En agosto de 1930 partidos, asociaciones y personalidades opuestos al Monarquía firmaron el llamado Pacto de San Sebastián. Pero la principal cuestión previa fue la decidida postura, mantenida por la representación catalana, de que para tomar parte en el hecho revolucionario necesitaba el “reconocimiento de la personalidad catalana”, pues no podían prescindir de ser catalanes, aun siendo republicanos. Unánimemente, los reunidos acordaron que Cataluña redactase libremente el Estatuto catalán, sometiéndolo en su momento a las Cortes Constituyentes de la República.
El 14 de abril en Madrid se produjo el incruento asalto al poder de la Segunda República española y en Cataluña, el mismo día, Maciá en nombre del pueblo de Cataluña proclamó el Estado catalán, la República catalana y la confederación con las demás repúblicas de España. “Ahora formemos el Gobierno de la República catalana y aquí estaremos dispuestos a defenderla hasta morir”. Dos días después acudieron a Barcelona tres ministros del Gobierno provisional de la República para reunirse con el presidente Macíá y una nota informaba que habían ratificado de la manera más completa y absoluta el cumplimiento del pacto de San Sebastián. El Consejo de gobierno que venía actuando, desde entonces recuperaba el nombre de “Gobierno de la Generalidad de Cataluña”.
El 9 de junio se nombró a seis representantes para que procedieran a redactar el Estatuto de Autonomía y el día veinte siguiente presentaron un primer texto, que fue sometido a referéndum a principios de agosto, confirmado por una mayoría absoluta, y depositado en las Cortes Constituyentes el 18 de agosto.
El proyecto de Estatuto creaba una ciudadanía catalana y declaraba como única lengua oficial el catalán y que en el futuro podían incorporarse a Cataluña otros territorios hispanos. Durante el debate, iniciado en enero de 1932, se produjo el desacuerdo y descontento de los nacionalistas catalanes, que se sentían defraudados en sus aspiraciones, la cuestión principal era la determinación de los recursos que recibiría Cataluña. El proyecto encontró fuerte oposición en toda España y dentro de las Cortes,
El Estatuto fue aprobado en las Cortes el 9 de septiembre de 1932, con una mayoría de votos a favor, pocos en contra, bastantes abstenciones y manifestaciones en su contra en toda España. En el texto desaparecían las referencias a la autodeterminación y Cataluña se constituía como región autónoma. Los impuestos directos eran competencia del Estado, así como la legislación social y el catalán era declarado cooficial con el castellano. Pero se otorgaba un gobierno y un parlamento, con competencias sobre derecho civil, orden público, obras públicas y enseñanza.
El Estatuto rebajado fue bien recibido por la población catalana y así se lo demostraron a Azaña en su viaje a Barcelona; en cambio, para otros representó un gran desengaño. El poder de Cataluña ya no emanaba del pueblo catalán, no era un estado autónomo, sino una región autónoma y tenía otras limitaciones que pesaban sobre los nacionalistas.
En octubre de 1934 hacía tiempo que se venía anunciando un estallido en Cataluña, por parte de los elementos separatistas y el Gobierno de la Generalidad, aprovechando la situación de inestabilidad social en toda España. En los actos oficiales se injuriaba constantemente a España y se clamaba por la Cataluña independiente, sin que se produjera ninguna reacción oficial. La policía y las milicias de los partidos separatistas debían convertirse en el ejército que luche para dar a Cataluña su libertad absoluta.
Declarada en toda España la huelga general en respuesta al nuevo Gobierno, desde la mañana del día cinco grupos compactos y numerosos se dedicaban a recorrer las calles de Barcelona, produciéndose violentos enfrentamientos con las fuerza pública, en los que resultaron algún muerto y varios heridos.
El día siguiente el consejero de Gobernación anunció por radio que, por acuerdo de la Generalidad, las fuerzas adictas a la Generalidad pasaban a ocupar la vía pública. Por la tarde, en una reunión de los consejeros, comisiones y representaciones acordaron proclamar el Estat catalá y pasadas las siete y media, desde el balcón de la Generalidad, su presidente anunció que en nombre del pueblo y del parlamento, el Gobierno que preside asumía todas las facultades del Poder en Cataluña y proclamaba el Estado Catalán de la República Federal. A continuación el presidente Companys informó al general Batet, jefe de la cuarta división orgánica, de la decisión tomada y el general en contestación entregó al emisario una copia del bando de declaración del estado de guerra. Todas las fuerzas del servicio de orden público dependientes de la Generalidad, pasaban a depender de la autoridad militar.
A las diez y media de la noche llegó a la plaza de la República una unidad de Infantería encargada de leer y fijar en lugar público la proclamación del estado de guerra. Poco después llegaban tropas de Artillería y al darse cuenta los Mozos de Escuadra que las unidades se aproximaban, trataron de detenerlas y al no conseguirlo hicieron fuego, cuando las piezas habían ocupado el centro de la plaza, resultando heridos y un muerto.
