La literatura sobre innovación lleva años señalando algo que en España apenas miramos: los estudiantes internacionales de máster y, sobre todo, de doctorado, son una palanca directa de I+D en los países de destino, una forma de “capital humano internacional investigador” tan valiosa como muchas infraestructuras físicas. Son jóvenes altamente cualificados que durante varios años se integran en laboratorios y grupos de investigación: impulsan proyectos, analizan datos, realizan experimentos, escriben artículos, solicitan patentes y, en muchos casos, emprenden. Atraer y retener este talento equivale, en la práctica, a importar capacidad de innovación. (...)
En Estados Unidos, estimaciones del Banco Mundial y de diversos economistas muestran que un aumento del 10% en el número de estudiantes de posgrado internacionales eleva alrededor de un 4,5% las solicitudes de patentes y entre un 5 y un 7% las patentes concedidas a universidades y empresas. Los doctorandos extranjeros son una parte esencial de la fuerza de trabajo científica y tecnológica, especialmente en ingeniería, informática, biomedicina o economía aplicada. Sin ellos, la producción de resultados de investigación se reduce de forma drástica. Por eso las grandes universidades norteamericanas han competido durante años por captar a los mejores candidatos internacionales.
Ese modelo, sin embargo, está tensionado. En los últimos años, la política migratoria de la administración de Donald Trump ha endurecido las condiciones de entrada y estancia para perfiles internacionales, con más controles, límites temporales más estrictos y la posibilidad de restringir programas clave como el Optional Practical Training (OPT), que permite a los graduados trabajar tras los estudios. Diversos analistas y organizaciones del propio sistema universitario advierten de que estas restricciones ya están reduciendo nuevas matrículas y pueden dañar la capacidad de innovación del país. Ese giro abre, de forma indirecta, una ventana de oportunidad para otros destinos capaces de ofrecer programas de investigación de calidad y trayectorias profesionales claras a quienes buscan alternativas fuera de Estados Unidos.
Países como Australia muestran el reverso de la moneda. Allí, los estudiantes internacionales de doctorado representan en torno al 40% de todas las matrículas de PhD, y las universidades subrayan que este talento es indispensable para mantener el volumen actual de proyectos y la presencia del país en consorcios globales. No se les ve como “turistas académicos”, sino como personal investigador en formación, y las matrículas internacionales financian una parte relevante de la capacidad de I+D. A escala europea, los análisis del European Patent Office y de la Comisión Europea apuntan a la misma idea: las universidades con mayor proporción de doctorandos extranjeros tienden a tener más copublicaciones internacionales y más patentes por investigador.
¿Dónde está España en este mapa? Los datos de la OCDE y de la Unión Europea sitúan a nuestro país en una posición intermedia. Según Education at a Glance, los estudiantes internacionales representan alrededor del 4–4,5% del total de estudiantes terciarios en España, frente a una media OCDE del 7,4%. Es decir, atraemos menos alumnado internacional que la media de los países avanzados, aunque la cifra ha crecido. El European Innovation Scoreboard indica que la proporción de doctorandos extranjeros sobre el total de doctorandos españoles es moderada y por debajo de la media de los países más innovadores, mientras que las copublicaciones científicas internacionales sí han crecido por encima de la media europea. Nos integramos mejor en las redes científicas, pero con una base todavía pequeña de estudiantes de doctorado procedentes de otros países.
Al mismo tiempo, el gasto en I+D en España se mantiene en torno al 1,4% del PIB, por debajo del promedio de la UE, cercano al 2,3%, y el número de investigadores extranjeros en nuestras plantillas sigue siendo reducido. Todo apunta a que no estamos aprovechando el potencial del talento internacional de posgrado para reforzar el I+D+i nacional. Además, casi la mitad de los estudiantes internacionales que vienen a España proceden de Hispanoamérica, lo que debería ser una ventaja estratégica: bien orientada hacia programas de investigación y doctorado, esta corriente podría convertirnos en nodo natural del espacio científico hispanoamericano.
La ecuación se completa si miramos hacia fuera. Los estudiantes españoles con matrícula ordinaria en universidades extranjeras para cursar estudios completos superan ya los 50.000, a los que se suman decenas de miles en programas de movilidad cada curso. Muchos se forman en sistemas punteros y, en no pocos casos, encadenan contratos o estancias posdoctorales fuera de España. Si una parte significativa de este talento regresara con su experiencia internacional a nuestras universidades, empresas y centros de I+D, el impacto sería notable: más investigación aplicada, mejores redes, más emprendimiento de base tecnológica y una mejora gradual de la productividad en sectores de alto valor añadido. La cuestión es si les ofrecemos oportunidades profesionales y condiciones de investigación lo bastante atractivas como para que vean el retorno como una decisión razonable.
La pregunta clave es si los alumnos internacionales en nuestras universidades son comparables a los que han impulsado la innovación en otros países. La respuesta es que sí. Un estudiante internacional de doctorado en España suele tener un nivel de formación y motivación similar al de sus homólogos en Estados Unidos, Australia o los Países Bajos: quiere investigar y aportar valor a empresas y centros de investigación. Lo que cambia no es el perfil, sino el entorno institucional. En los países líderes, muchos de esos estudiantes se concentran en programas de doctorado y máster de investigación en áreas STEM y de salud, integrados en proyectos financiados y con itinerarios claros hacia permisos de trabajo y estancias posdoctorales. En España, el peso de los estudiantes internacionales es mayor en grados y másteres profesionalizantes y menor en programas estrictamente orientados a I+D. La conexión con el mercado laboral innovador y con la economía del conocimiento es más frágil. No es tanto una cuestión de “calidad” del alumno como de qué le ofrecemos y qué puentes construimos hacia la empresa y la investigación aplicada.
