Los de Podemos dicen que quieren revisar el contenido de las enseñanzas del bachillerato. Si es para resaltar los valores de democracia y tolerancia de la Segunda República, aquí tienen otro argumento, de los numerosos que se dieron, para justificar sus pretensiones. (…)
… Se trata de los sucesos acaecidos en un pequeño pueblo de la provincia de Cádiz, llamado Casas Viejas que, en enero de 1933, cuando se veían venir graves sucesos en el campo andaluz, allí donde predominaban los latifundios y los numerosos temporeros eran la mano de obra, entre los que se prodigaba la propaganda extremista, con consignas revolucionarias anarquistas, como «La tierra es de quien la trabaja», «El asalto a las fincas, el apropiarse de la propiedad ajena por la violencia no es nada más que el crecimiento espiritual de la masa» y «las hoces sirven para algo más, llevad la mano al cuello y segar alto», con otras igual de violentas.
El 10 de enero de 1933 se repartieron las armas disponibles, desplegaron la bandera anarquista y se acordó que una comisión fuera al ayuntamiento y la Guardia Civil, para darles cuenta de la implantación del comunismo libertario y pedirles la colaboración o, por lo menos, la obediencia. El alcalde aceptó lo que se le proponía, pero la Guardia Civil rehusó todo parlamento con los revoltosos. Quienes hicieron una descarga contra el edificio, a la que los guardias respondieron de la misma forma, resultando uno de los guardias muerto y quedando encerrados en la casa cuartel. El movimiento revolucionario había conseguido el primer triunfo y cuando lo celebraban se oyeron varias detonaciones realizadas por fuerzas de Orden Público –la Guardia de Asalto– que acababan de llegar, y para tantear la situación hacían disparos al aire. El llamado Seisdedos, cabecilla de los revoltosos, ordenó que todos marchasen a sus casas y si fracasaban en su empeño se dirigieran al monte.
Los guardias de Asalto empezaron a hacer violentos registros en las casas, resultando algunos muertos y llevándose detenidos, formando una redada de presos y amenazando con incendiar las viviendas. Terminaron sitiando la casa del Seisdedos en la que se encontraban familiares, amigos y algunas mujeres con menores; cuando éstas fueron a salir los tiros que se sucedían las amedrentó y cuando los guardias tratan de entrar en la casa, uno resultó herido y quedó dentro. Continuó la casa sitiada, contra la que se hacía un nutrido fuego a una distancia de unos doce metros; hasta que los lamentos del guardia que había quedado herido en la cerca llamaron la atención. Entonces se envió a uno de los presos a parlamentar con Seisdedos, que se negó a entregarse y solicitó que se dejase salir a las mujeres y los niños; cuando volvió el preso cayó atravesado por seis disparos de Máuser. El jefe de la fuerza dispuso asaltar la choza cuando llegaran refuerzos y las bombas de mano que había solicitado a Cádiz. Mientras tanto fueron fusilados once campesinos que los guardias tenían presos.
Cuando el oficial de Asalto se decidió incendiar la choza, llegó una ambulancia, en la que iba un delegado del gobernador civil. Se dispuso el ataque lanzando algodón impregnado en gasolina y granadas de mano, al mismo tiempo que ametralladoras batían la vivienda y a los que intentaban salir. Cuatro hombres y una mujer quedaron abrasados. Terminada la tragedia, el jefe de la fuerza dio tres vivas a la República, que fueron contestadas por las fuerzas a sus órdenes.