Sobre la una de la madrugada se dispararon hasta veinte cañonazos contra las fachadas de los edificios de la Generalidad y el Ayuntamiento, continuando con intervalos las descargas, hasta que a las seis y veinte apareció una bandera blanca en el balcón principal y momentos más tarde entraban tropas con la bayoneta calada en la Generalidad. Sucesivamente se fueron entregando los otros focos de la rebelión y dos jefes del Ejército ocuparon los despachos de la Generalidad y el Ayuntamiento. Juzgados y condenados los autores de la rebelión, con la llegada del Frente Popular hubo una amnistía y el Estatuto no sólo volvió a su pleno vigor, sino incluso se acordaron nuevos traspasos.
Entre dos acontecimientos violentos, las dos declaraciones de la República catalana, que se resolvieron, uno con la negociación y otro con las armas, se encuentra el grave y polémico Estatuto, con un carácter meramente político, que no tuvo, ni se supo encontrar, una solución aceptada por ambas partes. Representó un enfrentamiento, que para los nacionalistas catalanes no era una finalidad, sino simplemente un paso más en sus propósitos separatistas. Durante casi todo el año 1932, en las Cortes y fuera de ellas se montó un teatro con sus hombres dialogantes y hombres intransigentes. Los que afirmaban que sólo querían una autonomía y halagaban a los españoles y aquellos que con violencia verbal exigían sus libertades y no estaban conformes con las sucesivas concesiones que iban sacando.
Enfrente estaba una nación que se cansó de protestar por el previsto desmembramiento de España y en medio un Gobierno, presidido por Azaña, que era el mejor valedor que tenían los nacionalistas. La gran desventaja del Gobierno de Madrid, consistía en que para conseguir el triunfo del nuevo régimen, los republicanos tuvieron que pactar con todas las fuerzas rebeldes que existían en el país. Así se presentaba la República ante el reto catalán con las manos atadas, ligaduras de aquel memorable pacto de San Sebastián.
Los catalanes ponían el ejemplo de Polonia, Irlanda y las repúblicas americanas, pobladas por los mismos españoles, que cuando quisieron las libertades las tuvieron. Tenían además la ventaja de poder acusar impunemente a los españoles patrioteros. “Un español no puede aludir a la patria, sin que se vea a punto tildado de patriotero; en cambio, un catalán puede hablar diariamente un leguaje más patrioteril y chauvinista que Mussolini, con un sentido del nacionalista profundamente rancio y se queda tan contento” (José Mª Salaverría, mayo de 1939).
Se equivocó Lerroux, cuando creía que el cuerpo electoral de Cataluña respondería al llamamiento del patriotismo español. Se equivocó al creer que le apoyarían aragoneses, valencianos, murcianos, castellanos, en fin, que sin ser catalanes vivían en Barcelona. No respondieron a su llamamiento.
Los catalanes y no catalanes que sienten en Cataluña el patriotismo español están acostumbrados a verse siempre huérfanos de todo apoyo y de toda protección. Hace falta ser un héroe para sentirse anticatalanista en Barcelona. Si los españoles no catalanes quieren vivir tranquilos no tienen más remedio que someterse o abstenerse de toda actuación política. Háganse cuenta de que viven en el Extranjero, con la diferencia de que no tienen protección diplomática y consular (Royo Villanueva).
Según un periódico catalanista “Los que se han establecido en Cataluña, ellos deben ser los que borren las diferencias. Ellos son los que han de catalanizarse. Ellos los que han de aprender nuestra lengua. Muchos lo han entendido y lo practican así. Los que se obstinan en lo contrario han recibido definitivamente el castigo merecido, el pueblo se ha opuesto a sus pretensiones.
Entre los artículos del Estatuto que más dificultades presentaron para redactarlo fue el segundo, en relación con el bilingüismo, que tuvo gran repercusión en la prensa y dio lugar a largos debates en las Cortes. El proyecto de Estatuto recababa para la Generalidad la facultad exclusiva de organizar la enseñanza en Cataluña, siendo una de las primeras pretensiones la catalanización de la universidad y demás centros docentes de la región.
A esta pretensión se opusieron dentro y fuera de hemiciclo numerosos grupos, alegando las lamentables consecuencias que traería, no sólo para los naturales de otras regiones españolas, sino también para los propios catalanes, que caerían en una autolimitación inconsciente. El Estado no puede sin menoscabo de su integridad abandonar en manos de ningún organismo meramente regional una facultad, que constituye nada menos que uno de sus fines esenciales.
Un manifiesto presentado en las Cortes, decía que la región autónoma puede organizar su propia enseñanza, pero la enseñanza nacional, de la que no puede prescindirse por más autonomía que se otorgue, incumbe exclusivamente al Estado. Es un derecho, pero a la vez un deber ineludible y querer eliminar de Cataluña el idioma castellano o incluirlo en la enseñanza como una simple disciplina, es segmentar las actividades de los ciudadanos. Es arrebatar al obrero un instrumento indispensable de trabajo, al comerciante e industrial un elemento necesario de comunicación y al intelectual un medio indiscutible de ampliación cultural.