En este escenario, el papel de las universidades público‑privadas merece más atención. En los países líderes, una parte importante del capital humano internacional investigador se forma en instituciones privadas o semiprivadas: universidades como Stanford, MIT o Caltech, todas privadas, son polos mundiales de atracción de doctorandos, patentes y empresas tecnológicas. En Australia ocurre algo parecido con universidades que, siendo públicas, funcionan con un fuerte componente de autofinanciación: los ingresos de estudiantes internacionales se reinvierten en laboratorios, equipamiento y equipos de investigación. En Europa continental encontramos modelos mixtos, pero con un patrón similar: cuando universidades privadas o de inspiración privada apuestan por la investigación y los doctorados, atraen talento internacional, colaboran con empresas y contribuyen de forma relevante al ecosistema científico.
España, en cambio, discute sus nuevas universidades casi siempre en clave formalista: número de grados, solvencia económica, porcentajes de profesorado doctor o acreditado. Mucho menos se pregunta qué contribución concreta podrían hacer al I+D nacional en forma de programas de doctorado, captación de alumnos internacionales de posgrado y proyectos de investigación aplicada. El marco regulatorio reciente ha endurecido las condiciones para crear universidades, elevando de 2 a 3 el mínimo de programas de doctorado y exigiendo mayores ratios de profesorado con experiencia investigadora. Para algunos promotores esto es una barrera; para otros, una forma de obligar a que cualquier nuevo actor que entre en el sistema lo haga con una vocación real de I+D.
En este contexto, cobran interés los proyectos universitarios que, desde su diseño, deciden alinearse con la lógica de los países líderes: hacer del posgrado investigador y de la atracción de talento internacional un eje central, no un complemento. Hay iniciativas que están configurando su futura oferta con varios programas de doctorado —no el mínimo, sino una apuesta amplia— y con la vocación de integrarlos en redes internacionales y en proyectos de I+D+i con empresas. Si estos proyectos culminan su proceso de autorización, podrían contribuir a que España pase de un modelo universitario centrado en grados a otro en el que los másteres de investigación y los doctorados tengan un peso mucho mayor.
La lógica es simple: cada programa de doctorado bien diseñado es una “fábrica” de conocimiento que, con el tiempo, puede generar tesis, artículos, proyectos competitivos, contratos de I+D con empresas y nuevas compañías de base tecnológica. Si, además, esos programas se plantean desde el inicio para ser atractivos a estudiantes internacionales —especialmente del ámbito iberoamericano—, el efecto se multiplica. España comparte lengua, marcos culturales y vínculos económicos con Hispanoamérica. En un momento en el que Estados Unidos introduce incertidumbre para una parte de estos perfiles por las nuevas restricciones de visado, una oferta sólida de doctorados en universidades españolas con vocación investigadora puede convertirse en alternativa creíble.
La inteligencia artificial puede reforzar este círculo virtuoso. Una universidad que integra la IA en su modelo académico puede usarla para identificar talento internacional, personalizar itinerarios de aprendizaje, apoyar a los doctorandos en su trabajo científico y facilitar la colaboración entre sedes. También puede emplear analítica avanzada para entender mejor dónde se generan sus resultados de investigación, con quién se publican los mejores trabajos y qué alianzas internacionales aportan más valor. Todo ello contribuye a que cada estudiante internacional de posgrado no sea solo un número en una estadística, sino un nodo activo en una red global de conocimiento.
Si España quisiera alinearse de verdad con las políticas de los países líderes, el camino es claro: aumentar de forma estable la inversión en I+D, reforzar la oferta de doctorados exigentes y bien financiados, abrir más decididamente la puerta al talento internacional de posgrado y facilitar el retorno de españoles formados fuera. Aumentar el porcentaje de estudiantes internacionales en másteres de investigación y doctorados, conectarlos directamente con proyectos empresariales y centros tecnológicos y crear incentivos para que universidades públicas, privadas y público‑privadas que apuestan por la investigación se conviertan en aliadas de la política de innovación tendría un efecto multiplicador sobre nuestra producción científica, nuestras patentes y nuestra capacidad de transferencia.
Hoy, sin embargo, España sigue en tierra de nadie: con un gasto en I+D por debajo de la media europea, una proporción modesta de estudiantes y doctorandos internacionales y un debate sobre las universidades privadas más centrado en la forma que en el impacto real sobre la innovación. La buena noticia es que no partimos de cero: contamos con un sistema universitario de calidad reconocida, una posición privilegiada en el espacio hispanoamericano y proyectos universitarios que han entendido que, sin una apuesta fuerte por el posgrado investigador y el talento internacional, no hay futuro en la economía del conocimiento. La cuestión es si seremos capaces de ver a esos estudiantes internacionales y a nuestros propios graduados en el exterior como lo que son: un recurso estratégico para transformar el I+D+i de España, y no un asunto meramente administrativo.
Antonio Díaz Morales Ph.D.