Siendo de extrema gravedad los hechos, lo es también su investigación y consecuencias, que se inician, el primer día de febrero, cuando tomaron estado parlamentario y diversos diputados discutieron sobre la veracidad o inexactitud de los informes que circulaban. Unos acusaban al Gobierno de Azaña por haber dado órdenes a la fuerza pública para que en la represión no hubiera heridos ni prisioneros. Al día siguiente, Azaña se opuso a dar explicaciones, pero después de relatar algunos hechos del movimiento revolucionario, afirmó que:
«No se encontrará un atisbo de responsabilidad en el Gobierno. En Casas Viejas no ocurrió, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir. Se produce un alzamiento en Casas Viejas, con el emblema que han llevado al cerebro de la clase trabajadora española de los pueblos sin instrucción y sin trabajo, con el emblema del comunismo libertario y se levantan unas decenas de hombres enarbolando esa bandera del comunismo libertario y se hacen fuertes y agreden a la Guardia Civil y causan víctimas a la Guardia Civil. ¿Qué iba hacer el Gobierno? Ningún ministro de la Gobernación hubiera procedido de otro modo en aquellos sucesos»,
y se opuso al nombramiento de una comisión que fuera a Casas Viejas para depurar lo ocurrido. No obstante, con carácter particular, se nombró una comisión de varios diputados de todas las fracciones de la oposición, para acudir al lugar de los hechos y enterarse de lo ocurrido. A su regreso solicitaron celebrar una interpelación al Gobierno, donde se empezó a conocer la trágica realidad
El 27 de febrero los capitanes de Seguridad que mandaban compañías de Asalto destinados en Madrid, declararon, por el prestigio y dignidad del Cuerpo, que por la Dirección General de Seguridad se les trasmitieron, por el conducto de sus jefes, órdenes diciendo que había que actuar con toda energía y que el Gobierno no quería que se le entregasen heridos ni prisioneros, lo que parecía dar a entender que fueran muertos todos aquellos que hiciesen armas contra la fuerza o presentasen indicios de haberlas hecho. Firmaban no menos de cinco capitanes.
En un documento leído por el diputado Ortega y Gasset, se declara que el teniente Artal, que había participado en los sucesos, fue coaccionado para que declarara algo que no era la verdad, negándose. El teniente afirmaba que, después de incendiada la casa de Seisdedos, fueron encargados él y el teniente Álvarez Rubio para recorrer las casas del pueblo para detener a los vecinos que tuvieran armas. Fueron detenidos once y liberados dos de ellos, uno por enfermo y el otro por muy viejo. Relataba lo ocurrido en la choza del Seisdedos, en la que fueron muertos a tiros, después de maniatados todos los prisioneros, disparando sobre ellos los guardias de Asalto y dos guardias civiles, estando presente el delegado del gobernador. Resaltando el diputado, que esta presencia demostraba que el Gobierno estaba enterado de todo desde el primer momento y terminó la lectura del documento, en el que se decía que se enviaron telefonemas a los puestos de guardias de Asalto, amenazando con la cesantía de los guardias que no dispararan sobre todo aquel que fuera portador de explosivos o se le encontrara con armas humeantes.
El mismo diputado presenta otro documento suscrito por el capitán Rojas, que mandaba las fuerzas, que fue depositado por su autor en una persona de su absoluta confianza, con la consigna de que no se hiciera uso de su contenido, en tanto no se confirmaran sus temores de que se quería realizar una maniobra con él. El capitán afirmaba que recibió el encargo de no hacer heridos ni prisioneros y el Director General de Seguridad le dijo que él aceptaría toda la responsabilidad de lo que pudiera suceder. Con estas órdenes formó la compañía para marchar a Casas Viejas. Incluso en la estación el director reunió a los oficiales y les ratificó que el Gobierno no quería más que muertos.
Al regresar a Madrid le esperaban en la estación el secretario particular del Director, que le informó sobre la repercusión de los sucesos de Casas Viejas, que podían provocar la caída del Gobierno y para evitar que cayese el Presidente era necesario que cayese el ministro de la Gobernación; que para evitar esta crisis se hacía preciso que cayera el Director de Seguridad y para salvar al Sr. Menéndez era preciso que se sacrificara el propio capitán Rojas. En la Dirección de Seguridad le dijeron que redactase una información, pero sin tratar de las órdenes ni los fusilamientos. El capitán continuaba relatando que la esposa del Director de Seguridad, señora de Menéndez, habló con él, para decirle que a los jefes de la fuerza pública unas veces les tocaba sacrificarse y otras triunfar; le habló de la concesión de un permiso y de que le entregaría un buen puñado de billetes para divertirse, asegurándole que si no cambiaba el Gobierno le darían un buen destino.
Afirma el capitán que por tres veces recibió órdenes del Director General. La primera, el día que salió su compañía con destino a Jerez de la Frontera y pasó por la Dirección para recibir órdenes y éstas fueron que iba a Jerez para un movimiento monárquico y que allí era el centro principal; que me acordara de sucesos anteriores y que había que acabar con ese movimiento, fuese como fuese, para lo cual no debía dejar títere con cabeza, que empleara los procedimientos más fuertes, la ley de Fugas, que me cargara a todo el mundo, que matara a todos los que tenían armas, que los fusilase, total que no quedaran heridos ni prisioneros. La segunda, esa misma tarde en la estación, donde a los oficiales nos dijo que no quería heridos ni prisioneros. La tercera ya en Jerez, cuando le ordenan por teléfono salir para Casas Viejas, que había estallado allí el movimiento y que había una casa en que se habían hecho fuertes los rebeldes y que tenía que ir a tomarla como fuese, con mano dura.