Por estas y otras muchas razones solicitamos a las Cortes Constituyentes que den valor y fuerza de ley, en este punto al dictamen de la comisión parlamentaria de Estatutos y que, en consecuencia, se conceda a la Generalidad la facultad de crear los organismos docentes que estime necesarios, pero que el Estado mantenga la enseñanza en castellano en todos los grados, lo cual constituirá una garantía para la persistencia de la cultura española en beneficio de los que voluntariamente deseen valerse de ella. Sigue una larga lista de firmas de los centros de enseñanza y del Comité de la Juventud Socialista.
Un diputado manifestó que no se puede dar la enseñanza a la Generalidad que suprime el nombre de España. Los niños que se eduquen sin conocer el nombre de España, no podrán nunca ser españoles. Si entregáis la enseñanza a Cataluña, fomentaréis el separatismo espiritual, que es peor que el material.
Al año siguiente el pretendido dialogo del bilingüismo se fue convirtiendo en monólogo y en persecución del idioma común de todos los españoles. Se había anunciado la constitución de un comité, del que formaban parte representantes de los partidos nacionalistas, entidades deportivas y de la prensa, cuyo presidente había declarado “que trabajen con entusiasmo ejemplar, sin regatear ningún esfuerzo y llevados por aquel espíritu patriótico, que años atrás parecía debilitado, en la campaña pro catalanización”. El comité se dirige a los industriales y comerciantes pidiéndoles que utilicen siempre el catalán y después los periódicos que se publican en este idioma den una relación de los que van contestando favorablemente a la petición.
El comité va a nombrar subcomités de barriada y cuenta con obtener en breve que las películas que se exhiban en los cines del territorio estén rotuladas en catalán. Es evidente que cualquier resistencia era interpretada como un signo de hostilidad a Cataluña y la Generalidad. El Colegio de Abogados de Barcelona, anunció un concurso para la creación de un vocabulario judicial que substituyera al castellano “con la mayor diferencia posible”. Al mismo tiempo que se trabaja intensamente para lograr, con vistas a la enseñanza universitaria, un léxico científico totalmente nuevo que figurará en los libros de texto catalanes y que ya había empezado a usarse principalmente en la facultad de Medicina.
Una conferencia de Ferrer Calbetó, pocos días antes de la revolución de octubre, trataba de la repercusión económica de la independencia de Cataluña: “Si Cataluña sigue, sentimental y políticamente alejada del resto de España; si nuestra amada tierra quiere de veras el pleno triunfo de su nacionalismo integral, debe aprestarse al sacrificio de sus intereses; debe en acto de renunciación formidable entregar, en holocausto de esta aspiración, su industria y sus bienes materiales y resignarse a vivir como mal pueda una nación de escasamente tres millones de habitantes, con una desproporcionada capital de un millón”.
En Cataluña se plantea la fórmula de plena desintegración en el orden económico con dos estilos, los seudo-románticos que piden la libertad nacional, aunque suponga la ruina, y los seudo-documentados, que la reclaman alegando que Cataluña libre gozaría de una economía más pujante, merced a sus posibilidades de intercambio exterior. Un estudio detenido de los factores que nutren la economía catalana lleva a la siguiente conclusión: el intercambio que Cataluña opera actualmente con las demás regiones españolas no podría ser sustituido, ni en volumen y beneficios por el que, supuesta su independencia, estableciese con otros países. Aquel intercambio es de tipo privilegiado, porque Cataluña vende en España manufacturas y compra principalmente cereales y carnes. Cataluña encuentra en España compradores para el 80 por 100 de sus manufacturas. Si se independizase, ¿cómo, donde y cuando? podría colocar esta producción.
Para terminar y dejar claras y rotundas las pretensiones catalanistas, en mayo de 1933 se publicó que en el Parlamento catalán, a propósito de un debate sobre la ley del Tribunal de Garantías (Tribunal Constitucional), la Esquerra por boca del jefe de la mayoría, negó ese derecho apelatorio y en frase que no podía ocultar su protesta, agregó “Eso equivaldría a formular una declaración ente el extranjero” y “Las leyes que vote el Parlamento catalán serán aplicadas por encima de todo, empleando cuantos medios coercitivos sean del caso”.
Todo lo anterior es un recorrido sobre el “ayer”, hace ochenta y cinco años; el del “hoy” se lo dejo al lector, que si tiene algún parecido será pura casualidad.
Eladio Baldovín
Terminadas estas líneas leo en un periódico: ”Un grupo de filólogos, profesores y escritores periodistas han promovido un manifiesto a favor del catalán, como única lengua de Cataluña y en contra del castellano, que es una lengua de ocupación” y “En Cataluña los hispanistas somos proscritos como El Quijote”.