Hoy, más que nunca, resulta imprescindible para evaluar las capacidades de defensa de una sociedad nacional, contabilizar no sólo sus Ejércitos activos, sino -sobre todo- evaluar su disposición, preparación y organización de cara a una movilización parcial o general, que haga creíble su voluntad de existencia, integridad, independencia y soberanía, a la hora de disuadir o afrontar cualquier amenaza o peligro, provenga de donde provenga y cualesquiera que sean sus características. Aunque la movilización radica esencialmente en el esfuerzo militar, puede afirmarse que abarca todos los aspectos de la actividad humana, en mayor o menor medida.
En las Fuerzas Armadas de España, la disminución acelerada y progresiva de su presencia institucional, así como de sus dotaciones de personal y de medios materiales y recursos financieros, durante los últimos cuarenta años (a pesar del aumento permanente de las actuaciones y operaciones de paz desarrolladas en el exterior, y de la sensible segregación de efectivos dedicados a misiones ajenas a la defensa) ha multiplicado la necesidad imprescindible de contar con una ágil y potente Movilización Nacional, si se quiere estar en disposición de poder cumplir las misiones constitucionales marcadas para nuestros Ejércitos.
La sociedad española sigue sufriendo el impacto de una fuerte e intencionada campaña educativa y mediática de carácter pacifista y antimilitarista, culminada con la supresión de hecho del servicio militar. Esta y otras causas están a punto de hacer desaparecer definitivamente la conciencia de responsabilidad en relación con la defensa de España en una gran parte de la población, que se siente desconectada y ajena -cada vez más- a nuestro tradicional lema: “Todo por la Patria”.
No hace falta mucha perspicacia para darse cuenta del progresivo aislamiento que se va produciendo entre los Ejércitos y la Sociedad, sin que se tome medida efectiva alguna de auténtico contenido, que canalice la generosa disposición y espíritu patriótico y castrense de un importante sector -en cantidad y calidad- de españoles que están deseando cumplir con su derecho constitucional de defender a España y asegurar su existencia como Nación. La pretendida cultura de defensa y los actos públicos y externos pueden estimular esta disposición personal, pero resultan estériles para las necesidades de la defensa si no se traducen -mediante regulación legal- en un estímulo y cauce natural para la movilización, las reservas y los reservistas, como incorporación efectiva de los ciudadanos a la defensa nacional.
Urge, a mi juicio, desde el punto de vista institucional, promover, organizar y desarrollar un Sistema de Movilización Nacional que permita garantizar nuestra capacidad real de defensa, y al mismo tiempo consolide la integración esencial entre el pueblo y sus Ejércitos, requisitos secundarios ambos para la permanencia nacional de España.