No existe ni un solo argumento, más allá de la errónea e interesada interpretación de la legislación vigente, que justifique la presencia en las instituciones catalanas, y su control, de un colectivo de políticos cuyo objetivo declarado es la separación de una parte territorio nacional, y su ejercicio permanente del menosprecio a España y a sus instituciones, incluyendo a la Corona en la persona del Rey.
La situación es todavía más incongruente cuando el representante del Estado Español en Cataluña, Quim Torra, es a su vez el representante en Cataluña de un pretendido "presidente de la República Catalana" huido de la Justicia española y en forzoso exilio: Carles Puigdemont.
Si el Estado Español no pone término a esta situación devolviendo la normalidad democrática a los millones de españoles que la observan, con ojos como platos, sin entender absolutamente nada, mal vamos y peor iremos. No basta el actual "rigodón" socialista como no bastó el amago de 155 de los populares para resolver la situación sino todo lo contrario.
Ya ha comenzado el tiempo de la desesperanza en las instituciones españolas y eso no augura nada bueno. Para nadie.