Desde su aparición en la escena política de la mano del excoordinador de Ciudadanos (C's) en la provincia de León, Sadat Maraña Robles, la actual concejala y portavoz de su grupo en el Ayuntamiento de Ponferrada ha estado –y sigue estando– rodeada de polémica. Algunos ejemplos:
Como ya apuntábamos el pasado día 4 de julio en este mismo medio (Ciudadanos (C's) León: una crisis que no cesa), y a la vista de la trama esbozada por la “Operación Enredadera”, hacemos constar que el 2 de febrero de 2018 Ciudadanos (C's) presentó escrito en el Ayuntamiento, que reproducimos[1], en el que : "el Grupo Municipal Ciudadanos reclama que se renueven las cámaras del sistema de vídeo-vigilancia del municipio de Ponferrada”, información que facilitó el “Departamento de Prensa de Ciudadanos de Ponferrada”.
Según nuestras informaciones, parece ser que el presupuesto anual del Ayuntamiento de Ponferrada, actualmente en su última fase de tramitación, recoge una importante partida para estos menesteres o similares.
En 2016 fueron presentadas en los ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo y de Ponferrada sendas mociones por parte de los respectivos grupos municipales de Ciudadanos, comandados por Juan Carlos Fernández Domínguez (imputado en la operación "Enredadera") y Rosa Luna Fernández, relativas a "la adaptación de parques y juegos infantiles a los distintos tipos de incapacidad" que, dada su similitud, reproducimos a continuación, así como el dictamen del Ayuntamiento de San Andrés.
En la mañana de hoy día 6 de julio ha terminado de deshojarse la primera margarita de la 'Operación Enredadera': el destino inmediato de los implicados en la operación y detenidos que aún estaban declarando en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Badalona. El resultado ha sido el de prisión comunicada y sin fianza para el empresario y presidente de El Faro Astorgano, Ángel Luis García Martín, y libertad con cargos y medidas cautelares para Juan Carlos Fernández Domínguez, concejal del municipio de San Andrés del Rabanedo por Ciudadanos y diputado provincial, Sadat Maraña Robles, ex coordinador del partido Ciudadanos de la provincia de León y asesor particular del anterior en la Diputación Provincial de León y, por último, también libertad con cargos y medidas cautelares para Juan José Simón Callejo, ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Astorga y actualmente directivo de la empresa Agema, propiedad del citado empresario Ángel Luis García Martín.
Estas decisiones judiciales, junto a las ya tomadas en días anteriores por los juzgados de Badalona y de Astorga y que significaron la prisión comunicada y sin fianza para el empresario José Luis Ulibarri Cormenzana, constructor y propietario de diferentes medios de comunicación, incluido el Diario de León; la libertad con cargos sin medidas cautelares para el alcalde de Astorga Arsenio García Fuertes, del Partido Popular, y los concejales del mismo ayuntamiento y partido Manuel Ortiz González y Javier Guzmán Goyanes; la misma situación para el teniente de alcalde del ayuntamiento de Astorga, del PAL, Pablo Peyuca González González, y para el alcalde de Villarejo, del PSOE, Joaquín Llamas Redondo.
A la vista de lo expuesto, perfectamente conocido por la jerarquía del partido Ciudadanos (C's) en Castilla y León, así como por todos los afiliados de la provincia de León, la pregunta es obvia y hay que dirigirla directamente a la citada jerarquía, Miguel Ángel González Rodrigo y Luis Fuentes Rodríguez: ¿Qué pasa aquí? ¿No es Ciudadanos el partido de la transparencia por antonomasia? ¿Es todo una burda mentira y estamos una vez más en la protección de las camarillas y el reparto del pastel, como el resto de –casi todos– los partidos políticos, y ello al amparo o amparando a una minoría corrupta pero enraizada –Dios sabe por qué– en el partido?
Deberían hablar, dar explicaciones, salir de la oscuridad y la falsa sonrisa, transmitir confianza a los suyos porque de ese modo ellos serán capaces de transmitirla a la sociedad. Regeneración política de verdad. Y todos los españoles saldríamos ganando.
[1] A LA CONCEJALÍA DE RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL, TRANSPORTE, MOVILIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Dª Ruth Santín Huerga, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Ponferrada, conforme a lo dispuesto en el Art. 14 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en ejercicio del derecho fundamental recogido en el Art. 23.1 de la Constitución, ante esta Concejalía comparezco y como mejor proceda
SOLICITO
Las cámaras de vídeo-vigilancia para controlar el tráfico de la ciudad se instalaron en 2011. En total se pusieron en marcha 21 dispositivos y el Ayuntamiento invirtió 142.000 euros en este proyecto. Con el paso del tiempo estas cámaras han perdido definición y algunas de ellas no tienen buena orientación, por lo que no sirven para su fin original, que era controlar el tráfico. La falta de resolución de las imágenes, además, impide reconocer las matrículas e incluso el tipo de vehículo que está cometiendo una infracción.
Además, algunas avenidas y glorietas importantes de la ciudad debido a su intenso tráfico no disponen de estos dispositivos, lo que merma la capacidad de la Policía Local para controlar el tráfico mediante este sistema.
Por ello, el Grupo Municipal Ciudadanos reclama que se renueven las cámaras del sistema de vídeo-vigilancia del municipio de Ponferrada a fin de que sirvan para el fin para el que fueron instaladas.
Ponferrada a 2 febrero de 2018 - Fdo. Dª Ruth Santín Huerga