Hay palabras que nuestra época pronuncia con una desenvoltura admirable y otras que apenas se atreve a mencionar. Derechos, todos. Obligaciones, las indispensables. Libertad, constantemente. Autoridad, bajando la voz y procurando aclarar enseguida que tampoco se pretende exigir demasiado. Hemos terminado por considerar sospechoso cuanto impone un límite, como si la convivencia pudiera sostenerse mediante una interminable negociación con quienes no están dispuestos a respetarla.(...)
Mi tesis es sencilla: España necesita recuperar una autoridad moral y legislativa mucho más firme. Europa también. Una autoridad capaz de exigir, de corregir y de hacer cumplir las normas; que recuerde que vivir en sociedad comporta obligaciones anteriores a nuestros caprichos. Porque una comunidad borracha de derechos y escasamente educada en los deberes acaba consumiendo las condiciones que hacen posible su propia libertad. Conviene precisar el término. Si por un sistema más autoritario entendemos un poder sin controles, sometido a la voluntad de un gobernante, habremos elegido un remedio que agrava la enfermedad. Pero si hablamos de devolver autoridad a las instituciones, firmeza a la ley y exigencia a la educación, entonces estamos señalando una necesidad. La autoridad legítima admite límites, responde de sus actos y obliga también a quien la ejerce. Precisamente por eso puede reclamar obediencia.
Los romanos distinguieron entre potestas y auctoritas: entre la capacidad de mandar y el reconocimiento que confiere crédito a quien manda. La distinción conserva toda su utilidad. Se puede disponer de ministerios, presupuestos y boletines oficiales y carecer de autoridad. También se puede ejercer una influencia moral considerable sin ocupar cargo alguno. Nuestro problema aparece cuando el poder exige obediencia mientras sus actos destruyen el respeto que debería sostenerla. Aristóteles comprendió que la vida política necesitaba una educación del carácter. La ciudad no podía descansar únicamente en reglas escritas: requería ciudadanos capaces de moderarse, cumplir compromisos y reconocer un bien que excediera su conveniencia inmediata. Siglos después seguimos intentando resolver mediante disposiciones administrativas lo que también exige hábitos. Multiplicamos protocolos mientras descuidamos algo más elemental: enseñar a comportarse.
La familia y la escuela son decisivas en esa tarea. Un niño necesita igual afecto que descubrir que sus deseos encuentran límites. Un alumno necesita ser escuchado y aprender a escuchar; sentirse respetado y respetar al profesor. Cuando toda corrección se interpreta como una agresión y toda exigencia como un atropello, la educación pierde su finalidad. Podrá administrar sensibilidades, pero difícilmente formará personas capaces de afrontar la vida. Después llega la edad adulta y reclamamos responsabilidad a quienes hemos acostumbrado a vivir sin consecuencias. Nos sorprende la falta de consideración, el desprecio por lo común o la facilidad para convertir cualquier contrariedad en agravio. Sin embargo, esos comportamientos tienen una historia. La responsabilidad se aprende ejerciéndola, de la misma manera que la impunidad se aprende disfrutándola.
España necesita recuperar esa pedagogía del deber. Pagar lo que corresponde, cumplir la palabra, cuidar el espacio público, respetar el descanso ajeno, trabajar con diligencia y responder del daño causado son exigencias de una sociedad libre. Su aparente modestia no debe engañarnos: sobre ellas descansa buena parte de la civilización cotidiana. Cuando fallan, la convivencia se vuelve áspera y la libertad empieza a depender del carácter del vecino o de la fuerza del más insolente.
