España debe superar la idea de que cada estudiante matriculado en una universidad privada representa un alumno menos para la pública y, por tanto, una pérdida de recursos. Las universidades privadas amplían la capacidad del sistema, forman a cientos de miles de jóvenes, movilizan inversión y evitan que todo el coste recaiga sobre los presupuestos públicos. (...)
Durante 2024-2025, las universidades privadas atendieron a 496.380 estudiantes, el 27,2% del alumnado universitario oficial. Su peso fue aproximadamente del 23% en grado y superó la mitad del alumnado de máster, en buena medida por el crecimiento de la enseñanza no presencial.
Si las universidades privadas no existieran, no todos sus alumnos pasarían automáticamente a la red pública. Algunos cambiarían de ciudad o de titulación; otros estudiarían online o no cursarían estudios universitarios. Pero sería poco realista pensar que ninguno intentaría incorporarse a la enseñanza pública. Entre 150.000 y 300.000 estudiantes privados podrían presionar sobre plazas, instalaciones y presupuestos públicos.
La presión ya existe. En el grado presencial público se ofrecieron 245.226 plazas frente a 474.319 solicitudes en primera opción durante 2024-2025. Una universidad privada no necesariamente quita una plaza pública: con frecuencia amplía la capacidad y evita que la falta de oferta impida estudiar.
La diferencia entre el precio familiar y el coste real de formar a un estudiante debe incorporarse al debate. En las universidades públicas, las tasas de un grado oscilan entre 700 y 1.800 euros anuales, según la comunidad y la titulación. La prestación completa incluye profesorado, administración, mantenimiento, bibliotecas, laboratorios e infraestructuras financiadas en buena medida por las comunidades autónomas. Para mantener una referencia homogénea, utilizaremos un coste medio de 8.600 euros anuales por estudiante: 34.400 euros en cuatro años.
En la universidad privada, las familias asumen directamente la matrícula, que puede situarse entre 5.000 y 22.000 euros anuales. Ese dinero financia profesores, instalaciones, tecnología, proveedores y servicios profesionales, además de sostener empleo y actividad económica.
Si 250.000 estudiantes privados hubieran tenido que ser atendidos por el sistema público, el coste teórico alcanzaría unos 2.150 millones de euros anuales, tomando como referencia los 8.600 euros por alumno. No sería un ahorro automático, porque muchos costes son fijos. Pero si entre el 30% y el 50% fuese evitable, el efecto presupuestario potencial se situaría entre 645 millones y 1.075 millones anuales.
El balance positivo no se limita al ahorro público. Incluye la formación de titulados adicionales, el empleo generado, la inversión en campus, la captación de estudiantes internacionales y la posibilidad de que esos jóvenes contribuyan posteriormente mediante impuestos y cotizaciones. La educación superior es una inversión cuyo rendimiento depende de la empleabilidad, la productividad, la permanencia del titulado en España y su capacidad para generar innovación.
Parte de la resistencia a las nuevas universidades privadas se explica por la transformación de los centros adscritos. Muchas instituciones que hoy son privadas —como CEU, Universidad Europea, UNIE, CUNEF, ESIC o Villanueva— fueron centros adscritos a universidades públicas. Impartían la formación en sus aulas y con su profesorado, mientras sus alumnos recibían títulos expedidos por universidades públicas reconocidas.
Los centros adscritos asumían profesorado, instalaciones, captación, marketing y operaciones. Las universidades públicas intervenían en la certificación y supervisión académica, y podían recibir cánones próximos al 20% de los ingresos. Según los datos disponibles, esos centros aportaban unos 248 millones de euros anuales en ingresos directos.
Además, las comunidades autónomas transferían financiación a las universidades públicas teniendo en cuenta a los alumnos de centros adscritos. Si se aplica orientativamente el coste medio de 8.600 euros a los 82.737 estudiantes de estos centros, la financiación teórica asociada ascendería a unos 711,5 millones de euros anuales. Es una estimación homogénea para comparar magnitudes, no necesariamente una transferencia adicional atribuible íntegramente a los centros.
