Queridos amigos: Ya en la Comisión constitucional del Senado, para que no cupieran dudas sobre aquellos lejanos compromisos para que apareciera en la Constitución el término “nacionalidades”, el senador socialista Villar Arregui dijo que aquello quedó acordado en el encuentro de los peregrinos políticos de la oposición al franquismo invitados a Munich en 1962 (en aquel famoso “contubernio de Munich”). ...
... Y el senador de UCD González Seara dijo: “Este texto es un compromiso, el resultado de debates sostenidos antes de la Constitución, porque las fuerzas democráticas se habían puesto ya de acuerdo con aceptar el término nacionalidades”. De modo que aquellas personas cultas, con una o más carreras a sus espaldas, con experiencia en el mundo empresarial, docente, etc., ¿eran conscientes de la peligrosidad de tal palabreja en manos de determinados políticos en España? ¿Había influido la masonería en todo esto?
Los dos únicos senadores militares por designación real, el general Díez Alegría y el almirante Gamboa, pidieron que se suprimiera aquella palabra. Sus deseos fueron barridos por aquella ventolera huracanada de los “demócratas”.
El 22 de agosto los senadores del PNV se negaron a utilizar el término “nacionalidades”. ¡¿Cómo?! No era posible. Claro, se referían a “nacionalidad española” que se incluía en el pasaporte, DNI, etc. Había que sustituirla por el de “ciudadanía”. Sólo la suya, la “nacionalidad vasca”, era la que podría utilizarse.
PSOE y PSC se habían unido en Cataluña federándose. El PSC, cuyos cuadros eran en su mayoría de la alta burguesía catalana, siempre se llevó bien con el nacionalismo. Yo diría que los del PSC querían “ser como ellos”. Por eso Pujol escribió: “La maniobra de los diputados del PSC (cuyo líder era Raventós) federándose con el PSOE, encuadró a los votantes de este partido en un sistema de partidos catalán”. Esto es, el PSOE, a través del PSC, podía pasar a formar parte de la defensa de los intereses nacionalistas en Cataluña. Inicialmente no fue así, como veremos, pero terminó siéndolo.
El señor Sánchez Agesta propuso estudiar el tema de la alta traición y el delito contra el Estado. Y así, si las Cámaras consideraban sospechoso de alta traición a un gobernante, automáticamente se le pudiera declarar incapacitado para el cargo y encausarlo, como se trata con precisión y exactitud en otras Constituciones. No le hicieron ni caso. ¡Cómo se le ocurriría a este buen hombre pensar que algún político español podía llegar a esos extremos! ¡Con lo buenos amigos que eran todos! ¡Con el “consenso” que todos habían logrado!
A través de los debates en el Congreso y el Senado –a uña de caballo- fueron cayendo uno tras otro los posibles poderes que podrían otorgarse al Rey. Sobre todo en virtud del “consenso” entre UCD y PSOE. El 6 de septiembre de 1978 se declaró a SM no capacitado para disolver las Cortes o promover elecciones generales. Así pasaba todo el poder a manos de los partidos. Y así, a Suárez, por ejemplo, no podía despedirle nadie sino él mismo. Torcuato Fernández Miranda ya se había ido de UCD.
El senador por designación real el filósofo Julián Marías, discípulo de Ortega, ante tan manoseado “consenso” impuesto por UCD y PSOE y aplaudido con entusiasmo por políticos, en general, y casi todos los medios, dijo: “O sea, que UCD y PSOE, antes de que comience el debate, salen y declaran que van a votar en contra de todos los votos particulares… y lo decían por anticipado, digamos lo que digamos. Pues señores, sin posibilidad de convencer no existe la democracia”. El portavoz del PSOE, Francisco Ramos, le contestó sin argumentos para defender lo indefendible: Julián Marías estaba allí por designación real, no “porque hubiera sido elegido por el pueblo”. Semejante estupidez sólo cabe en los cortos de mollera, en los inútiles o en los cretinos. Ramos era un párvulo intelectual frente a Julián Marías. Ése era su complejo e inutilidad revestidos, eso sí, por una prepotencia descomunal.
