La Unión de Armas acordada en 1627 con los Países Bajos católicos fue importante no tanto por los soldados que llegó a movilizar como por el problema que intentó resolver: una de las mayores debilidades de la Monarquía Hispánica. Felipe IV gobernaba una extensa reunión de reinos y provincias que compartían soberano, pero no impuestos, leyes ni obligaciones militares. Castilla sostenía una parte desproporcionada de las guerras comunes. El acuerdo negociado por el marqués de Leganés demostró que era posible distribuir la defensa mediante el pacto, sin borrar los fueros de cada territorio. (...)
También dejó al descubierto el peligro de no hacerlo. Trece años después, la crisis de 1640 mostraría hasta qué punto aquella cuestión podía comprometer la continuidad de la Monarquía.
La España de Felipe IV no era un Estado centralizado. Era una monarquía compuesta por Castilla, Aragón, Valencia, Cataluña, Portugal, Nápoles, Sicilia, Milán, los Países Bajos católicos y los dominios americanos y asiáticos, entre otros territorios. Cada uno conservaba instituciones, hacienda y normas propias. El rey era común; las cargas, no. Durante décadas, el tesoro castellano financió ejércitos, armadas, fortalezas y rutas de abastecimiento al servicio de intereses que afectaban al conjunto. El problema se agravó en 1621, cuando terminó la Tregua de los Doce Años y se reanudó la guerra contra las Provincias Unidas del Norte. A ello se sumaban el conflicto europeo de los Treinta Años, la rivalidad con Francia, la defensa de Italia, las rutas atlánticas y la protección del imperio ultramarino. La Monarquía seguía siendo una de las principales potencias europeas, pero sus compromisos crecían más deprisa que sus recursos.
El conde-duque de Olivares comprendió que Castilla no podía continuar soportando casi sola aquel esfuerzo. En noviembre de 1625 llevó al Consejo de Estado su proyecto de Unión de Armas: una reserva común a la que cada territorio contribuiría según su población y posibilidades. El fin consistía en convertir la pertenencia a una misma Monarquía en una obligación recíproca. Cuando un territorio fuese atacado, los demás acudirían en su defensa. A los Países Bajos católicos se les asignó un máximo de 12.000 soldados. Eran las provincias que permanecían obedientes a Felipe IV y combatían contra la república holandesa del norte. Por tanto, la Unión no se pactó con las Provincias Unidas rebeldes, sino con Brabante, Flandes, Luxemburgo, y demás territorios meridionales gobernados desde Bruselas por la infanta Isabel Clara Eugenia. Para conseguir su adhesión, Felipe IV envió en 1627 a Diego Mexía Felípez de Guzmán, recién nombrado marqués de Leganés. La elección no fue casual. Había servido más de veinte años en Flandes, conocía sus instituciones y gozaba de crédito en la corte de Bruselas. No llegaba como un recaudador castellano, sino como representante del rey, encargado de convencer a unas provincias celosas de sus derechos.
Leganés separó con habilidad dos cuestiones que pudieron hacer fracasar la negociación: la adhesión a la Unión de Armas, y otra mucho más gravosa, que los Países Bajos sufragaran una parte mayor de sus guarniciones. Presentadas conjuntamente, habrían provocado rechazo. Negociadas por separado, permitieron alcanzar un acuerdo. Los Estados provinciales dieron su consentimiento a comienzos de diciembre. El acuerdo fue formalizado en Bruselas el 23 de diciembre de 1627. Las provincias aceptaban sostener hasta 12.000 hombres para servir fuera de su territorio, pero solo cuando se encontraran en paz con los holandeses. Mientras continuase la guerra en Flandes, serían ellas las beneficiarias de la ayuda común: recibirían 20.000 infantes y 4.000 jinetes financiados por los demás dominios de la Monarquía. El compromiso se estableció por quince años.
No fue pues, una imposición absoluta ni una simple leva. Fue un pacto condicionado, negociado con las instituciones locales, y basado en la reciprocidad. Los flamencos aceptaban auxiliar a otros territorios cuando pudieran hacerlo; a cambio, la Monarquía debía sostenerlos mientras fueran ellos quienes soportaban la guerra. Esa fórmula contenía una idea extraordinariamente moderna: no igualdad jurídica entre territorios distintos, sino solidaridad proporcional ante una amenaza común. Sin embargo, el éxito de Leganés fue parcial. La Unión encontró mayores resistencias en otros reinos, y la Corona nunca consiguió convertirla plenamente en el sistema estable de defensa que necesitaba. La falta de recursos obligó a recurrir después a medidas más apremiantes. Cuando la guerra con Francia trasladó su presión a la Península, las exigencias militares sobre Cataluña contribuyeron a la rebelión de 1640; ese mismo año, Portugal proclamó rey al duque de Braganza y se separó de la Monarquía. Sería simplista atribuir aquellas rupturas únicamente a la Unión de Armas. Pero también lo sería negar que el fracaso de una contribución común dejó a la Monarquía sin una solución aceptada para distribuir sus cargas. El pacto flamenco probó que la cooperación era posible cuando se respetaban las instituciones, se explicaban las ventajas y se ofrecía verdadera reciprocidad. Allí donde predominó la urgencia o la imposición, la resistencia aumentó.
La misión del marqués de Leganés merece recordarse porque representa una ocasión poco conocida en la que la Monarquía Hispánica intentó transformarse sin destruir su pluralidad. No fue la creación de un Estado uniforme, sino el ensayo de una comunidad defensiva. Su éxito limitado y su posterior frustración anticiparon una cuestión que España arrastraría durante siglos: cómo convertir territorios distintos en responsables de una empresa común sin que ninguno se sintiera explotado, ignorado o sometido.