La Fiscalía alemana pide extraditar a Carles Puigdemont por rebelión y malversación y lo mantiene en prisión.
(RESUMEN DE PRENSA)
RESUMEN DE PRENSA
EL MUNDO, Carmen Valero, 03/04/2018
La Audiencia Territorial del estado federado alemán de Schleswig-Holstein ha confirmado la recepción de la demanda de extradición a España de Carles Puigemont que le ha cursado hoy Fiscalía de este land tras comprobar que la euroorden emitida por el juez del Tribunal SupremoPablo Llarena es "admisible" en su totalidad.
"El tribunal ha registrado el informe de la Fiscalía esta mañana. Ahora será analizado. No puedo decirles cuando habrá dictamen. No existe un plazo límite para el pronunciamiento, pero entiendo que será rápido", afirmó la jueza y portavoz del máximo tribunal de Schleswig-Holstein, Frauke Holmer. Habló incluso de "un par de días". El plazo que suele tomarse como referencia son 60 días prorrogables otros 30, aunque hay procesos que pueden durar 48 horas o un año, dependiendo de la batalla legal que emprenda el afectado. La media, no obstante, es de 47 días.
La Fiscalía de Schleswig-Holstein pidió hoy la extradición de Puigdemont en los términos dictados por el juez Llarena, al considerar que los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos esgrimidos por el magistrado español en la euroorden tienen equivalencia en el Código penal alemán. La Fiscalía se ha pronunciado también a favor mantener en prisión del ex president por considerar que existe riesgo de fuga. Puigdemont permanece en prisión provisional desde el 26 de marzo.
Los abogados de Puigdemont han reaccionado lacónicos a la decisión de la Fiscalía alemana con el argumento de que entraba dentro de lo previsible en un proceso que dilucidará la Audiencia. La realidad, sin embargo, es que se trata de una importante primera gran derrota legal del político catalán, que se ha hecho representar en Alemania por uno de los letrados más relevantes en Derecho Penal Internacional. Se trata del letrado Wolfgang Schomburg, ex juez del Tribunal Constitucional y de los Tribunales para la extinta Yugoslavia y para Ruanda. Schomburg calificó el razonamiento de la euroorden de impreciso, superficial y aventuró que los delitos de rebelión y malversación no encajaban en el Código Penal alemán. De haber seguido el Ministerio Público alemán ese razonamiento, Puigdemont habría sido puesto en libertad.
Bien al contrario, la Fiscalía General de Schleswig-Holstein, la demanda española es admisible. Se trata de una decisión relevante, pues al establecer un marco de equivalencia entre los delitos por los que se le acusa en España y el Código Penal alemán, la Fiscalía descarta que el ex presidente sea un preso político. Esa era una de las bazas de la defensa. Puigdemont se proclama perseguido por una especie de nueva Inquisición española.
"La acusación de rebelión contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos", destaca en un comunicado la Fiscalía, que considera que el delito de rebelión que imputa el magistrado del Tribunal Supremo puede ser equivalente al de alta traición que recoge el Código Penal alemán. En el caso alemán, el delito de alta traición requiere el uso o amenaza de violencia, de ahí las discrepancias que ha habido entre algunos juristas.
"No es exigible legalmente una coincidencia literal de los preceptos alemanes y españoles", zanja la Fiscalía y argumenta que las fuerzas policiales españolas advirtieron que, tras los enfrentamientos violentos del 20 de septiembre de 2017entre ciudadanos catalanes y la Guardia Civil, era de esperar una escalada de la violencia el día del referéndum.
Puigdemont, explica la Fiscalía, optó sin embargo por mantener la consulta pese a esas advertencias y comprometió a la policía autonómica a garantizar que los partidarios de la independencia pudieran participar en el referéndum.
Las acusaciones de malversación de fondos públicos y de corrupción para llevar a cabo el referéndum ilegal secesionista del 1 de octubre de 2017, continúa la Fiscalía, se corresponden con el delito de malversación también recogido en el Código Penal alemán.
