El fin de semana del 3 y 4 de septiembre, el enviado especial de la ONU para el Sahara Occidental, Staffan de Mistura, inició una visita a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) en la que se reunió con varios representantes del Frente Polisario, incluido su líder Brahim Ghali que, a su vez, es presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El avión utilizado no era el habitual de la Fuerza Aérea española sino uno de Air Algerie, indicador de la desconfianza actual del Frente Polisario respecto a España a consecuencia del cambio de postura anunciada por el presidente español, Pedro Sánchez, el pasado mes de marzo. (…)
...
El lunes, día 5, de Mistura llegó a Argel donde fue recibido por el ministro de Exteriores argelino, Ramtane Lamanra, y el día 12 fue recibido en Nouakchott por el presidente de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani. Con ello, el enviado de la ONU completó la gira que tenía prevista realizar por todos los países implicados en la cuestión del Sahara, el pasado mes de julio, tras su viaje a Rabat. El propósito de Mistura consiste en recoger la máxima información sobre el terreno con el objeto de presentar su primer informe a Naciones Unidas el próximo mes de octubre.
El Frente Polisario reclama la celebración de un referéndum de determinación en el territorio. Marruecos rechaza esta vía y promueve desde 2007 una autonomía bajo su soberanía. Ambos gobiernos, el del reino alauí y el del Frente Polisario, estuvieron en guerra entre 1975 y 1991, año en el que se declaró el alto el fuego. Dicho alto el fuego lo rompió el Frente Polisario en noviembre de 2020 y en el momento actual ambos países están en guerra.
En la actualidad del teatro geopolítico del Norte de África y el Atlántico Oriental (ANAO) nos encontramos con tres países que tienen unas relaciones entre sí ciertamente complicadas, complejas y no exentas de posible conflictividad. Estos tres países son España, Marruecos y Argelia. Sobre estas relaciones vuela permanentemente la cuestión del Sahara Occidental. En estas relaciones también tienen un protagonismo especial Estados Unidos, Francia, Mauritania, Túnez y Libia.
Desde la independencia de Argelia en 1962, el clima entre Argelia y Marruecos ha sido poco cordial y con altas dosis de desconfianza. Los conflictos fronterizos -aún no se ha definido la frontera terrestre que está cerrada desde 1994- y la cuestión del Sahara Occidental, territorio que reclama Marruecos y para el que Argelia exige un referéndum de autodeterminación, han impedido cualquier normalización entre los dos vecinos. Sin duda, el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, en diciembre de 2020, ha supuesto un fuerte revés para Argel.
En cuanto a la reacción de Argel a la nueva posición española, desde dicho mes de marzo, ha retirado a su embajador de Madrid, ahora destinado en París, ha suspendido el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que marcó las relaciones bilaterales durante cerca de dos décadas y ha congelado las transacciones con entidades españolas excepto las vinculadas con el gas natural.
Por otro lado, la independencia del Sahara Occidental permite a Argelia establecer un cerco geopolítico a su principal rival -se entiende que la RSAD será su aliado-, impide a Marruecos hacerse con la riqueza de minerales y aguas territoriales saharauis y le prohíbe alcanzar la crucial posición geoestratégica que supone tener la soberanía del territorio de Saguia el-Hamra.
En el caso de Marruecos, la soberanía sobre el territorio saharaui le proporciona dos importantes ventajas estratégicas. La primera, en los recursos: fosfatos, derechos de pesca, explotación de hidrocarburos, así como ampliar la ZEE y la plataforma continental hasta el monte submarino Tropic que contiene importantes reservas de telurio y cobalto. La segunda, al incrementar su territorio en 266.000 Km2 le sitúa en una posición geoestratégica clave enfrente de Canarias, le posibilita llegar a ser una potencia africana capaz de dar estabilidad a la región contando con el apoyo de Estados Unidos, con independencia de paralizar la salida al Atlántico de Argelia.
Para España el reconocimiento del Sahara Occidental como Estado independiente, democrático y sólido constituye un factor de estabilidad en el teatro geopolítico del ANAO ya que, entre otras cosas, facilita el equilibrio geoestratégico en dicho teatro, incrementa la seguridad de nuestro entorno estratégico más cercano, responde a nuestros intereses estratégicos al mismo tiempo que aumenta nuestra credibilidad y prestigio regional e internacional.
Si bien es cierto que Estados Unidos suele mantener una política exterior estable y permanente, también es verdad que algunas veces la cambia como ha ocurrido este año en su posición sobre Venezuela y sobre Arabia Saudí. Al ser un actor esencial en esta cuestión, sería bueno aprovechar las buenas relaciones hispano-estadounidenses actuales, después del éxito conseguido por Madrid en la Cumbre de la Alianza donde se aprobó el Concepto Estratégico de la OTAN 2022 al mismo tiempo que se aceptaba el despliegue de dos destructore más en la base de Rota -donde ya había cuatro- que forman parte del escudo antimisiles de la OTAN.
A fecha de hoy, hay 81 países que reconocen a la RASD -de los actuales 193 países miembros de Naciones Unidas- en tanto que Estados Unidos, Francia, Alemania y España apoyan la propuesta de autonomía marroquí. Por otro lado, en la Unión del Magreb Árabe (UMA), fundada en 1989, existe una creciente inestabilidad provocada por Marruecos. A la rotura de relaciones entre Argel y Rabat se une las recientes tensiones entre Marruecos y Túnez a causa de la invitación de este último país a la RASD a la cumbre entre la Unión Africana y Japón, al mismo tiempo que ambos países, junto con Libia, están a favor de la celebración de un referéndum en el Sahara Occidental siguiendo la doctrina de las Naciones Unidas. Mauritania adopta una posición de “neutralidad”.
No se debe olvidar que España continúa siendo la potencia administradora del Sahara Occidental de “iure” aunque no de facto ya que Naciones Unidas, en el año 2002, dictaminó la nulidad del Acuerdo Tripartito de Madrid, de 1975. De hecho, NNUU sigue considerando a España como potencia administradora con las obligaciones señaladas en los artículos 73 y 74 de la Carta.
Con independencia de las repercusiones políticas, jurídicas y estratégicas que tenga la carta del presidente Sánchez y el comunicado hispano-marroquí del pasado mes de marzo, ya sea en el ámbito regional o en el entorno internacional, parece conveniente que el Estado español tenga en cuenta, de acuerdo con la doctrina de Naciones Unidas y el derecho internacional, las consideraciones que se relacionan a continuación.
Jesús Argumosa Pila
General de División (R)