El día 14 de marzo compareció ante la Comisión parlamentaria el capitán de Estado Mayor que se encontraba de servicio en la antigua Capitanía la noche de los sucesos, quien aludió a la Ordenanza que prohíbe este tipo de indagatorias sin permiso de la autoridad superior. La comisión decidió que el capitán pidiera autorización para declarar y volvió a citarlo. En su segunda declaración volvió a insistir que no se consideraba autorizado para hablar de las órdenes que se recibieron en la División Orgánica, pues fue un mero intermediario entre el ministro de la Guerra y el general de la división Cabanellas. Compareciendo este general ante la comisión, manifestó que aquellos días recibió órdenes del Gobierno en tono severo, pero que no recordaba los términos en que dichas órdenes circularon.
Para Casares Quiroga, ministro de la Gobernación:
«No se pueden desglosar los sucesos de Casas Viejas del conjunto del que forman parte o de que fueron consecuencia»,
y exponía las medidas que adoptó ante la eminencia del movimiento insurreccional. Una dirigida a los gobernadores de las provincias en donde no se esperaba que estallase:
«Elementos extremistas intentarán esta tarde actos de violencia contra cuarteles de algunas provincias. Aunque en ellas no se encuentra la de su mando, adopte VE. de acuerdo con las autoridades militares medidas de vigilancia y precaución, disponiéndose a proceder con la máxima energía, si se produjese alguna perturbación, utilizando fuerzas gubernativas para reprimir severamente cualquier agresión».
Para las demás provincias, donde se esperaba el estallido, el ministro se reservó comunicar otras instrucciones especiales, pero no por escrito, por teléfono. Si para las más pacíficas se recomendaba energía y severidad, ¿qué se ordenaba en los lugares de mayor peligro?
A última hora de la sesión, se defendió un voto de confianza al Gobierno, que fue aprobado por 210 votos a favor y uno en contra. De esta manera liquidaron las Cortes las responsabilidades por los hechos de Casas Viejas y el proceso contra el capitán Rojas fue lo único que continuó. Proceso que permitió recopilar, concretar y aclarar los datos conocidos y añadía nuevos elementos de juicio, testimonios y pruebas.
En Madrid las órdenes comunicadas a las compañías de Asalto, fueron:
«hacer fuego sin previo aviso, pues no se querían heridos ni prisioneros».
En los libros de telefonemas de las comisarías, con ligeras variantes, figuraba:
«Será dado de baja en el Cuerpo el guardia o agente en cuya demarcación de servicio se encuentre vivo algún portador de armas y explosivos»,
las instrucciones terminaban: «a los presos se les trate con el mayor rigor y energía». Las órdenes especiales fueron recibidas en la capital por capitanes y tenientes de servicio en los distintos distritos y hay constancia de otras ciudades.
Sobre las medidas del ministro de la Guerra Azaña, figuran las declaraciones del general Cabanellas, jefe de la Primera División:
«Sin recordar las palabras exactas, transmití a los cuerpos y cantones a mi mando unas órdenes, que a su vez me transmitió el capitán de servicio, recibidas del ministro. Consistían en reprimir con rigor el movimiento, haciendo fuego con energía sobre cuantos se presentasen con actitud sospechosa».
Se insistía en lo de obrar con energía, pues resultaba que siempre los detenidos eran inocentes, por lo que había que obrar con mucho rigor. Otras noticias de las disposiciones de Guerra se sitúan en el aeródromo de Los Alcázares,
«una vez prevenidos por si estallase un movimiento revolucionario, no debían hacerse prisioneros ni heridos».