La ausencia de autoridad tiene beneficiarios. El que intimida gana terreno; el que respeta las normas retrocede. El comerciante soporta el abuso, el profesor pierde capacidad de enseñar y el ciudadano prudente modifica sus costumbres para evitar conflictos. Formalmente, todos conservan sus derechos. En la práctica, algunos pueden ejercerlos cada vez menos. La libertad escrita permanece intacta mientras la libertad vivida se encoge. Por eso resulta insuficiente responder a todo problema con nuevos derechos. Cada derecho necesita una estructura de obligaciones que lo sostenga. El derecho a la educación requiere estudio, enseñanza y disciplina; el derecho a la tutela judicial, instituciones que funcionen y resoluciones que se cumplan; el derecho al descanso, límites efectivos al ruido. Separar derechos y deberes equivale a celebrar la cosecha mientras se desprecia el trabajo de sembrar.
El legislador debe recuperar el sentido de su oficio. Gobernar exige distinguir entre lo deseable y lo posible, entre la proclamación y el resultado. Una ley debe ser comprensible, aplicable y estable. Su calidad depende menos de la solemnidad con que se anuncia que de su capacidad para ordenar justamente una situación. Cuando las normas se acumulan, se contradicen o se incumplen sin consecuencia, el ciudadano aprende a desconfiar de ellas. Necesitamos por tanto, mayor firmeza legislativa, acompañada de mayor responsabilidad política. Quien aprueba una obligación debe prever cómo se cumplirá. Quien administra recursos públicos debe explicar su destino. Quien infringe la ley debe afrontar una respuesta proporcionada y efectiva. Y quien gobierna debe someterse al mismo orden jurídico que invoca frente a los gobernados. La ejemplaridad del poder constituye la primera lección de autoridad.
La dimensión moral exige igualmente precisión. Una sociedad plural permite convicciones religiosas, filosóficas y personales diferentes. Esa diversidad puede convivir con un suelo compartido: la dignidad humana, la honestidad, el valor de la palabra, el rechazo de la violencia y la responsabilidad por los propios actos. Sin ese suelo, el pluralismo degenera en una yuxtaposición de voluntades que solo coinciden mientras ninguna encuentra resistencia.
Esta Europa decadente y líquida, necesita volver a pensar en fundamentos sólidos. Su herencia contiene tradiciones diversas, disputas y rectificaciones, pero también una larga elaboración de la conciencia, la ley y los límites del poder. Recibir ese patrimonio obliga a conservar las condiciones que permiten transmitirlo. Una civilización se debilita cuando deja de explicar por qué merece ser defendida y reduce la pertenencia a un catálogo de prestaciones. Sería ingenuo atribuir toda decadencia a la falta de disciplina. Influyen las dificultades materiales, la desigualdad de oportunidades y el descrédito de quienes deberían dar ejemplo. Pero esas circunstancias refuerzan la necesidad de instituciones justas y eficaces. La autoridad pierde legitimidad cuando tolera privilegios, abandona al ciudadano cumplidor o aplica un rigor selectivo. Para exigir con firmeza hay que gobernar con justicia.
No bastará una retórica severa. La autoridad se acredita en hechos ordinarios: una sentencia ejecutada, un aula donde se puede enseñar, una calle donde se puede vivir, una administración que responde y un cargo público que asume sus responsabilidades. Ahí comprueba el ciudadano si la ley le protege o simplemente le reclama paciencia. España y Europa necesitan recuperar el valor de exigir. Exigir al gobernante y al gobernado; a la institución y al individuo. La libertad requiere personas capaces de gobernarse y autoridades capaces de impedir que el abuso gobierne a los demás. Renunciar a ambas cosas prepara una sociedad temerosa, dependiente y disponible para cualquier salvador.
La autoridad legítima protege la libertad porque establece el marco en que todos pueden ejercerla. Una sociedad que solo reclama derechos termina gastando el esfuerzo moral que otros hicieron para sostenerlos. Después descubre, demasiado tarde, que disfrutar de la libertad también obligaba a merecer su conservación. La autoridad no quita libertad. La impunidad sí. Y los derechos, cuando se olvidan los deberes que los sostienen, acaban convertidos en promesas que nadie puede garantizar.