... Y de ello no solo son responsables los artesanos de la mentira, los fabricantes de odio, los demiurgos de la falsa moral; sino también aquellos equidistantes que mediante forzados gestos llaman a una calma cada vez más difícil de mantener.
Buena culpa de esto la tiene ese “buenismo” progresista que, progresivamente, ha ido imponiendo en la sociedad una agenda ideológica revestida de una moralidad incuestionable. Un peligro, en definitiva, que muchos aun insisten en no ver. Disfrazados bajo la libertad de expresión e invocando los principios de una tolerancia en la que no creen, avanzan a pasos agigantados contando con la inestimable ayuda de la corrección política de aquellos equidistantes que se caracterizan por llamar a una calma cada vez más tensa.
Permítanme recapitular un poco para poner en contexto esta reflexión. Retrocedamos hasta la época de los “brotes verdes” de Zapatero. Sumidos en plena crisis económica, buena parte de la izquierda supo instrumentalizar el descontento generalizado para implementar una serie de medidas profundamente divisorias para la sociedad. Mientras en otros países los momentos de crisis provocan un efecto centrípeto que llama a la unión (recuerdo aquí Estados Unidos tras el 11S y el disco The Rising de Bruce Springsteen), otros países tienden a ahondar más en sus heridas. Huelga decir que no es culpa de los países en sí, sino de las corrientes ideológicas que se crean, fomentan y circulan en su seno sin que haya una oposición propicia.
Lo más destacable durante la pasada crisis fue el nacimiento de Podemos, un partido cuyo objetivo primordial era implantar en España y expandir en Europa los criterios políticos del foro de Sao Paulo. Poco se puede decir aquí que no se haya dicho ya, más simplemente insistir en los efectos divisorios que este partido ha tenido para la sociedad, pues a costa de esa división creó este partido mesiánico su espacio político. Esta tendencia telúrica a la división ha quedado patente una vez más con la conformación de Más País, cuya medida estrella es bajar la edad voto a los 16 años, propuesta que con anterioridad ya defendiera Podemos a través del sector errejonista. Es posible que cualquiera que haya pasado por la universidad en los últimos años, o simplemente que trabaje o conviva con jóvenes se haya cuestionado si, en realidad, no sería necesario aumentar la edad mínima.
En cualquier caso, lo siniestro de esta medida, lo que subyace en ella, no es otra cosa que ver a una izquierda clamando por lo que sabe es un potencial electorado a su favor, por una juventud lo suficientemente inteligente como para aprender ciertos razonamientos teóricos creados ad hoc pero aún inmadura y nada sosegada como para someterlos a razonamiento y crítica. Aspiran, en definitiva, a un electorado manipulable que permite perpetuar desde las bases el estado de división que necesitan.
Esta división, que no es otra cosa que dibujar y consolidar una concepción de la sociedad basada en polaridades, también se llevó a cabo con la ley de violencia de género. Pasando del enfoque generacional al enfoque de género, esta ley quiebra la igualdad entre hombre y mujer al configurar un estado de las cosas en el que, a la victimización de la mujer necesariamente le acompaña la culpabilidad del hombre (no puedo añadir nada que no haya expuesto ya de forma soberbia Yobana Carril).
Y por supuesto, no podía faltar la división ideológica. La búsqueda de confrontación entre los autodenominados demócratas y fascistas. Efectivamente, términos como democracia o fascismo se han utilizado hasta el desgaste, y en lugar de emplearlos de un modo pedagógico y consecuente, se han instrumentalizado a modo de armas cargadas de un significante con el propósito de demarcar la frontera entre lo aceptable y lo que no. Todos conocemos a algún “repartidor de carnets democráticos”, esos que se hacen muy visibles cuando alguien se atreve a cuestionar elementos que ese “buenismo”, amparado en su auto arrogada superioridad moral, ha elevado a la categoría de axiológicos.
Es a lo que hemos estado asistiendo recientemente tras el impulso experimentado por Vox. Una de sus medidas más destacadas es sin duda la supresión del sistema autonómico, amparándose en el oneroso coste con escasas contraprestaciones que estas suponen para el contribuyente. Sería demasiado largo enumerar los ataques que han sufrido los partidarios de Vox a causa de esta propuesta, baste con decir que todas ellas han ido a desembocar en su carácter antidemocrático.
No es necesario ahondar tampoco aquí en la estrecha relación que guardan autonomía y nacionalismo. Vayamos por el momento al retroceso económico que España viene sufriendo desde 1975 (para más y mejor información búsquese los estudios de los economistas encabezados por el catedrático Roberto Centeno y que se denominan coloquialmente “cuatro jinetes”), y todos los focos apuntan hacia lo lesivo que resulta el sistema autonómico. La pregunta pues, resulta pertinente: ¿Es conocida esta realidad por parte de la clase política dirigente?
De forma palmaria, especialmente desde que UPyD publicó un estudio dedicado al coste económico que suponía este capricho de la clase política para los españoles. Entonces, cabría cuestionarse por qué no se actúa contra esta realidad, y mucho me temo que la respuesta habría que buscarla en la “industria política” que se deriva de este sistema. Efectivamente vamos hacia la ruina económica, política y social. Odio, precariedad y división financiada a costa de una ciudadanía cuya opinión es teledirigida hacia otros elementos accesorios. Si cuestionas esta realidad, que no es más que exigir una gestión adecuada y responsable de los recursos públicos, el “buenismo” imperante permite que te llamen fascista y te tachen de divisorio.
No importa la asimetría estatal, materializada en la desigualdad de inversiones en unos territorios respecto a otros, no importa el insulto continuado de una parte de la población a otra parte, no importa resucitar viejos odios. Todo entra dentro de la normalidad. El problema, empero, es criticar lo anterior, es llamar a la responsabilidad y decir que no, que eso no es normalidad.
Lo normal, para el “buenismo” imperante y para los equidistantes cómplices, es que mientras las calles de Cataluña ardían, en Madrid se abrieran tumbas. Que el responsable político encargado en última instancia de implantar el orden tildara de normal el escenario que horas después visitó con un ejército de escoltas armados con subfusiles. Que a los nacionalismos periféricos, minoritarios pero favorecidos por una injusta ley electoral, se les permita avanzar francos hacia sus objetivos a costa de seguir denigrando y perjudicando moral y económicamente al resto de españoles.
Lo normal, querido español, es que exista y se fomente la división. Lo anormal, es que la denuncies. No sé si todo esto responde a una estrategia predeterminada, pero sí sé que los consensos que han de guiar la dinámica democrática se han roto. O, mejor dicho, frente a los que insisten en romperlos casi nadie se opone, y el que lo hace es condenado al ostracismo político, económico o moral. Permítanme que denuncie. Permítanme que a través de estas líneas no solo sea demócrata en formas, sino también en el fondo.
Juan Diego García González