Como el capitán Rojas prestaba servicio en Madrid, era uno de los que habían recibido las órdenes especiales, pero además llevó a Casas Viejas instrucciones concretas para el caso. El 10 de enero se le ordenó salir con su compañía para Cádiz y el Director General de Seguridad Menéndez le dijo que había estallado una insurrección movida por el dinero monárquico, que peligraba la República, y para acabar de una vez con sus enemigos se necesitaba un escarmiento. Las órdenes a cumplir eran las que tenía toda la fuerza:
«fuego a discreción sobre todo sospechoso de rebeldía, sin preocuparse de hacer prisioneros ni heridos»,
era mandato de la superioridad. El día 11, estacionada la fuerza en Jerez, el Director General llamó a Rojas y le dijo que marchara a Casas Viejas, donde había un importante foco rebelde y le comunicó que el teniente Artal iba con una sección al mismo punto. Concluyó «buena suerte y acaba eso en quince minutos».
En Casas Viejas, el capitán asumió el mando de toda la fuerza y allí encontró a un delegado gubernativo, con todas las atribuciones inherentes a su misión y, como estaba en constante comunicación con el gobernador civil, recibió un telegrama, que entregó al capitán, que decía:
«Gobernador civil a delegado gubernativo, es orden terminante ministro arrasen casas donde se hacen fuerte los revoltosos».
Dispuso entonces que los dos tenientes recorrieran el pueblo y bajo la dirección de dos guardias civiles, supervivientes del puesto, detuvieran a los cabecillas del movimiento y a todos los que tuvieran armas. Entonces llegaron en coche el secretario del Gobernador y el secretario de Acción Republicana, con el fin de obtener para el Gobierno las más completas noticias de lo que sucedía, a los que comentó el capitán:
«tengo órdenes severísimas, la de aplicar la ley de fugas, inclusive sin presentar heridos ni prisioneros».
Volvieron las fuerzas destacadas con prisioneros y poco después de destruida la choza de Seisdedos ocurrió la tragedia de los fusilamientos, sobre cuyos detalles coinciden las diligencias del sumario y la información parlamentaria. Después, cuando se retiraba la fuerza, el delegado del Gobernador le dio las gracias en nombre del Gobierno.
El capitán Rojas cuando regresaba a Jerez, en Medina Sidonia, llamó a la Dirección General de Seguridad para dar cuenta de los hechos y se le indicó que regresara a Madrid para completar el informe. En Jerez, en otra conferencia, el ministro Casares le preguntó por el número de bajas y casas incendiadas, dos han ardido respondió y le replicó el ministro ¿nada más? De vuelta a Madrid, el capitán y su compañía fueron recibidos en la estación por el Director General y los jefes y oficiales francos de servicio, que acudieron a rendirles homenaje. Después en el despacho oficial, el Director le recomendó silencio, fue felicitado calurosamente y le pidió que hiciese una propuesta de recompensas, encabezada con su nombre.
Días después, como el teniente Artal hizo en Sevilla algunos comentarios sobre los sucesos, por consejo oficial, hizo dos viajes para aconsejarle discreción. Al volver, en la estación, el secretario de Menéndez le refirió que, durante su ausencia, se había planteado en el Parlamento un debate y el peligro para el Gobierno era real e inmediato si no aceptaba el mantener la relación de los hechos conveniente. Si algo más se descubría atribuyéndosele, sería soslayado con un arresto, como una leve negligencia; así salvaría a la República de las diatribas de sus enemigos. Después de entrevistas con el Director General y el ministro Casares, en el parte se decía:
«Murieron todos los campesinos haciendo frente a la fuerza o mezclados con los que combatían».
Curiosamente los partes de la Guardia Civil se expresaban en igual sentido.
El ministro dispuso la formación de expedientes, que llevaron a la detención de los oficiales, su expulsión del Cuerpo y trasladados a guarniciones de provincias a los cinco capitanes de Asalto de guarnición en Madrid que, creyendo al Cuerpo en entredicho, firmaron un acta, en la que afirmaban habérseles dado orden de no hacer heridos ni prisioneros. «Donde cinco dicen blanco, veinticinco dicen negro» afirmó Azaña en el Parlamento refiriéndose a los cinco capitanes. A la oficialidad de Asalto de Madrid se le pidió que firmara un acta denegatoria de lo que aseguraban los cinco; pero después de muchos ruegos, amenazas y rectificaciones del texto, no pudo ser firmada e inmediatamente se decretó la expulsión de once de los oficiales más destacados en la negativa. Al teniente Artal se le destinó a Madrid y en la Dirección General se le recomendó que desistiera de sus declaraciones, que contradecían las que tenían preparadas para la firma de los guardias del capitán Rojas. Éste también se negó a firmar la declaración que se le proponía, hasta que logró convencerlo su cuñado Hernández Sarabia, jefe del gabinete militar de Azaña.
