, sino una auténtica burguesía burocrática que vive de la gestión y saqueo de los fondos públicos.

En 1980, cuando se celebraron las primeras elecciones autonómicas, la izquierda, que había obtenido mayoría, aunque distribuida en diferentes partidos, renunció a gobernar, y entregó la Generalitat a Jordi Pujol. Desde entonces –y por encima de cambios políticos, como los dos tripartitos encabezados por el PSC– se ha construido una nueva élite de poder en Cataluña. Se ha gestado una nueva clase.

En siete años de gobierno Mas y Puigdemont manejaron la astronómica cifra de 266.518 millones de euros, sumando presupuestos y aumento de la deuda. Esta es la cuenta del enorme poder que disponen, base desde donde desplegar su proyecto de fragmentación.

La Generalitat tiene el control directo de 278.000 funcionarios, incluyendo las administraciones autonómica y local, a los trabajadores públicos sanitarios, docentes, Mossos y policías locales. Tienen a su disposición un sector público de más de 200 entidades, de las que forman parte 27 sociedades mercantiles, 54 consorcios y 34 fundaciones, desde ellos controlan la gestión de los contratos públicos y la colocación de personal, especialmente de profesionales afines en los puestos de dirección. Han levantado un enorme aparato de propaganda, con una Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, con TV3 como punta de lanza.

Y han creado una amplísima red clientelar extendida por todos los ámbitos de la sociedad catalana, las instituciones políticas y sociales, la economía regional, los medios de comunicación o el mundo de la cultura, nutrida con millones de subvenciones y las posibilidades que ofrece la cercanía al poder político. A través del reparto de subvenciones han impulsado organizaciones soberanistas –desde la Asamblea Nacional Catalana a Omnium Cultural– presentadas después como “representantes de la sociedad civil”, o creado una clase empresarial independentista, a la que la cercanía al poder político le permitía hacer pingües negocios.

La Generalitat representa al Estado en Cataluña y usufructa un inmenso poder político y social. Cataluña tiene un PIB de 223.139 millones de euros anuales, un 20% del PIB español. Un volumen que la situaría en el puesto 22 de un hipotético ranking mundial por delante de Portugal o Grecia. Evidentemente, no todo en Cataluña se limita a esta élite burocrática. Ni lo controlan ni lo pueden abarcar todo. Pero su capacidad de intervención social, en primer lugar en el interior de Cataluña, es enorme.

La élite de procés, una clase con relaciones internacionales

Si Puigdemont recibe amparo en países europeos como Bélgica y Alemania, o es recibido por importantes miembros del Congreso y el Senado cuando viaja a EEUU, no es gracias a su “agenda de contactos” individual, sino a las relaciones internacionales tejidas durante décadas por la burguesía burocrática catalana.

Los sucesivos gobiernos catalanes desde la transición han sido alumnos aventajados en aprovechar las nuevas condiciones internacionales para fortalecer sus relaciones con el nuevo centro de poder europeo que se configuró en torno a Alemania. Y que ofrecía a las regiones más ricas la posibilidad de tratar directamente con el centro europeo. A través de instituciones como la “Europa de las regiones”, o estableciendo por parte de los núcleos dirigentes de la ex Convergencia una relación privilegiada con la CSU, representantes de la “fracción bávara” de la burguesía alemana.

En 2012, cuando España era sometida a un acoso y derribo por parte del FMI y la Comisión Europea, para imponerle un draconiano programa de recortes, entonces las élites independentistas encontraron lo que Artur Mas definió como “una ventana de oportunidades que debemos aprovechar”. Entonces, solo en esas condiciones, es cuando lanzaron el procés como un desafío de fragmentación abierto.

Y por eso siguen recibiendo el amparo de los grandes centros de poder internacionales, en EEUU o en la “Europa alemana”, que no teniendo en su agenda inmediata la fragmentación de España, sí les interesa mantener abiertas las heridas contra la unidad, como una vía de intervención que permita aumentar su grado de control sobre nuestro país.

La élite del procés, extremadamente reaccionaria

Su base burocrática confiere a la élites catalanas, a los Puigdemont, Mas y Torra, un carácter extremadamente reaccionario. Viven de parasitar los recursos públicos, extraídos, como un moderno vampiro, a toda la sociedad catalana. Su rostro está dibujado en el escándalo del 3%, una trama de corrupción convertida en modus vivendi. Y en la facilidad con la que se convirtieron en los más aventajados ejecutores de los recortes que exigía Bruselas o el FMI. Han transformado a Cataluña en la comunidad donde se ha impuesto un mayor tijeretazo contra la sanidad y la educación pública o las ayudas sociales.

Conforme aumenta su poder esta nueva clase, se agudizan los rasgos más reaccionarios –que nunca habían sido dominantes en el nacionalismo catalán–: la difusión del odio a España, la siembra de un racismo de clase hacia los “charnegos”, los trabajadores venidos de otras partes de España, o la nueva clase obrera inmigrante, la sumisión al catolicismo más conservador, el recurso estructural a la corrupción, etc.

Y, mientras la inmensa mayoría de la burguesía catalana tradicional tiene el mercado español como base de sus ganancias, y no quiere saber nada de independencias, la nueva burguesía burocrática de los Mas y Puigdemont está más dispuesta a proyectos secesionistas, pues convertirse en virreyes de una gran potencia, con un Estado propio, aumentaría su capacidad de esquilmar a la población catalana.

Es la existencia de esta burguesía burocrática catalana, organizada como clase y con intereses propios, el centro que impulsa el procés. Cuyo objetivo es imponer, de forma antidemocrática y quebrando su voluntad, la independencia a la mayoría de catalanes que defienden la unidad.