Mariano Rajoy tuvo mayoría absoluta. Conviene recordarlo, porque en política la memoria suele ser selectiva, y en el Partido Popular más todavía. Tuvo mayoría suficiente para gobernar, para reformar, para rectificar y para derogar. Pudo haber puesto fin a la Ley de Memoria Histórica de 2007. Pudo haberla sustituido por una norma de concordia nacional, respetuosa con todas las víctimas, ajena al sectarismo y firmemente asentada en la igualdad de los españoles ante la ley. Pero no lo hizo. (...)
Prefirió lo de siempre: no tocar demasiado, no incomodar demasiado, no abrir demasiados frentes. Creyó que bastaba con desactivar presupuestariamente una ley que desde su origen, no era simple norma sobre el pasado, sino instrumento político para reinterpretar el presente. Rajoy pensó que dejarla sin oxígeno era suficiente. Y ahí estuvo su error. Porque hay leyes que no mueren por falta de presupuesto. Quedan dormidas, esperan su momento y regresan con más fuerza cuando quien las concibió recupera el poder. Eso es exactamente lo que ha ocurrido.
La Ley de Memoria Histórica no fue solo una mirada retrospectiva sobre la Guerra Civil y el franquismo. Fue el primer eslabón de una cadena ideológica que ha terminado desembocando en la Ley de Memoria Democrática. Y esta última ya no se limita a levantar un relato oficial sobre el pasado. Ahora proyecta consecuencias jurídicas, administrativas, censales y políticas sobre el presente y sobre el futuro electoral de España. La llamada Ley de Nietos, alojada en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, permite optar a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles nacidos fuera de España. El Boletín Oficial del Estado recoge expresamente esa vía de adquisición de nacionalidad para nacidos en el extranjero de padre, madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles y hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad por causa del exilio.
Sobre el papel, la fórmula se presenta como reparación histórica. En la práctica, abre una cuestión política de primer orden: hasta qué punto puede alterarse el cuerpo electoral de una nación mediante una nacionalización expansiva, tramitada fuera de España, con efectos directos sobre el censo y, por tanto, sobre la soberanía popular. El Partido Popular denuncia hoy lo que califica como una fabricación de nuevos votantes. Según datos publicados estos días, hasta marzo de 2026 se habían concedido más de 540.000 nacionalidades al amparo de la Ley de Memoria Democrática, mientras que las solicitudes y expedientes se cuentan ya por millones. Lo denuncia con razón política, pero con escasa autoridad moral si no empieza por reconocer su propia responsabilidad. Porque el PP no está ante una tormenta caída del cielo. Está ante una consecuencia. Y esa consecuencia nace, en buena medida, de la pasividad de quien tuvo los votos, los escaños y la legitimidad parlamentaria para cortar de raíz el problema cuando todavía podía hacerlo.
Rajoy no lo hizo.
No bastaba con neutralizar, congelar partidas o mirar hacia otro lado mientras se confiaba en que el tiempo enterraría el asunto. En política lo que no se deroga queda vivo. Lo que no se combate se consolida. Lo que no se corrige acaba creciendo. Y lo que se deja sembrado en el Boletín Oficial del Estado termina dando fruto, aunque sea años después y en manos de gobiernos más audaces, más ideológicos y menos escrupulosos. Hoy nos encontramos ante una situación de enorme gravedad política: la extensión de la nacionalidad y, con ella, del derecho de sufragio, a personas cuya vinculación real, efectiva y cotidiana con España puede ser muy débil o incluso inexistente. Personas que en muchos casos no han residido nunca en territorio español, no conocen de primera mano sus problemas, no soportan sus cargas fiscales ordinarias, no padecen sus servicios públicos deteriorados, no viven sus inseguridades, no sufren sus impuestos ni comparten las consecuencias inmediatas de las decisiones que con su voto pueden contribuir a imponer.
La nacionalidad española no puede convertirse en una herramienta expansiva al servicio de una estrategia electoral. No puede tratarse como una credencial sentimental, hereditaria o ideológica, desligada de una relación viva con la nación. Ser español no debería reducirse a un expediente administrativo acelerado, ni a una reparación política convertida en mecanismo censal, ni a una ingeniería jurídica que afecte al cuerpo electoral sin un debate profundo, leal y transparente ante la ciudadanía.