El rumbo que tomaba el sumario determinó el procesamiento de Menéndez, ya separado de la Dirección General, pero el Tribunal Supremo revocó el procesamiento, considerando que en el tiempo transcurrido no había tenido confirmación de prueba suficiente el cargo inculpatorio del capitán Rojas. Revocado este procesamiento, Azaña y Casares dieron por terminada su intervención en el esclarecimiento del asunto de Casas Viejas, declarando reiteradamente que ni dieron las órdenes, ni nadie les informó de lo sucedido. Lo mismo afirma el gobernador civil de Cádiz e incluso negó que fuese un delegado suyo al pueblo. Curioso fue que se trató de no excitar demasiado a quien aún era peligroso y el capitán Rojas continuó mandando su compañía desde el 5 de marzo que ingresó en prisiones militares hasta el 15 de mayo y, no obstante de estar procesado, conservó la gratificación de mando.
La acusación privada consideró los hechos constitutivos de quince delitos de asesinato y estimó que por ser autor el procesado, sin circunstancias modificativas, debía imponerse quince penas de veintiún años y seis meses de reclusión mayor e indemnización de 50.000 pesetas a la familia de cada una de las víctimas. Al defensor se le negó la solicitud del testimonio oral de Azaña, Casares Quiroga y el gobernador civil de Cádiz, que lo iban hacer por escrito, con lo cual se evitaban las repreguntas.
Con un numeroso despliegue de las fuerzas de Asalto y Seguridad en torno al Palacio de Justicia de Cádiz, iniciada la vista el 22 de mayo de 1934 con la lectura del escrito de calificación del fiscal, la acusación privada, las conclusiones de la defensa y se inicia la prueba testifical, con la declaración del procesado, con el uniforme de capitán de Artillería. Declara que el Director General y él eran amigos y relata los hechos que figuran en el sumario. Las órdenes que recibió, su marcha a Casas Viejas, los sucesos, su vuelta a Madrid y las entrevistas, a los que relató cuanto había sucedido y se convino guardar el secreto, lo mismo que con el ministro de la Guerra. Después trataron que declarara en el sentido de atribuirse la culpa de todo lo sucedido, le aseguraron que, una vez terminado todo, le entregarían un montón de dinero para que se marchase al extranjero. Consideró que las órdenes eran de inexcusable cumplimiento y que en el Cuerpo de Asalto no se daban las órdenes por escrito.
El exdirector de seguridad Menéndez, que también asistía a la vista con el uniforme de capitán de Artillería, declaró que conocía al procesado por haber sido capitán de Asalto; que el reglamento sólo permite la violencia cuando la fuerza es agredida o los revoltosos no hacen caso de las órdenes conminatorias y él no dio las órdenes que se le atribuyen, ni al capitán Rojas, ni en la estación; solamente recomendó energía, en conversación íntima, que no puede estimarse como una orden. No tuvo noticias de lo ocurrido hasta la declaración del teniente Artal. A pregunta del defensor, declara que tuvo noticias de que los capitanes de Seguridad se habían reunido y suscrito un acta que iban a entregar a determinado partido político y por ello abrió una información, porque como militares hubieran debido acudir a la superioridad. En el careo entre los dos capitanes Rojas y Menéndez no hubo acuerdo.
En su declaración, el teniente Artal afirmó que el Gobernador le ordenó ir a Casas Viejas, para que arreglase aquello como fuera y que la primera noticia que le diese fuera la «que todo estaba terminado». Relata a continuación los hechos y que a la llegada de Rojas con las órdenes severísimas que había recibido, las consideró graves e inhumanas. Confirma la conferencia de Rojas con Casares Quiroga y termina declarando que Menéndez le dijo:
«lo de Casas Viejas lo sabe todo el mundo, pero ahora de lo que se trata es de que no lo sepa nadie, de que no haya responsabilidades para nadie, ¿me entiende?»,
y se negó a firmar el parte que le presentaban. Fue arrestado, pero el coronel del Cuerpo lo puso en libertad, rogándole que no contase a nadie lo ocurrido.
