En los últimos meses, la política exterior española ha quedado atrapada en una paradoja inquietante: mientras el Gobierno se esfuerza por proyectar una imagen de compromiso con los derechos humanos y la paz internacional, algunos de sus socios —especialmente los vinculados a la extrema izquierda— adoptan posturas que lo contradicen abiertamente. El resultado es una España desdibujada, sin voz clara, sin rumbo diplomático, y cada vez más condicionada por pulsiones ideológicas que la alejan del consenso europeo.
El caso más flagrante es el del conflicto Israel-Gaza. Mientras la comunidad internacional —incluidos países árabes moderados— respalda un plan de paz que busca frenar la espiral de violencia, los partidos de extrema izquierda españoles se alinean con una narrativa maximalista, que no distingue entre la legítima defensa de Israel y la barbarie de Hamás. Esta postura, lejos de contribuir a la paz, alimenta la polarización y deja a España en una posición marginal, incapaz de ejercer influencia real en el tablero internacional.
A esta deriva se suma el sorprendente silencio institucional ante la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder de la oposición democrática en Venezuela. Mientras gobiernos de todo el mundo celebraban el reconocimiento, en España apenas se escuchan voces oficiales. ¿Por qué? Porque elogiar a Machado implica confrontar el legado chavista, aún reverenciado por ciertos sectores de la izquierda radical y por el propio Gobierno. El silencio, en este caso, no es neutralidad: es complicidad por omisión.
Pero lo más preocupante no es la incoherencia diplomática, sino el resurgir de una praxis política que parecía enterrada. Las declaraciones del exvicepresidente Pablo Iglesias, pidiendo la detención de Isabel Díaz Ayuso por negarse a crear un registro de médicos objetores al aborto, son un síntoma claro. No se trata de una crítica política, sino de una amenaza judicial revestida de ideología. El adversario no es un rival legítimo, sino un enemigo a neutralizar. Esta lógica, propia de regímenes autoritarios, convierte la disidencia en delito y la pluralidad en traición.
La izquierda española, que durante décadas se presentó como garante de la justicia social y la transparencia, parece hoy atrapada en una contradicción insalvable: predica derechos mientras vulnera libertades, invoca la democracia mientras desprecia sus reglas. Y cuando esa izquierda forma parte del Gobierno, el daño no es solo simbólico: es institucional.
España necesita recuperar el sentido de Estado. No puede seguir siendo rehén de minorías ideológicas que confunden el poder con la militancia. La política exterior, la defensa de los derechos humanos y el respeto a la legalidad no pueden estar supeditados a la agenda de partidos que aún reivindican modelos fracasados. Porque cuando el Estado se pliega a la ideología, deja de ser garante del bien común y se convierte en instrumento faccioso.
La historia nos ha enseñado que los grandes retrocesos democráticos no siempre llegan con golpes de Estado. A veces se infiltran lentamente, disfrazados de justicia, envueltos en discursos emancipadores, legitimados por el silencio. Y cuando el poder deja de rendir cuentas, cuando la crítica se convierte en delito y la disidencia en sospecha, lo que resurge no es progresismo, sino autoritarismo de nuevo rostro.
Desde una perspectiva institucional, esta situación plantea riesgos evidentes:
La deslegitimación del Estado como garante del bien común.
La pérdida de autoridad estratégica en el ámbito internacional.
La erosión de la confianza ciudadana en las estructuras democráticas.
La normalización de discursos que justifican la arbitrariedad en nombre de la causa política.
Las Fuerzas Armadas, como institución vertebradora del Estado, deben observar con atención esta deriva. No desde la confrontación partidista, sino desde la defensa de los principios constitucionales que garantizan la unidad, la legalidad y la soberanía nacional. Porque cuando el poder se ejerce sin límites, sin respeto por la pluralidad y sin rendición de cuentas, lo que se debilita no es un gobierno, sino la arquitectura misma del Estado.
España necesita recuperar el sentido institucional, la claridad estratégica y el respeto por las reglas. Y en ese proceso, la defensa nacional no puede quedar al margen. La seguridad no es solo militar: es también jurídica, diplomática y moral. Y cuando esas dimensiones se ven comprometidas, el país entero entra en zona de riesgo.