Cuando un centro adscrito se convierte en universidad independiente, la universidad pública puede dejar de percibir parte de esos ingresos. El documento estima que cuatro de las últimas universidades privadas de Madrid dejarían de pagar unos 10,5 millones de euros a dos universidades públicas madrileñas. Es comprensible que lo perciban como una amenaza financiera, pero el dinero cambia de receptor y continúa financiando actividad universitaria, empleo y formación.
La contradicción es evidente. Si un centro era solvente para impartir títulos bajo la cobertura de una universidad pública, su conversión en universidad independiente no puede convertirlo automáticamente en una amenaza. La evaluación debe centrarse en profesorado, investigación, solvencia, transparencia, empleabilidad e instalaciones. La titularidad privada no prueba baja calidad, aunque tampoco exime de controles rigurosos.
La comparación internacional confirma que los sistemas universitarios prestigiosos no excluyen a las universidades privadas. En el ranking de Times HigherEducation 2026, Estados Unidos situó siete universidades entre las diez primeras: MIT fue segundo; Princeton, tercero; Harvard y Stanford compartieron el quinto puesto; Caltech fue séptimo; Berkeley, novena; y Yale, décima. El Reino Unido colocó a Oxford, Cambridge e Imperial College entre las diez primeras.
La clasificación QS 2026 ofreció una imagen similar: MIT, Imperial College y Stanford ocuparon las tres primeras posiciones, seguidos por Oxford y Harvard. En esos países conviven universidades públicas y privadas de investigación, instituciones tecnológicas y universidades especializadas. Su fortaleza procede de atraer talento, financiar investigación y competir globalmente, no de que todas tengan la misma titularidad.
Por eso, es difícil sostener que España mejoraría sus rankings si desaparecieran las universidades privadas. Habría que demostrar que sus recursos, investigadores y estudiantes se trasladarían automáticamente a las públicas y que las públicas los utilizarían mejor. No hay garantía de que ocurriera así. Los rankings valoran investigación, citas, reputación, internacionalización, relación con la industria y capacidad de atraer talento. Eliminar universidades privadas no elevaría por sí solo esos indicadores.
Incluso podría ocurrir lo contrario. Si se redujera la capacidad total, España formaría a menos titulados, perdería estudiantes internacionales y limitaría la competencia por el talento. Las públicas recibirían más demanda, pero no necesariamente más investigación ni financiación. Una mayor concentración de alumnos no equivale a mayor excelencia.
España necesita más financiación competitiva para investigar, mejores carreras académicas, conexión con las empresas y transferencia de conocimiento. También debe evaluar con transparencia qué centros ofrecen mejores resultados, sin convertir la titularidad en un prejuicio.
La ausencia de universidades privadas no eliminaría el coste de formar a sus estudiantes: obligaría a asumir una parte mayor con recursos públicos o reduciría el número de jóvenes formados. España debe tener universidades públicas y privadas, con reglas comunes, competencia leal y controles exigentes. Pero la pelea política y los intereses institucionales a corto plazo debilitan la capacidad de captar y retener talento. Formar a un profesional exige años; perderlo puede ocurrir en meses.
España no puede permitir que cada legislatura reinicie esta batalla mientras otros países compiten por atraer investigadores, estudiantes y profesionales cualificados. Los resultados de PISA muestran la losa del sistema educativo y deberían servir de advertencia. Si la universidad reduce su oferta, castiga la competencia y ahuyenta el talento, el coste se traducirá en menos productividad, innovación, empleo cualificado y competitividad.
España necesita una estrategia universitaria estable y ajena al cortoplacismo político. La educación superior debe organizarse pensando en la próxima generación, no en el próximo ciclo electoral. España no perderá su futuro por tener universidades privadas; lo perderá si la disputa política le impide formar, atraer y retener el talento que necesita.
Antonio Díaz Morales Ph.D.