Fue tal el “consenso” en el Senado, que unos 40 senadores de UCD dijeron sentirse coaccionados por su partido. Los debates en el pleno del Senado empezaron el 25 de septiembre. Y aquellos 40 senadores se salieron de la sala cuando se votó el tema de las “nacionalidades”, el de la huelga, el del divorcio, el de la enseñanza y algún otro. ¿Qué era aquello: consenso o cabreo sordo?
Es manifiestamente conocido que el PSOE ha sido siempre un partido impredecible para España. Por eso ha creado a los españoles gravísimos problemas y tragedias. Por ello, el senador Bandrés, defensor de los terroristas y ahora líder de Euskadiko Esquerra, se preguntaba que, siendo el PSOE partidario de la autodeterminación de los pueblos ibéricos y, por tanto, de Vascongadas, se opusiera ahora a esa autodeterminación aprobada en su XXVII Congreso (1976). O que en unión del PNV llevaba la pancarta de la independencia de Vascongadas y ahora se desdecía de ello. Le contestó el socialista Aguiriano: Vascongadas se autodeterminó el 15 de junio de 1977, en las elecciones generales, y en relación con la independencia le dijo que esa petición estaba muy bien en la dictadura pero muy mal en la democracia. Y añadió que, incluyendo el término “nacionalidades” en la Constitución, se rechazaba así toda posible autodeterminación. ¿Este hombre sabía lo que decía? ¿Estaría de guasa? ¿Pretendía tomarle el pelo a todo el mundo? O era un cínico más de la camada senatorial socialista.
Antes de acabar las sesiones en el Senado, Abril Martorell lo recalcó: existía un compromiso adquirido desde aquel famoso contubernio de Munich (1962) para salvar y compensar la honorabilidad de los nacionalseparatistas. Y ahora, los nacionalseparatistas vascos se sentían agraviados. No estaban de acuerdo con el “consenso” cuando el 5 de octubre se celebró la última sesión plenaria. Y se fueron a Vascongadas como las víctimas del “consenso” españolista.
A continuación se constituyó una comisión mixta (Congreso/Senado) de once parlamentarios para revisar el texto del “consenso”. En la comisión, Peces-Barba fue sustituido por Alfonso Guerra. No quería éste que se le escapara una sola coma del “consenso”.
Lo cierto es que los españoles, en general, vivieron con ilusión aquel año que estamos describiendo a grandes rasgos. Todos creyeron que había voluntad política de olvidar, perdonar, de hacer las cosas bien, reconciliándose los políticos a pesar de sus dispares ideologías. Todo esto es cierto. Otra cosa fue cómo se materializó el famoso “consenso” en Celtiberia.
Por fin, el 31 de octubre se votó simultáneamente el texto constitucional en el Congreso y el Senado. Fue aprobado por mayoría. Todos los partidos apoyaron el SÍ excepto Fuerza Nueva (Blas Piñar), algunos parlamentarios de AP y el PNV se abstuvo. Julián Marías dijo: “La Constitución –me cansé de decirlo cuando se estaba elaborando-, tiene una última proporción de ambigüedad y tolera interpretaciones divergentes”. Y el jurista Eduardo García de Enterría afirmó: “Ellos mismos (los del “consenso rápido”) carecían de grandes seguridades… y se trasluce en la ambigüedad de la que no acertaron a salir al redactar el Título VIII de la Constitución… Se entra en tierra incógnita…”.
Ahora correspondía a los españoles leer el texto con detenimiento, empaparse bien de lo que se decía en él y tomar la decisión que desearan para votar en referéndum. Mi preocupación era muy simple: ¿de verdad lo leerían o votarían de acuerdo con lo que les dijeran los políticos y los medios?
Un abrazo a todos.
Enrique Domínguez Martínez Campos
Coronel de Infantería DEM (R)