La experiencia internacional demuestra que las llamadas censales no son asunto menor. Venezuela ofrece un precedente suficientemente inquietante. Antes del referéndum revocatorio de 2004, el chavismo impulsó la llamada Misión Identidad, un plan masivo de regularización y nacionalización de extranjeros. Chávez anunció entonces la concesión de nacionalidad venezolana a 216.000 extranjeros en apenas mes y medio; estudios posteriores sitúan la campaña de naturalización entre 2004 y 2006 por encima de los 420.000 nuevos nacionales. Naturalmente, España no es Venezuela. Pero precisamente porque España no es Venezuela debe aprender de esos procesos antes de que sea tarde. La comparación no consiste en afirmar que ambos sistemas sean idénticos, sino en advertir que todo poder tentado de perpetuarse busca antes o después intervenir sobre las reglas del juego: el relato, las instituciones, los jueces, los medios, el censo. Y cuando el censo se convierte en territorio de disputa partidista, la democracia entra en una zona de riesgo.
El chavismo comprendió pronto que no solo se ganan elecciones con propaganda. También se ganan ampliando, orientando o administrando políticamente el universo de votantes. La nacionalidad, en ese contexto, deja de ser un vínculo jurídico con la nación para transformarse en una palanca de poder. Ese es el peligro que España no puede permitirse ignorar: que una memoria presentada como reparación termine sirviendo como mecanismo de reconfiguración electoral. Y aquí vuelve la pregunta incómoda: ¿dónde estaba el Partido Popular cuando pudo impedir que la memoria se convirtiera en plataforma jurídica para todo lo que ha venido después? La respuesta es sencilla: estaba administrando la inercia.
Rajoy gobernó como si la mayoría absoluta fuese una licencia para no decidir. Como si la prudencia consistiera en no tocar los conflictos de fondo. Como si la estabilidad se lograra dejando intactas las semillas de la inestabilidad futura. Su Gobierno confundió moderación con renuncia, gestión con liderazgo, contención con cobardía política. Y esa forma de gobernar, tan celebrada entonces por quienes identificaban el silencio con la sensatez, tiene hoy consecuencias. Porque el problema de Rajoy no fue solo lo que hizo. Fue, sobre todo, lo que no hizo. No derogó una ley que abría la puerta a una concepción sectaria de la historia. No cerró el paso al uso partidista de la memoria. No planteó una alternativa nacional basada en la reconciliación, la igualdad y la verdad completa. No quiso librar la batalla cultural cuando tenía mayoría para hacerlo. Y ahora el PP se encuentra denunciando los frutos de un árbol que pudo talar y prefirió podar. Ese es el drama.
El Partido Popular lamenta hoy la utilización política de la memoria, pero durante años permitió que ese marco quedara en pie. Critica hoy la posible alteración del censo, pero no impidió que el principio jurídico-político que la alimenta siguiera vivo. Se escandaliza hoy de que el Gobierno utilice la nacionalidad como vía de expansión electoral, pero cuando tuvo poder suficiente no blindó la nacionalidad española con el rigor, las garantías y la solemnidad que exige pertenecer a una comunidad histórica, jurídica y política como España. Por eso el reproche debe ser claro: Rajoy pudo evitar lo que hoy el PP lamenta. Pudo hacerlo con una derogación expresa, con una nueva ley de concordia o explicando a los españoles que la historia no puede ser monopolio del Estado ni arma electoral de ningún partido. O bien defendiendo que la ciudadanía española exige vínculos reales, garantías efectivas y respeto al cuerpo político nacional. Pudo hacerlo, pero no lo hizo. Y cuando un gobernante puede actuar y no actúa, también es responsable de las consecuencias.
La derecha española lleva demasiado tiempo creyendo que basta con ganar elecciones para gobernar. No basta. Hay que gobernar de verdad. Gobernar es decidir, corregir, o desmontar las estructuras ideológicas heredadas cuando esas estructuras amenazan la neutralidad del Estado, la igualdad entre españoles o la limpieza del sistema democrático. Rajoy eligió la comodidad de no derogar. Hoy el Partido Popular paga el precio de aquella comodidad. Y España puede acabar pagando un precio mucho mayor: que el censo electoral, fundamento mismo de la soberanía popular, se vea condicionado por decisiones adoptadas no desde una idea exigente de nación, sino desde una estrategia de supervivencia política.
La historia no perdona las omisiones. Y en este caso la omisión tuvo nombre propio: Mariano Rajoy Brey.