Jueves 22 de octubre de 2015
En el marco de la investigación del cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones, han sido detenidos por la Guardia Civil el tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña Andreu Viloca y otros dos miembros de la formación, Josep Antoni Rossell, director general de Infraestructura de la Generalidad, y Xavier Tauler, consejero delegado de Copisa.
21.10 / Efe
La Guardia Civil ha registrado hoy la sede de CDC y ha detenido a su tesorero, Andreu Viloca, y a media docena de empresarios acusados de pagar comisiones del 3 %, en una operación que ha vuelto a indignar al presidente catalán en funciones, Artur Mas, quien se ha proclamado "objeto de caza mayor".
La operación, dirigida por un juez de El Vendrell (Tarragona), ha comportado la detención del director de Infraestructuras.cat, Josep Antoni Rosell, cuyo despacho en la sede de la empresa pública también ha sido registrado, así como los Ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós del Bages (Barcelona), que adjudicaron obras públicas a los empresarios investigados.
Los agentes han detenido también a dos personas vinculadas al área financiera de la formación nacionalista: Carlos del Pozo, secretario del patronato de la fundación Catdem -que tiene una contabilidad común con CDC- y una administrativa del partido.
A lo largo del día, la Guardia Civil ha detenido a directivos de las empresas Copisa, Urbaser, Rogasa, Construcciones, Grupo Soler, Tec4 y Oproler, y ha registrado sus oficinas y sus domicilios en busca de documentos que acrediten la tesis de la Fiscalía de que pagaron comisiones del 3 % a CDC a cambio de adjudicaciones de obras y servicios públicos por parte de administraciones controladas por la formación.
Entre los empresarios detenidos figura Xavier Tauler, exconsejero delegado de Copisa, desde hace un año solo con funciones consultivas, que permanece imputado por la Audiencia Nacional ante los indicios de que pagó 3,2 millones de euros de comisiones ilícitas a Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán.
En el Ayuntamiento de Olot, la Guardia Civil se ha incautado del contrato de adjudicación de la recogida de basuras de Olot, que se adjudicó por 2,4 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Igfa y Ugbaser en el año 2011, cuando CiU gobernaba la población.
Del consistorio de Sant Fruitós del Bages (Barcelona), los agentes se han llevado el expediente económico relativo a la construcción de un centro cultural que se adjudicó al Grupo Soler en 2011, con CiU al frente de la alcaldía, y se pagó con fondos del programa de reactivación económica conocido como "Plan E", que puso en marcha el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La operación desarrollada supone una nueva fase de la investigación Petrum 2, con epicentro en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) y el que el pasado mes de agosto ya comportó el registro de la fundación Catdem y del despacho que su administrador, Andreu Viloca, tenía en la sede de CDC.
A raíz del análisis de los documentos incautados en esos registros, principalmente un papel que aludiría a comisiones del 3 % en varios ayuntamientos, el juez de El Vendrell ha ordenado hoy a la Guardia Civil entrar de nuevo en CDC, en esta ocasión para registrar su sede, donde se han incautado de ordenadores de su área financiera.
Como ya sucediera el pasado mes de agosto, la irrupción de los agentes en la sede de los convergentes ha irritado de nuevo al líder del partido, el presidente catalán en funciones Artur Mas, que ha afirmado ante la prensa que tanto él como CDC se sienten "objeto de caza mayor" y ha criticado la "sobreactuación" de la Fiscalía.
En rueda de prensa tras la firma del decreto de constitución del Parlament, Mas ha anunciado que está dispuesto a comparecer en los próximos días ante la Diputación Permanente de la cámara para dar explicaciones en relación con la investigación y se ha mostrado convencido de que los expedientes de adjudicación de obra pública de la Generalitat son "impecables".
A la reacción de Mas al registro de la sede de su partido ha seguido la dura réplica del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha calificado como "un insulto y una ofensa a la justicia" que se aprecie "intencionalidad política" en la operación.
Por su parte, los partidos de la oposición en Cataluña han exigido a Mas que dé explicaciones y deje de erigirse en víctima de persecuciones por parte de los poderes del Estado, e incluso formaciones como Ciudadanos ha pedido su dimisión.