...A mayor abundamiento, resulta también transcendental reforzar la presencia militar en Ceuta y Melilla con Unidades dotadas de material moderno y en la dimensión suficiente al objeto de que estén capacitadas para resistir en una defensa a toda costa, retrasar el tiempo suficiente antes de la llegada de refuerzos o proyectar su poder a territorio marroquí que permita la defensa táctica, operacional y estratégica de la ciudad. (...)
Introducción
Después de un mes largo de la invasión de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, y tomando como apoyatura la evidencia de que dicha invasión de inmigrantes ha sido provocada y dirigida por Marruecos, confirmo lo expresado en los dos artículos publicados al principio y a mitad del pasado mes de agosto en estas páginas. En concreto, hoy en día los ciudadanos españoles están convencidos de que ha sido un ataque de Marruecos a nuestro país a través de la instrumentalización de los inmigrantes, enmarcado dentro de una guerra híbrida.
Se puede y se debe exigir un trato humano para quienes cruzaron la frontera por diferentes motivos, muchos de ellos debido a guerras civiles, a la miseria, a la pobreza existente en sus países de origen o a la propia desesperación, entre otras razones. Pero con la misma intensidad, solidez y firmeza es imperativo requerir responsabilidades políticas a nuestros gobernantes cuando no responden debidamente ante una violación de las fronteras del Estado y de su soberanía efectuada por un ataque exterior.
En los medios de comunicación da la impresión de que se está informando a la opinión pública la idea de que lo ocurrido en Ceuta es, sustancialmente, una crisis humanitaria. Siendo verdad que en Ceuta existe un problema humanitario grave, lo que se debe aceptar con toda claridad y sin ninguna duda es que lo más importante que ha sucedido ha sido una violación de nuestra soberanía e integridad territorial.
En la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, a la hora de definir el contenido de la Seguridad Nacional se señalan implícitamente nuestros intereses nacionales de seguridad: proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos; garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales; y contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en cumplimiento de los compromisos asumidos.
Está muy claro que, en estos momentos, en Ceuta no está protegida ni la libertad y el bienestar de sus ciudadanos ni está garantizada la defensa de España y sus principios y valores constitucionales. Resulta especialmente importante que exista una respuesta sólida y contundente, a la mayor brevedad, para que estos dos intereses nacionales sean restaurados.
Está en juego nuestra credibilidad como Estado integrante del sistema interestatal internacional que tiene la responsabilidad de defender sus fronteras, su soberanía y su integridad territorial, además de proporcionar seguridad a “todos” sus ciudadanos.
Por otra parte, el artículo 8 de nuestra vigente Constitución declara que “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.
Desde una perspectiva geográfica, la configuración de España es singular, con una dimensión territorial peninsular, archipiélagos, islas, peñones y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en el norte de África, además de una significativa extensión marítima. El territorio nacional constituye una entidad estratégica única, cuyo centro de gravedad reside en el territorio peninsular base fundamental de proyección de fuerzas.
Es decir, desde el punto de vista estratégico, la respuesta a un ataque a cualquier lugar de nuestro territorio nacional se debe responder con todos los poderes del Estado, públicos y privados, a través de un Mando único dependiente de la autoridad política, que coordine e integre la respuesta nacional ante este ataque a la soberanía e integridad territorial.
Análisis
La amenaza de Marruecos
En estos críticos momentos es preciso hablar con naturalidad y sin complejos, manifestando que, desde hace al menos 50 años, para no irnos más lejos, Marruecos está llevando a cabo una estrategia de guerra híbrida contra España. Empezamos por la operación política y militar de la “Marcha Verde”, que tuvo lugar en noviembre de 1975, cuando más de 350.000 civiles marroquíes, muchos de ellos ancianos y niños, entraron de forma pacífica en el territorio español del Sahara Occidental. Fue apoyada por Estados Unidos y se materializó en la ocupación militar marroquí de la mayor parte de dicho territorio. Marruecos sigue manteniendo el control actual de dicho territorio.
