Fue Alexis de Tocqueville ya en el siglo XIX quien, siguiendo las ideas del liberalismo democrático, propuso el siguiente slogan político: “más Sociedad y menos Estado”.
Sin embargo el desarrollo de los acontecimientos no ha ido precisamente en ésta dirección, sino más bien en la contraria y así hemos visto que el crecimiento del Estado durante el siglo XX y lo que va del XXI, se ha desbordado y amenaza con invadir no solamente el ámbito de la sociedad civil, sino incluso el de lo privado y personal, no quedando sitio al ciudadano para ejercer las libertades básicas derivadas del derecho natural, al tener que enfrentarse con un exceso de leyes, reglamentaciones e impedimentos burocráticos que complican hasta límites impensables el desarrollo de cualquier actividad.
Jovellanos, partidario de la misma línea que Tocqueville, aunque anterior a él en el tiempo, decía que para la buena marcha de un país se necesitaban“pocas leyes y justas” y también la realidad política se ha encargado de dejar obsoleto el lúcido pensamiento de ilustrado asturiano.
Otro sociólogo importante de la época moderna, Max Weber (1864-1920), ya advirtió en su tiempo que el excesivo crecimiento de la burocracia era una “jaula de acero” en la que se vería atrapado y ahogado el ciudadano, pues lejos de facilitar la labor administrativa del Estado, propiciaba una serie de barreras y de impedimentos que esterilizaban cualquier progreso de la iniciativa privada.
Por desgracia, todas éstas opiniones de los intelectuales mencionados, han sido dejadas de lado por quienes han tenido y tienen la enorme responsabilidad de gobernar y, por referirnos a España, hemos visto que el crecimiento del Estado desde la instauración de la democracia hasta nuestros días, ha sido verdaderamente desmesurado y quiérase ver o no, la fragmentación autonómica, con diez y siete parlamentos legislando, a veces en contradicción unos con otros, y la multiplicación insensata de organismos oficiales inútiles, así como el inmenso gasto de dinero y de energías que la estructura autonómica supone, son probablemente la causa más importante de la ruina económica que padecemos y de la desorientación social y política que tiene la España actual.
Es hora de que se asuma por parte de la clase política la necesidad de reformar nuestra Constitución y de reorganizar el Estado, llevándole a una dimensión más razonable y a una eficiencia de la que hoy carece, porque no se puede sostener una estructura que requiere los enormes gastos que su funcionamiento conlleva.
Esta reforma constitucional es urgente y necesaria porque, aunque para muchos políticos la Constitución es algo que está por encima del bien y del mal, no deben olvidar que los errores hay que corregirlos, porque si no se hace así nos llevarán a la ruina y de nada valdrán recortes y medidas de austeridad, muchas veces traumáticas, si no se racionaliza y se disminuye el tamaño del Estado, porque como dicen dos tratadistas importantes de Ciencia de la Administración, los profesores Olmeda y Parrado: “Las Autonomías son una organización vacía que no hace sino reduplicar las redes de poder y las funciones del Estado”. Y ésta opinión la comparte una gran cantidad de ciudadanos que claman por su desaparición.
Y que nadie tema ni se escandalice de la reforma constitucional. Los Estados Unidos que son la democracia más antigua del mundo, sin merma de su devoción por la Constitución Norteamericana, ya la han enmendado nada menos que veintisiete veces y no parece que les vaya mal.