El teniente Álvarez confirmó que escuchó al Director General Menéndez en la estación que la represión habría de ser enérgica, pues no quería heridos ni prisioneros. El delegado del Gobernador relató que recibió un telegrama que decía:
«orden terminante del ministro, que se arrase la choza donde se hacen fuerte los rebeldes»,
y que le comunicó con todo detalle lo que había sucedido. El teniente de la Guardia Civil García Castrillón que conocía el telegrama del ministro de la Gobernación, diciendo que se arrasara la choza y que no le relató los hechos al Gobernador, porque ya los conocía.
El capitán Barba, de Estado Mayor, manifiesta que al ir a declarar a la Comisión parlamentaria solicitó permiso a Azaña y éste contestó que hiciera lo que estimase conveniente, pero que viese a qué se exponía; como insistió, le volvió a contestar que ni le autorizaba, ni le desautorizaba. Para esta ocasión había vuelto a solicitar permiso y el actual ministro de la Guerra se lo concedió. Estando de servicio en la División Orgánica, Azaña le llamó por teléfono y una vez en su presencia le dijo que en Lérida y otras poblaciones habían ocurrido sucesos extraordinarios y que se preparaba en Madrid un movimiento igual y había que obrar con energía. Nada de prisioneros, nada de detenidos, luego resulta que todos son inocentes; tiros a la barriga. Esto era muy grave e insistió, por si no había escuchado bien, y contestó:
«le digo a usted, que nada de prisioneros, tiros a la barriga».
Inmediatamente comunicó las órdenes del general de la división.
El capitán de la Gándara, que no intervino en los sucesos de Casas Viejas, manifestó que en el distrito de la Inclusa de Madrid le comunicó su comandante la orden terminante del Gobierno, según el Director General de Seguridad, que si hay que intervenir en los acontecimientos que se avecinan, no haya heridos ni prisioneros. El comandante personalmente hizo saber a los guardias que si detuvieran a alguien con armas serían destituidos. Él había firmado el acta, para que el país supiera la orden que había recibido, fue detenido y conducido a la cárcel de Guadalajara, donde permaneció un mes. El capitán Rojas le refirió que la superioridad había tratado de sobornarlo para que se callase. Declaraciones que fueron confirmadas por otro capitán del Cuerpo, que refiere el caso de la detención de cuatro sujetos a quienes se atribuía la colocación de una bomba, que se echó una bronca a los guardias por no habérselos cargado.
El teniente de Asalto Oliveros declaró que, como todos, había recibido las órdenes de que no querían prisioneros ni heridos y cuando se negó a firmar un documento que desmentía lo que no se podía desmentir, le costó cuarenta y ocho horas de arresto. El capitán de Caballería Hernández Laborda, encargado de la defensa de la Telefónica, dijo que su comandante le había trasmitido la misma orden,
«si en los alrededores de la Telefónica se ven grupos, los cachean y después se les dispara».
El teniente Serrano Pastor confirma lo anterior y que se le encargó ir a Sevilla para interrogar a los guardias que estuvieron en Casas Viejas, con un cuestionario de preguntas y respuestas, para que contestasen bajo la amenaza de expulsión del Cuerpo. Además, debía buscar cuatro o cinco paisanos que, previa entrega de dinero, se prestasen a declarar. Los tenientes Valero y Vázquez se enteraron de la citada orden y, como los anteriores, por negarse a firmar el acta fueron expulsados del Cuerpo. Otros testigos reafirmaron estas declaraciones.
Terminados todos los demás trámites procesales, se publicó la sentencia que dicta la Sala, que impone a D. Manuel Rojas la pena de 21 años de prisión, condenándole además al pago de 15.000 pesetas. Terminada la lectura de la sentencia, se pregunta al jurado si encuentra excesiva la pena y contesta afirmativamente; se instruye el expediente de indulto por la sala. El Supremo ordenó repetir el juicio y el capitán Rojas volvió a ser juzgado en junio de 1935, siendo condenado por segunda vez a veintiún a de prisión. Al año siguiente, el Supremo revocó esta condena, al aplicar la eximente incompleta de obediencia debida, rebajar el delito de asesinato, dejándolo en homicidio, y manteniendo la atenuante de arrebato y obcecación. Condenó al capitán a tres años de prisión, que quedó en libertad en mayo de 1936.
Esta es una historia que contempla el espíritu demócrata y tolerante de personajes de la República.
Eladio Baldovín