... Con la crisis del Coronavirus, el hecho objetivo es que el gobierno ha cabalgado a lomos del “caballo del malo”. Ni prevención, ni rápida activación de protocolos. Parecían estar más preocupados por la impopularidad de la crisis que por la misma crisis. La sensación generalizada es que se han estado improvisando medidas hasta que la realidad, que siempre acaba imperando, ha obligado a adoptar disposiciones de carácter forzoso. El resultado es que la sociedad, empujada por el desasosiego, la desconfianza y el miedo, cabalga a lomos de un caballo que anda desbocado por supermercados y estancos.
Aun así, no han perdido la oportunidad de mostrar una vez más su ineficacia; y es que Sánchez ha comparecido un viernes 13 para anunciar que decretará el Estado de Alarma. Es decir, el presidente comparece para comunicar que hará al día siguiente se lo que su gobierno ya debía haber hecho. No es un chiste señores: son los brotes verdes de un Sánchez que todavía no se ha enterado que la alarma hace días que cunde por el país que gobierna. Pero lo que ha revelado esta crisis, en términos políticos, es mucho más grave. La gestión de la crisis del Coronavirus en las últimas horas ha mostrado hasta que punto ha avanzado el proceso disolutorio de España. Ha mostrado que España y los españoles, bajo este gobierno, no son más que una mera entelequia en manos de aquellos que trabajan para su disolución.
Decretar el estado de alarma supone que el gobierno haga uso de una facultad que tiene reconocida en la Constitución para afrontar casos de extraordinaria y urgente necesidad. Se trata de recurrir a una fórmula jurídica heredera de la potestas absoluta que disfrutaron los monarcas europeos de época moderna, especialmente aquellos con tendencias absolutistas. Por cierto, que Pedro Sánchez ha abusado del decreto para llevar a cabo su programa político es otro hecho objetivo: acabó el año 2019 con 42 decretos en su currículum.
Sin embargo, no es casualidad, al menos para este que suscribe, que con anterioridad a que el presidente anunciara esta medida en su comparecencia, País Vasco y Cataluña reclamaran la ejecución de esta medida en sus respectivas comunidades, llevándola incluso a la práctica en Igualada. Resulta inevitable pensar que Sánchez sometiera su capacidad decisoria y su actuación, incluso aquella que como presidente se le reconoce para afrontar las horas más difíciles, a la provinciana venia de Urkullu y Torra. Ello significaría en la práctica que tenemos un presidente que somete su prerrogativa y el bien común de todos los españoles al criterio de los políticos más particularistas del país. Es demasiado siniestro pensar esto, lo sé. Pero claro, después de todo lo visto, uno se permite el lujo de dudar.
Absténganse aquí los adalides de la conversación y del consenso, los mismos que amparan cada desajuste gubernamental bajo el principio del diálogo, porque entonces tendré que pedirles que escuchen la rueda de prensa que Emiliano García-Page ofreció la noche del jueves 12 de marzo, especialmente el fragmento en el que señalaba que, desde el gobierno, se han tomado decisiones sin consensuar con las comunidades autónomas. Al presidente manchego no se le llamó al diálogo, no se le comunicó decisión alguna, y las criticas veladas que dedicó al gobierno revelaban tanto las tensiones partidistas que ni siquiera en estos momentos cesan, como la asimetría que sufre España, fenómeno especialmente perjudicial en estos momentos.
Mientras que Pedro Sánchez actuó como un dirigente investido de poderes extraordinarios con el presidente de Castilla-La Mancha, con los presidentes vasco y catalán todo apunta a que conversó y convergió. De ser así, España solo lo és en algunos lugares del país, mientras que en otros deja de serlo por depender y verse sujeta a aquellos que, precisamente, no quieren serlo. Ergo, si España no puede ser ni siquiera cuando se recurre al despliegue de poderes extraordinarios, es que España bien esta dejando de serlo, o bien ya no és.
No malinterpreten ustedes mi mensaje en estos tiempos de fascistas y trincheras. Desde estas líneas no se reivindica a España como una unidad de destino universal, sino algo mucho más sencillo: se reclama una España donde se garanticen a través de sus instituciones los derechos, libertades e igualdad de sus ciudadanos. Hace algún tiempo escribí acerca del lastre que supone el sistema autonómico y como se materializa en un estado asimétrico que solo garantiza privilegios para unos y desigualdad para la mayoría. No insistiré en ello de nuevo.
Si insistiré en señalar, ya para concluir, que esta crisis no solo ha mostrado la incapacidad de un gobierno que no supo ver a que nos enfrentábamos, no nos informó y no actuó a la altura de las circunstancias. Esta crisis ha revelado algo aun más grave si cabe: la desigualdad instalada en este país. Madrid, la comunidad más afectada por el Coronavirus, tuvo que lidiar durante 10 días con la reiterada negativa del gobierno a su petición de implantar medidas más contundentes contra la pandemia. Menos de un día le ha bastado a Quim Torra, temeroso ante el avance del contagio, para conseguir la respuesta y el apoyo de Pedro Sánchez. Lamentablemente, el desarrollo de los acontecimientos avala esta medida que solo cabe apoyar, pero esto es algo que los madrileños ya sabían y esperaban desde hace tiempo. Para ellos esta medida ha llegado tarde.