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Todos conocemos o debemos conocer los límites de la libertad de expresión, que los marcan los diferentes pactos, códigos y leyes nacionales e internacionales admitidos e impuestos –más allá de la lógica personal– por la sociedad global y democrática. Y que los tribunales se encargan de corregir su incumplimiento, de aquella manera, también por cierto.
Pero hay algo, un pequeño gran detalle, que invalida la opinión publicada en todo caso: el anonimato de quien así la expresa; el opinador embozado producto, quizá, en algunos casos, del miedo, de la timidez o la vergüenza, y en otros, también quizá, de la mala fe o de intereses espurios, que todo puede caber tras el embozo.
En la expresión de la opinión ¿el anonimato es legal? Puede que sí, aunque tengo mis dudas. ¿Es oportunista? Ya lo creo. ¿Es cobarde? Siempre. ¿Merece credibilidad el embozado? Ninguna, aunque su opinión coincida con la nuestra. ¿Excita la controversia? Para nada, todo lo contrario.
¿Cómo puede establecerse un diálogo, una libre polémica entre uno mismo y un ente del que ignoramos sus características mínimas tales como su condición humana –la sombra de la IA aparece también sin previo aviso–, determinada hoy al menos por sus apellidos y su nombre?
Expresarse libremente en público siempre es, además de un derecho, un acto de responsabilidad y esta es personal e intransferible, lo que implica un alto precio que hay que estar dispuesto a pagar: poner la identidad de quien así se expresa a merced de los destinatarios de su opinión, guste o aterre, que de todo hay… sin olvidarse de las consecuencias que esta cesión conlleva.
Un cordial saludo a los embozados.
12 de octubre de 2023
Juan Manuel Martínez Valdueza
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