España atraviesa una crisis que ya no puede describirse como política ni coyuntural. Es una crisis de Estado, de legitimidad institucional y de responsabilidad histórica. El deterioro del orden constitucional, la degradación del poder y la sumisión del Gobierno a fuerzas extremistas obligan a una reacción inmediata. Callar, suavizar o aplazar equivale a consentir... (...)
... la destrucción progresiva del país. España ha sido una nación estructuradora de la historia occidental. No como relato retórico ni como consigna ideológica, sino como realidad política, jurídica y cultural durante siglos. Ha construido Estado, derecho, administración, comercio, lengua y cultura. Ha mantenido una continuidad histórica que, con errores y aciertos, ha dado marco común, estabilidad y sentido de pertenencia a generaciones enteras.
Hoy esa continuidad está gravemente amenazada. No estamos ante una crisis política ordinaria. No estamos ante una alternancia democrática discutible. No estamos ante una legislatura fallida. Estamos ante un proceso consciente y sostenido de degradación del Estado, ejecutado desde el propio Gobierno, aceptado por una parte de la clase política y tolerado por una sociedad a la que se le exige resignación permanente. España vive hoy una democracia secuestrada por el chantaje, sostenida por fuerzas que no creen en la Constitución, que no respetan la unidad nacional y que trabajan abiertamente para debilitar el Estado. El problema no es que existan esas fuerzas. El problema es que el Gobierno dependa de ellas, gobierne para ellas y legisle bajo sus condiciones.
El presidente del Gobierno no gobierna para el interés general. Resiste en el poder, mediante concesiones continuas. Resiste aceptando condiciones que ningún gobernante responsable debería aceptar. Resiste sacrificando principios esenciales del Estado de derecho a cambio de supervivencia política. Esto no es una interpretación. Es un hecho comprobable. Un presidente incapaz de mantener un mínimo consenso social, que no puede salir a la calle sin rechazo, declarado persona non grata en capitales de su propio país. Un presidente sostenido por una mayoría artificial que exige cesiones jurídicas, políticas y simbólicas incompatibles con la Constitución.
Esto no es normalidad democrática. Es una anomalía institucional grave. Cada día que esta situación se prolonga, el daño se agrava. No es un daño abstracto ni retórico. Es concreto, acumulativo y medible: Se debilita la separación de poderes; se erosiona la independencia judicial. Se relativiza la igualdad ante la ley. Se cuestiona la autoridad del Estado en partes del territorio y se normaliza la idea de que todo es negociable si sirve para conservar el poder.
Para sostener este modelo se ha puesto en marcha una estrategia deliberada: deslegitimar la historia nacional, vaciar los consensos constitucionales y convertir la excepción en norma. No se trata de debates académicos ni de pluralismo intelectual. Se trata de una utilización política del pasado para dividir a la sociedad, enfrentar a los ciudadanos y justificar concesiones que, sin ese marco ideológico, serían inaceptables para la mayoría.
Se ha asumido que el poder vale más que la ley. Que la permanencia vale más que la nación. Que el interés personal vale más que el interés general. Eso no es política. Eso es irresponsabilidad histórica. La democracia no es solo votar. La democracia exige límites al poder, respeto a la ley, control institucional y responsabilidad. Cuando estos elementos se erosionan de forma continuada, el sistema deja de funcionar aunque conserve su apariencia formal.
La pregunta que debemos formularnos ya no es ideológica ni partidista. Es institucional y moral: ¿dispone el Estado de mecanismos reales para defenderse cuando el deterioro proviene del propio Gobierno? Porque no hay tiempo. El daño no es reversible de forma automática. Cada concesión crea precedentes. Cada excepción consolida abusos. Cada silencio legitima la degradación. Y cuanto más se prolonga esta dinámica, más difícil y costoso resulta restaurar el orden constitucional. La historia es clara y no admite excepciones: los Estados no colapsan de un día para otro. Se vacían desde dentro. Se debilitan por acumulación de decisiones irresponsables. Y cuando la sociedad reacciona tarde, el precio que paga es mucho mayor.
Nuestra generación será juzgada. No por lo que opinó, sino por lo que permitió. No valdrá alegar desconocimiento. No valdrá decir que era complejo. Se sabía. Se ve. Se vive. Todos tenemos responsabilidad en distinto grado: por omisión, por comodidad, por cálculo, por miedo o por interés. Pero la responsabilidad principal recae en quienes ostentan poder político y renuncian a ejercerlo para defender el Estado. Y aquí es imprescindible hablar con claridad. Los dirigentes que se presentaron como alternativa no pueden seguir instalados en la espera, el tacticismo o la simple crítica retórica. Ya no se trata de ganar elecciones. Se trata de preservar el marco constitucional que hace posibles las elecciones libres.
No basta con denunciar. No basta con esperar. No basta con medir encuestas. La inacción también tiene consecuencias. Y también genera responsabilidad histórica. España no necesita salvadores personales ni discursos huecos. Necesita instituciones que funcionen y responsables públicos dispuestos a asumir riesgos. Necesita decisiones claras, inmediatas y proporcionadas a la gravedad del momento. Conviene recordarlo sin ambigüedades: los cargos públicos no existen para gestionar la decadencia, sino para impedirla. Quien acepta administrar el deterioro del Estado como si fuera inevitable, traiciona su función. España no pertenece a ningún partido. No pertenece a ninguna mayoría coyuntural. No pertenece a ningún proyecto personal. España es una comunidad política histórica. Un Estado de derecho. Una nación con continuidad. Y esa continuidad no es negociable ni intercambiable por poder.
No hay excusas para la pasividad. No hay justificación para el silencio. No hay coartada moral para mirar hacia otro lado mientras se debilitan los pilares del Estado. Este deber exige sacrificios. Exige renuncias personales. Exige asumir costes políticos reales. Pero eso es exactamente lo que define la responsabilidad pública. Quien no está dispuesto a pagarlos, no debería ocupar posiciones de poder. Nuestros hijos no nos preguntarán qué partido gobernaba. Nos preguntarán por qué permitimos que el Estado se debilitara. Nos preguntarán por qué aceptamos lo inaceptable. Y tendrán derecho a exigir respuestas.
El actual presidente del Gobierno y quienes lo sostienen no pueden seguir ni un día más deteriorando las bases del Estado. No por una cuestión partidista, sino por una cuestión de supervivencia institucional. Y el resto de fuerzas políticas deben comprender que ha llegado el momento de actuar con claridad, sin ambigüedades y sin excusas. España ha reaccionado otras veces cuando ha sido llevada al límite. Siempre lo ha hecho cuando una parte de la sociedad decidió asumir su responsabilidad histórica. Hoy vuelve a ser necesario.
No es tiempo de cálculos, ni de equidistancias, ni de retórica vacía. Es tiempo de decisiones. Esto es una advertencia. Esto es una alarma. Esto es una llamada a la responsabilidad. Políticos de España: actúen. No por ustedes, por España.
Iñigo Castellano y Barón
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