El siguiente fue el incidente de la isla de Perejil, un conflicto armado que involucró a España y Marruecos, el primero librado en el siglo xxi por ambos países, desarrollado entre el 11 y el 20 de julio de 2002. El casus belli fue la ocupación militar de la isla de Perejil por una dotación de la Gendarmería Real de Marruecos. Tras un cruce de declaraciones entre ambos países, las tropas españolas desalojaron finalmente a los infantes de Marina marroquíes que habían relevado a los gendarmes.
Otra actuación marroquí fue el incidente fronterizo entre España y Marruecos, cuando en mayo de 2021 unos 10.000 inmigrantes irregulares - de los cuales 1500 correspondían a menores de edad - cruzaron la frontera de Ceuta por las playas de Benzú y El Tarajal. El Gobierno español respondió trasladando fuerzas de seguridad a la zona e implementando un mecanismo de devolución en caliente. La mayoría de los recién llegados fueron devueltos a Marruecos en los pocos días posteriores al incidente.
Tanto la “Marcha Verde” como las dos últimas invasiones de inmigrantes en Ceuta, de 2021 y 2026, nos recuerdan una situación muy similar - salvando las distintas circunstancias y entornos geoestratégicos - a la operación encubierta ejecutada por la Federación Rusa en Crimea, en febrero y marzo de 2014, cuando empleó a los pequeños hombres verdes y que sirvió como pilar fundamental para la posterior anexión de la península. Este despliegue se ha considerado como uno de los ejemplos modernos más exitosos de la decepción militar rusa y de la guerra híbrida.
Aparte de los tres hechos objetivos de Perejil, invasión migratoria en 2021 e invasión en 2026, existen otros acontecimientos ocurridos en 2020 como son la aprobación por el Parlamento de Marruecos de dos leyes con las que oficializó la delimitación de sus fronteras marítimas de manera unilateral, aunque generaron una importante controversia internacional y diplomática, principalmente, debido a dos factores.
Por un lado, ha creado un solapamiento con aguas españolas ya que al fijar una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas y proyectar la ampliación de su plataforma continental hasta las 350 millas, las delimitaciones marroquíes chocan y se superponen directamente con las aguas generadas por el archipiélago de las Islas Canarias.
Por otro lado, la normativa de Rabat extendió sus fronteras marítimas incorporando el mar territorial del Sahara Occidental como si fuera propio. Dicha normativa no cuenta con el reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ni mucho menos del derecho internacional, lo que añade una compleja capa legal al conflicto.
A mayor abundamiento, el área de solapamiento contiene importantes intereses económicos y geopolíticos junto con una gran cantidad de recursos muy atractivos. Uno de los puntos de mayor fricción lo conforma el Monte Tropic, un monte submarino rico en minerales altamente estratégicos muy cotizados para la transición tecnológica, como el telurio, cobalto y tierras raras. Aunque Marruecos aprobó estas leyes a nivel interno, según la convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) las delimitaciones no pueden imponerse de manera unilateral cuando afectan a terceros Estados.
Por ello, estas fronteras no tienen un valor definitivo a nivel internacional y ambos países se mantienen en un proceso de negociaciones técnicas bilaterales para intentar acordar una "mediana" mutua y evitar disputas críticas.
En las últimas semanas, tres ministros del Gobierno marroquí han reivindicado públicamente Ceuta y Melilla. El ministro de Justicia, Abdellatif Quahbi, sostuvo que la cuestión seguirá formando parte del diálogo con España y reivindicó para Marruecos un supuesto “derecho Histórico y geográfico” y reclamó una solución definitiva.
Posteriormente, el ministro de Asuntos Religiosos, Ahmed Tufiq, se refirió, en presencia de Mohamed VI a la “liberación”. Y recientemente, el pasado día 3, el ministro de Obras Públicas y Agua, Nizar Baraka, ha elevado el tono en respuesta a Pedro Sánchez, tras la afirmación del presidente de que ambas ciudades serán españolas a perpetuidad. Baraka asegura que Marruecos considera a España un socio esencial, pero que “no retrocederemos ni un solo palmo de nuestro territorio nacional”.
