Queridos amigos:Los acuerdos sobre aquellos famosos Pactos de la Moncloa terminaron el 22 de octubre de 1977 firmados por Suárez, F. González, Fraga, Tierno Galván, Santiago Carrillo, Miguel Roca y Leopoldo Calvo Sotelo ...
... Y, ¡cómo no!, las Fuerzas Armadas españolas fueron también moneda de cambio entre los partidos políticos en el ámbito del Servicio Militar Obligatorio y en el de la Justicia Militar. Pasaron por el Congreso y el Senado para que fueran aprobados por todos los partidos los acuerdos de aquellos famosos Pactos.
Un hecho entonces aparentemente poco trascendente fue el de que el Rey cesara como secretario de su Casa Real a su fiel colaborador y hombre de confianza, el general Alfonso Armada. Fue el presidente Suárez quien influyó decisivamente para que SM adoptara tal decisión. Suárez no aguantaba a Armada desde que éste le recriminó en presencia de don Juan Carlos la forma en que se había legalizado el PCE y la burla que había supuesto hacia las Fuerzas Armadas.
A mediados de ese mes de octubre las izquierdas y, en especial, el PSOE, presionaron para que las Cortes aprobaran una amnistía general tan amplia que, incluso, salieron de las cárceles unos 130 “presos políticos” con las manos manchadas de sangre. Entre ellos asesinos de ETA, GRAPO y “comunes”. Se tenía que equiparar en toda clase de derechos a los mutilados del Frente Popular, a sus viudas y huérfanos, así como también se establecía que, quienes lo desearan, podían solicitar ayudas para desenterrar a los muertos de la Guerra Civil que pudieran ser localizados en cualquier lugar. Toda esta batería de medidas fue bendecida por los más poderosos jerarcas socialistas y comunistas. Así, Chiqui Benegas (socialista) dijo que con esa ley “queda enterado el pasado de división entre españoles”. Ni se imaginaba lo que años más tarde su querido PSOE, de la mano de un radical como Rodríguez Zapatero, sería capaz de hacer con una antihistórica Ley de Memoria Histórica. Incluso el entonces diputado de UCD, Jaime Ignacio del Burgo, aseguró: “No vi restos de rencor o ánimo de revancha (en Ramón Rubial) después de estar casi 20 años en las cárceles de Franco. Percibimos que se pasaba la página de la Guerra Civil para abrir una nueva página en la Historia de España, sin vencedores ni vencidos, la del ”. Este señor tampoco parecía saber de lo que son capaces los socialistas y comunistas. Porque aquella Ley no fue el final, ni mucho menos, de la Guerra Civil.
De otra parte, el desmadre autonómico comenzó a desbordarse. Regiones españolas que jamás habían pensado en tal juego lo exigían ahora por la causa más absurda que uno pudiera imaginarse. De modo que el gobierno tuvo que echar el freno para anunciar que sólo Cataluña y Vascongadas obtendrían la preautonomía. Sin embargo, en la españolísima Andalucía los socialistas enarbolaron la bandera autonómica para exigir lo que vascos y catalanes habían conseguido. Además, se encargaron de ensalzar y vitorear al abogado promusulmán Blas Infante como el “padre de la patria andaluza”. Este converso al Islam aseguraba que los árabes habían regalado a la “nación andaluza” una edad de oro. Increíble, pero cierto.
A finales de este año 77, el borrador del texto constitucional estaba prácticamente terminado por los ponentes que lo elaboraron. ¿No hubo diferencias entre ellos? Naturalmente que las hubo. ¿Cómo no las iba a haber entre Fraga y Carrillo? ¿O entre UCD y PSOE? Y así, cuando algún Artículo se atascaba y no podía resolverse su texto, el problema se solventaba cuando se citaban en los restaurantes de la cadena “José Luis” los segundos de UCD y PSOE, Abril Martorell y Alfonso Guerra. Eran ellos los que añadían, rectificaban, suprimían y terminaban aprobando el Artículo en discordia. Hubo un periodista de prestigio que escribió: “Cogieron el borrador Alfonso Guerra, antiguo director del grupo teatral , y Fernando Abril, ingeniero agrónomo de los montes y llanuras de Segovia; se escondieron en el restaurante , y peinaron, maquillaron y afeitaron el borrador… , dijo Guerra; , decía Abril”. Fueron estos dos personajes los que cerraban los grandes temas de discusión del borrador de la Constitución. Así se creó el mítico “consenso” constitucional. Fraga, en protesta por esta intromisión de ambos personajes, llegó a abandonar por algún tiempo la ponencia de los llamados “siete magníficos”.
