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Dimite el embajador Arístegui: los indicios de corrupción acosan al PP en plena campaña

Gustavo de Arístegui poco después de ser nombrado embajador en la India (El Mundo / ANTONIO HEREDIA)
Domingo 13 de diciembre de 2015

Gustavo de Arístegui dimite como embajador en la India para no perjudicar al Gobierno



  • PABLO HERRAIZ
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EL MUNDO / ACTUALIZADO 13/12/201517:57

Las informaciones reveladas por EL MUNDO sobre los negocios privados del diplomático Gustavo de Arístegui y su socio el diputado del PP Pedro Gómez de la Serna al final le ha costado el puesto en la embajada en la India al primero, que este domingo ha presentado su dimisión. Mientras, el segundo ha sido apartado de la campaña electoral por su propio partido.

El domingo por la tarde se supo que Arístegui deja de ser embajador de España en la India, ya que aunque estos días pasados él, su socio y su partido defendían la legalidad de sus negocios, el miedo a un posible perjuicio electoral ha obligado al PP a tomar medidas.

En una carta dirigida al titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, a la que ha tenido acceso Efe, Arístegui lamenta los "ataques repugnantes" a su honor y profesionalidad, y justifica su renuncia por la "sucia utilización partidista en campaña" de las informaciones que le relacionan con supuestas comisiones cobradas para lograr contratos para empresas españolas. El diplomático justifica su decisión ante la "campaña de destrucción" contra él y para "no perjudicar ni al Gobierno ni a su presidente en plena campaña electoral".

Hay que recordar que el miércoles pasado este diario desveló que los dos históricos miembros del PP cobraban comisiones millonarias por conseguir obra pública en el extranjero a empresas principalmente españolas. Ambos trabajaban como comisionistas a cambio de hacer de agentes para estas empresas, a las que presentaban a gente de gobiernos extranjeros o directivos de empresas públicas y privadas.

Uno de los casos en los que consiguieron negocio fue en Argelia con la empresa Elecnor, a la que al menos lograron que se adjudicaran dos contratos por valor de 480 millones de euros. Un ex socio de los políticos presentó una denuncia en Anticorrupción por estos negocios, en la que figuran decenas de facturas, contratos y otros documentos de la firma Voltar Lassen, bajo cuyo nombre trabajaban los comisionistas.

En esa denuncia incluso constan dos cartas en las que se habla de pago de sobornos a familiares de directivos de la empresa argelina ADE (Aguas de Argelia), que pagaba uno de los contratos a Elecnor.

Aunque los dos afectados por esta información han negado que haya nada ilegal en sus negocios, lo cierto es que la sospecha se ha cernido sobre ellos, ya sea por la poca transparencia de estos negocios, ya por el contenido de la denuncia.

El propio Ministerio de Hacienda, a petición del de Exteriores, abrió el jueves un expediente a Arístegui para analizar su posible incompatibilidad, que podría ser sancionada hasta con la inhabilitación. Ese mismo día a medianoche, el PP decidió abrir sendos expedientes disciplinarios a Arístegui y a De la Serna, y finalmente el viernes se apartó al segundo de la campaña electoral.

Sin embargo, el PP matizó que De la Serna seguirá yendo de segundo en la lista al Congreso por Segovia, porque una vez cerradas las listas es sólo responsabilidad suya seguir en ellas o no, al igual que renunciar al acta de diputado en caso de que saliese elegido.

Arístegui estuvo justificando su trabajo pasado como "su grano de arena" para salir de la crisis, pero el año pasado, Hacienda le embargó al diplomático 163.000 euros por no pagar impuestos, cuando su empresa estaba generando cientos de miles de euros de beneficio, y además éste sigue figurando como administrador único de su empresa, algo prohibido por la ley de altos cargos.

Él argumentaba que dejó a su hijo el negocio nada más ser nombrado, pero en el Registro Mercantil sigue figurando él. De la Serna, por su parte, se justificaba aduciendo que él tenía un sueldo de "sesenta y tantos mil euros" por ser administrador de su empresa de comisiones.

Sin embargo, ni explicó claramente al Congreso en qué consistía ese negocio cuando pidió autorización, ni detalló los beneficios de entre 130.000 y 250.000 euros anuales que obtenía su empresa después de pagar sueldos e impuestos.