Sin duda, de estas tres declaraciones, la más impactante y peligrosa para nuestra seguridad nacional es la del ministro de Asuntos Religiosos toda vez que, por una parte, lo ha dicho ante el Rey que ostenta el título de Comendador de los Creyentes (Amir al-Mu'minin), una condición que le otorga la máxima autoridad religiosa en Marruecos como líder supremo de los musulmanes del país y que puede alentar una yihad islámica de imprevisibles consecuencias.
Creo que ante estos hechos objetivos que acabo de enumerar no debiera existir ninguna duda de que todos ellos pertenecen a una persistente estrategia marroquí perfectamente planeada y organizada que pretende integrar dentro de su soberanía nacional tanto el territorio del Sahara Occidental como las ciudades, islas y peñones españoles ubicadas en el Norte de Africa. Ya he mencionado varias veces en diferentes artículos que esta estrategia constituye la aplicación del proyecto político e ideológico irredentista del Gran Marruecos que reclama la ampliación de las fronteras del país más allá de sus límites reconocidos internacionalmente.
La actuación de España
Durante el tramo de tiempo que estamos tratando, es decir, algo más de medio siglo, las relaciones hispano-marroquíes han sufrido altibajos, con unos momentos de buenas relaciones y otros de una gran tensión. Lo que siempre ha sucedido es que las iniciativas en este campo siempre han estado en manos de Marruecos y lo han hecho en situaciones de debilidad nacional. También hay que reconocer que ha fracasado desgraciadamente nuestra disuasión.
En general, la política exterior española siempre ha sido reactiva y muy tibia a la hora de responder a cualquier actuación o declaración marroquí. Ha pasado en nuestra reacción a las diferentes iniciativas y propuestas de Marruecos en referencia al futuro del Sahara Occidental donde el país magrebí ha defendido ante Naciones Unidas su propuesta de autonomía en lugar del referéndum previsto por la resolución principal de las Naciones Unidas que estableció la misión para el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui en la Resolución 690 (1991) del Consejo de Seguridad.
España, que aún sigue siendo potencia administradora del Sahara Occidental, siempre ha sido partidaria del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui hasta el año 2022 en que el presidente Pedro Sanchez en una carta dirigida al rey de Marruecos, Mohamed VI, le manifestaba que “España considera a la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución del diferendo”. Fue un cambio radical y nunca explicado, de nuestra tradicional posición sobre el futuro del Sahara Occidental
Respecto a las dos leyes de 2020 con las que Marruecos oficializó la delimitación de sus fronteras marítimas de manera unilateral, aunque generaron una importante controversia internacional y diplomática, y afectaba muy directamente a los intereses nacionales de seguridad, España apenas se pronunció y su pasividad dio la impresión de que las aceptaba sin reservas.
En cuanto a la invasión de Ceuta de unos 10.000 inmigrantes irregulares en 2021, la respuesta de nuestro gobierno, que inicialmente fue buena, no logró cerrar dicha crisis de violación de fronteras ya que ha vuelto a producirse con mucha mayor intensidad y gravedad en 2026. La única reacción lógica, razonable y contundente fue la magnífica actuación del Gobierno español ante el incidente de la isla del Perejil, en 2002.
Con referencia a las tres declaraciones de ministros marroquíes reclamando y reivindicando los derechos de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, la respuesta de nuestro gobierno limitándose simplemente a hacer declaraciones sobre la españolidad de las dos ciudades, pero sin rechazarlas firmemente y aportar argumentos históricos y jurídicos contundentes sobre su pertenencia a España, en mi opinión ha sido vaga.
Mirando al futuro
Una vez visto lo que quiere Marruecos y lo que está haciendo en contra de España junto con la débil y blanda respuesta y actuación de nuestro país, en primer lugar, hay que afirmar con rotundidad que Marruecos es una amenaza y que la entrada en Ceuta, los pasados días 30 y 31 de julio, de unos 72.000 inmigrantes - 80.000 según fuentes del gobierno - ha sido una violación de la soberanía e integridad territorial de España provocada por el país magrebí. Es decir, es un ataque a la soberanía nacional, integrado en la guerra híbrida, utilizando la inmigración como instrumento político que afecta directamente a la seguridad y defensa del Estado español, por lo que el gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de responder con la máxima celeridad y contundencia para restaurar la frontera en sus límites reconocidos por el derecho internacional.