La decisión favorable de la Fiscalía a la detención y entrega del político catalán por los delitos que sustentan la euroorden del juez Llarena es resultado de un exhaustivo análisis jurídico, que ni siquiera se interrumpió durante la Semana Santa ante la relevancia del caso.
Puigdemont fue detenido en Alemania el pasado 25 de marzo, poco después de cruzar la frontera de Dinamarca. Tras su arresto, el juzgado de instrucción de la ciudad de Neumünster ordenó su ingreso en prisión al apreciar riesgo de fuga, dado que el líder soberanista fue detenido en tránsito a Bélgica, donde fijo su residencia tras huir de España el pasado mes de octubre y porque la respuesta de la Justica belga a la euroorden del juez Llarena podría serle más favorable.
LA VANGUARDIA / IÑAKI PARDO TORREGROSA, Barcelona
La Fiscalía General de Schleswig-Holstein tramitará la extradición de Puigdemont al tiempo que le mantiene en prisión “por riesgo de fuga”. El ministerio público del land donde fue detenido el expresident ha pedido este lunes a la Audiencia Territorial -el órgano superior que decidirá sobre la extradición en última instancia- tramitar la extradición del president cesado por el delito de “alta traición” y “malversación de fondos públicos”.
Ahora, en un periodo de 60 días como máximo -prorrogables a 90- la sala primera de lo penal de la Audiencia Territorial del mentado land, formada por tres jueces, se dispone a estudiar la petición de extradición y si hay motivos para que siga encarcelado. En un comunicado, la Audiencia confirmó que ha recibido el escrito de la Fiscalía General del land. En sus manos está examinar “si la extradición no parece ab initio inadmisible y si hay motivo para la prisión”, ha añadido la Audiencia, que no fa facilitado plazos. Jens Bahr, portavoz del tribunal, ha señalado a la agencia Efe que la decisión sobre mantener en prisión a Puigdemont puede tomarse relativamente pronto, en dos o tres días. Sin embargo, ha declinado dar plazos sobre la resolución definitiva del proceso de extradición.
La Audiencia Territorial decidirá en dos o tres días si mantiene a Puigdemont en prisión
El trámite que ha arrancado este martes en los tribunales alemanes es el mismo que en su día tuvo lugar en Bélgica y cuya resolución debía conocerse a una semana de las elecciones del 21-D. Pero la euroorden cursada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela fue anulada al llegar la causa del procés a un tribunal de instancia superior por el temor a que la justicia belga no admitiera la rebelión o la sedición como delitos.
El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha manifestado poco después de conocerse la tramitación de la Fiscalía en El Món a RAC1 que esperaban que fuera así y ha confiado en que el tribunal superior de la región será el organismo que les dé una resolución favorable. “La Fiscalía alemana asume la defensa de la justicia española”, ha explicado el letrado. “Ahora empieza el proceso de extradición y es lo que esperábamos” ha destacado.
Preguntado por los periodos, el letrado catalán del president cesado, que trabaja con un equipo de abogados belgas y alemanes expertos en la materia, no ha querido pronunciarse, aunque la media de la entrega en Alemania es de entre 15 y 45 días. “El tribunal requerido analiza si los hechos descritos en la euroorden son punibles en su país, no si son ciertos o no”, ha apuntado. “Lo que habría sido noticia es que la petición no se hubiera admitido a trámite”, ha insistido.
Veo difícil que se aplique el delito de rebelión. Más bien veo posible que se aplique el de malversación. Si fuera así, desde la perspectiva del Gobierno español sería una victoria pírrica”
Juez y catedrático en Derecho Penal
Kai Ambos, juez alemán experto en procesos judiciales internacionales y catedrático en Derecho Penal, se ha expresado en ese mismo sentido en la emisora catalana y ha opinado que el proceso será breve. Ambos ha señalado que la extradición no será por el delito de rebelión, al considerar que la Alta Traición no es equiparable a la rebelión de España, por lo que sólo podría ser juzgado por malversación de fondos públicos. “El único delito equiparable es la traición y el problema es que requiere violencia”, ha afirmado.