Y así se llegó a que en aquel texto constitucional cabía de todo: desde la asunción del poder por la extrema izquierda hasta, en su caso, por la extrema derecha. Era legal la existencia de cualquier clase de ideología, incluida la de poder descuartizar España, no ya en cantones autonómicos sino con partidos revolucionarios y antisistema. Se podía luchar contra la Monarquía para implantar la República y, naturalmente, se daban alas ilimitadas al nacionalseparatismo, a aquellos pobrecitos que habían sido “brutalmente” reprimidos por el franquismo.
Al finalizar el año se hizo el recuento de las víctimas de los cafres asesinos de ETA. Si en 15 años, durante el franquismo (1960/1975) esta banda había asesinado a 46 personas (a una media de 3 personas al año), entre 1976 y 1977 ETA había asesinado a 29 personas (a una media de 14 personas al año). La pregunta era muy sencilla: ¿en realidad ETA asesinaba en contra del franquismo? Y la respuesta era bien simple: en absoluto; por lo que asesinaba ETA era por la secesión de Vascongadas. ¿Se enterarían los políticos españoles de esta sencillísima deducción? Así como sus respectivos palmeros: léase intelectuales, periodistas, artistas, relativistas y buenistas. Y, por descontado, por fanatizados antifranquistas.
El gran republicano de derechas Emilio Castelar, cuarto presidente del gobierno (en 11 meses) de la Primera República, había dicho en 1876 que hay gentes en España que “prefieren su secta a su Patria”, su propio beneficio, para lo cual no les importa enfrentar a hermanos contra hermanos. ¿Apoyaba el PSOE a algunas sectas? En 1976 celebró en Madrid, por vez primera desde la República, su XXVII Congreso. En él aprobó resoluciones que algunas quedarían incluidas en el proyecto de Constitución. En su resolución política decía: “El PSOE, dentro de su perspectiva autogestionaria, estima poner en práctica… instituciones políticas que van a ser el medio de gestión de la sociedad socialista. En este sentido, la lucha por las libertades de las nacionalidades y regiones, se inserta dentro de nuestra política para la autogestión de la sociedad…”.
Es decir, se adelantaba así al proyecto de Constitución para hablar de “nacionalidades”. Posiblemente porque viera a los nacionalseparatistas de toda la vida (entonces “nacionalistas moderados”) como minorías aprovechables mientras sirvieran a sus intereses. ¡En 1976! Dos antes de aprobarse la Constitución. Y además, con la idea de la autogestión en todas las empresas y ámbitos al estilo de lo que mantenía el comunista Tito en Yugoslavia. Este supuesto “PSOE renovado” de González/Guerra seguía siendo marxista, revolucionario, antisistema y golpista, enorgulleciéndose –nunca ha dejado de hacerlo- de sus más revolucionarios jerarcas: Pablo Iglesias, Largo Caballero, Prieto, Negrín, etc.
Fraga decidió –en uno de aquellos alardes inútiles de su personalidad- no votar la futura Constitución si se mantenía en ella el término “nacionalidades”. El comunista Solé Tura y el nacionalista catalán Miguel Roca amenazaron con un resultado catastrófico si no se incluía en el texto dicho término. El 16 de marzo de 1978 la ponencia lo admitió así como la UCD de Suárez. Y Fraga dijo entonces: “Los ponentes de UCD siguen haciendo concesiones injustificadas e innecesarias a los nacionalistas, que aprovechan además el chantaje socialista”.
Y fue así, amigos, como los nacionalseparatistas de siempre –vestidos con ropajes de moderados- se salieron co la suya con el apoyo de los dos grandes partidos de entonces: UCD y PSOE. Continuaremos analizando muchísimos porqués que nos han conducido hasta lo que hoy tenemos que soportar.
Un abrazo a todos.
Enrique Domínguez Martínez Campos
Coronel de Infantería DEM (R)