Otra cosa es que se haya generado una crisis migratoria dentro del territorio ceutí que es preciso solucionar de inmediato, toda vez que repercute muy gravemente no solo por el propio problema humanitario de atender debidamente a los inmigrantes, sino también por la de proporcionar seguridad a todos los ciudadanos de Ceuta cuya responsabilidad corresponde al Ministerio del Interior bajo la dirección del Gobierno de España.
Lo más inmediato y razonable en este momento es que España tome la iniciativa y, en una primera prioridad, solucione la crisis migratoria, devolviendo los inmigrantes a Marruecos al mismo tiempo que se garantiza la seguridad ciudadana y seguridad pública a todo el pueblo ceutí. Para devolver los inmigrantes la vía más directa consiste en negociar el consentimiento de Marruecos con el que, según manifiesta el gobierno, existen unas magníficas relaciones. Para la devolución de inmigrantes a Marruecos es imprescindible contar con el apoyo, asesoramiento y colaboración de la UE.
En este campo no se debe olvidar que Ceuta es frontera europea, con lo que es razonable que la UE pueda prestar ayuda, colaboración y asesoramiento en terrenos como apoyo migratorio y fronterizo, apoyo financiero, cooperación policial junto con la dimensión geopolítica y estratégica. De hecho, España ya ha solicitado expresamente el refuerzo conjunto de Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA).
Tomar la iniciativa también significa reestablecer unas relaciones España-Marruecos más equilibradas, tomando medidas que dinamicen y fortalezcan la posición española. No solo debemos eliminar la pasividad ejercida hasta ahora sino también definir y ejercer con solidez, efectividad y credibilidad una disuasión activa e integrada haciendo ver que cualquier agresión no sería rentable al agresor ni política, ni económica ni militarmente. La clave de la disuasión es que se aprecie claramente la voluntad de utilizar nuestras capacidades militares, entre otras, en caso de agresión.
Asimismo, y aunque ahora se considera poco probable una intervención militar a corto plazo, nuestra iniciativa exige una estrategia anticipativa tomando como apoyatura que para garantizar la defensa militar de Ceuta es totalmente necesario que las Unidades salgan de la ciudad desplieguen con antelación al supuesto ataque al menos a 25 km en dirección a Tetuán y Tánger, creando una zona de seguridad para el territorio ceutí. Luego ya vendrían los refuerzos. Y para ello, es fundamental disponer de unos servicios de inteligencia muy preparados que sean capaces de detectar, valorar y anticipar con la suficiente antelación una posible invasión.
Siguiendo con la toma de la iniciativa por parte de España, es preciso contrarrestar y anular el relato marroquí reivindicando periódicamente Ceuta y Melilla. Lo mismo hay que hacer cuando el Parlamento marroquí aprueba leyes conteniendo una actitud hostil hacia España y en contra del Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Para ello, es necesario dinamizar y activar nuestra política exterior presentando con frecuencia ante la comunidad internacional, ya sea Naciones Unidas, la Unión Europea, la UA o la UEA, entre otras organizaciones internacionales, iniciativas, documentación o propuestas que rebatan con argumentos sólidos el relato marroquí al mismo tiempo que se implanta el propio relato español, amparado en la historia y en el derecho internacional. Repito, ser activos y no reactivos.
En agosto, los ministros europeos de Interior declararon que las fronteras exteriores de la UE son una responsabilidad compartida y que la Unión está preparada para apoyar a España. En concreto, España tiene argumentos para plantear que Ceuta no puede ser considerada exclusivamente un problema bilateral España-Marruecos. Y aquí se puede encontrar una posible evolución de pasar de una respuesta puntual, como Frontex o Europol, a una estrategia europea permanente para Ceuta y Melilla, vinculando migración, seguridad, inteligencia, relaciones con Marruecos y defensa de las fronteras europeas.