Según ha explicado el letrado, el tribunal valorará si los hechos relatados por Llarena son punibles, y en ello es “esencial” la violencia. “Veo difícil que se aplique el delito de rebelión. Más bien veo posible que se aplique el de malversación. Si fuera así, desde la perspectiva del Gobierno español sería una victoria pírrica”, ha valorado.
Llarena reactivó la euroorden de detención después de que el líder catalán fuera procesado por rebelión y malversación de caudales públicos el pasado 23 de marzo. Dos días después fue detenido en el land alemán de Schleswig-Holstein cuando regresaba a Waterloo, donde tiene fijada su residencia, desde Helsinki. Acaba de cruzar la frontera desde Dinamarca, país en el que el president cesado ya estuvo en enero y donde no se pidió su detención. La detención fue con la colaboración de la policía española y el CNI.
Rajoy subraya la defensa del “imperio de la ley” en toda la Unión Europea
Desde Argelia, Mariano Rajoy ha subrayado la defensa del “imperio de la ley” en toda la Unión Europea después de que conocer que la Fiscalía alemana había solicitado que continúe el proceso de extradición de Puigdemont.
El presidente del Gobierno se ha referido a la decisión de la Fiscalía alemana en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Argel con motivo de la VII cumbre bilateral. El jefe del Ejecutivo ha precisado que no hace juicios de valor sobre decisiones judiciales, pero ha resaltado que Europa no es sólo un espacio económico, sino también “un espacio moral y democrático de países respetuosos con los derechos humanos, el imperio de la ley, el estado de derecho y la separación de poderes”.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha considerado la decisión de la Fiscalía como “lógica y normal”, ya que “en Alemania se persigue a los delincuentes”. “Espero que Puigdemont dé sus explicaciones ante los tribunales y que se determinen las responsabilidades penales ante lo que ha sido un intento de golpe de Estado”, ha señalado Hernando este mediodía en el Congreso.
El PDeCAT confía en que la extradición sea denegada por rebelión
Carles Campuzano ha señalado que era “previsible” que la Fiscalía pidiese la extradición a España del expresident, pero ha confiado en que sea denegada al considerar que no hay argumentos legales para concederla. Desde la cámara baja, el portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, ha apuntado que hay “un enorme abismo” entre el delito de rebelión que el juez Pablo Llarena le imputa a Puigdemont y lo ocurrido en otoño pasado en Catalunya.
Según Campuzano, más allá de si existe un tipo penal parecido o no en Alemania, no hay argumentos suficientes para concluir que se haya cometido un delito de rebelión que, ha recordado, en España también exige la concurrencia de violencia. En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, para quien también “entraba dentro de lo previsto que la Fiscalía lo trasladara al órgano competente”. “Vamos a ver qué decide el juez instructor”, ha dicho Tardà.
La semana pasada Llarena permitió a Puigdemont y otros exconsellers cesados personarse en la causa una vez ya estaba dictado el auto de procesamiento, por lo que ya podía interponer recursos ante los autos del instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En su primer recurso, el president cesado negaba que hubiera violencia en la preparación y convocatoria del referéndum del 1-O, declarado ilegal por el TC, y menos un “alzamiento”.
La Mesa del Parlament acepta la delegación del voto de Puigdemont al considerar que su situación de encarcelado en Alemania es equiparable a la de los presos en España
En Barcelona, la Mesa del Parlament ha aceptado la delegación del voto de Puigdemont, con los cuatro votos de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, al considerar que estar encarcelado le equipara a los demás políticos presos en España, que sí tienen permitido el voto a distancia.
De ese modo, si no hay impugnaciones de por medio desde el Gobierno con recursos al Tribunal Constitucional o de los partidos constitucionalistas, ahora Junts per Catalunya y Esquerra Republicana cuentan en el Parlament con 65 votos, con lo que sólo necesitarían uno más -el de Toni Comín- para lograr una investidura con minoría simple en segunda votación toda vez que la CUP mantenga su abstención, como hizo con Jordi Turull a mediados de marzo, un día antes de que entrara en prisión junto a otros procesados que ocupaban un escaño.