España debiera conseguir que la cuestión de Ceuta dejara de presentarse como un problema bilateral hispano-marroquí y pasara a considerarse un problema de seguridad europea y mediterránea. En esta línea debiera llevar el asunto al Consejo de Seguridad de la UE y solicitar una declaración política europea sobre la inviolabilidad de las fronteras españolas. De esta manera, se conseguiría una plena solidaridad europea.
Ante Naciones Unidas, la Unión Africana y la Organización de Estados Americanos, entre otros organismos integrantes de la comunidad internacional, la política exterior española debe presentar y defender tantas veces como sea necesario la verdadera realidad de que Ceuta y Melilla pertenecen a España mucho antes de que existiera Marruecos. Así se define y se considera ante el sistema interestatal mundial con pleno respaldo y apoyo del derecho internacional. En concreto, es necesario convencer a la comunidad internacional de que nuestro relato es el verdadero.
España tiene una capacidad de presión considerable sobre Marruecos como pueden ser medidas tales como reorientar nuestra posición sobre el Sahara, la revisión de contratos públicos, la suspensión de determinados programas de cooperación bilateral, la operación Paso del Estrecho, la revisión de beneficios económicos concedidos a Marruecos, el condicionar nuevos acuerdos económicos, reforzar lazos con Argelia, refuerzo militar selectivo o promover en Bruselas una revisión de determinados instrumentos de cooperación UE-Marruecos.
Mensaje final
Lo más importante y fundamental, que España tome la iniciativa
Estamos en una guerra híbrida con Marruecos hace ya medio siglo, al menos desde la Marcha Verde en la que el país magrebí está ejecutando las medidas necesarias para lograr los objetivos que ha marcado en su proyecto del Gran Marruecos. En estos momentos el escenario de dicha guerra se está centrando en Ceuta donde se ha violado nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Ello supone reorientar la política de seguridad y defensa española ante la amenaza del Sur y establecer una estrategia preventiva permanente ante esta nueva situación.
No hay duda de que ahora lo más inmediato consiste en solucionar la crisis migratoria y proporcionar la seguridad a todos los ciudadanos ceutíes hasta conseguir que Ceuta alcance la normalidad y sus vecinos puedan vivir en las condiciones de paz y de seguridad que son habituales en cualquier ciudad española.
A continuación, es imprescindible establecer una disuasión activa e integrada como se ha mencionado más arriba con despliegues de fuerzas militares y de seguridad preposicionadas en la península para actuar rápida, eficaz y contundentemente antes de que ningún tipo de operación convencional o encubierta se considere como un hecho consumado.
A mayor abundamiento, resulta también transcendental reforzar la presencia militar en Ceuta y Melilla con Unidades dotadas de material moderno y en la dimensión suficiente al objeto de que estén capacitadas para resistir en una defensa a toda costa, retrasar el tiempo suficiente antes de la llegada de refuerzos o proyectar su poder a territorio marroquí que permita la defensa táctica, operacional y estratégica de la ciudad. La defensa de Ceuta debe plantearse simultáneamente como defensa de la soberanía e integridad española, defensa de una frontera de la UE y cuestión de seguridad del flanco sur europeo.
Por otra parte, es indispensable elaborar un relato propio de nuestras relaciones con nuestro vecino del Sur para presentar, convencer y defender ante diferentes actores internacionales como Naciones Unidas, la UE, la UA, la OEA y Estados Unidos, principalmente, nuestros intereses nacionales de seguridad que están respaldados por el derecho internacional.
Por último, ante el plan estratégico de Marruecos mencionado, España como gran nación, debe establecer una estrategia anticipativa permanente, sólida y creíble, en la que se considere la posible amenaza de las islas, peñones y ciudades del Norte de África y su contundente respuesta del Estado en caso de agresión como partes inalienables de nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. También se incluiría la reorientación de nuestra actual posición ante el futuro del Sahara Occidental.
GD (R) Jesús Rafael Argumosa Pila