Informa El Periódico que el fiscal superior de Cataluña pone a todos los cuerpos de seguridad bajo "un mando único" del Ministerio del Interior.
Asímismo indica que el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos será el responsable de dirigir las operaciones para impedir el referéndum.
Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil y director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, mando único de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña.
Según informa El Periódico:
El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha reunido este mediodía a las 12 a los mandos en Catalunya de la fuerzas de seguridad para comunicarles una orden según la cual todos los cuerpos pasan a estar coordinados bajo un "mando único" del Ministerio del Interior.
Desde el Gobierno central se recuerda que este mecanismo de coordinación es el que, en lo esencial, se dispuso tras los atentados de Barcelona y Cambrils y "nadie pensó que ello atentaba contra cualquier otro cuerpo policial o institución pública".
El coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, será quien estará al frente de esta tarea de coordinación, como "director técnico". Pérez de los Cobos está presente en la reunión de la fiscalía, en la que particiipan los mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra.
Fue en un encuentro celebrado el pasado jueves con los mismos protagonistas en el que el fiscal advirtió de la orden que se preparaba, tras expresar su queja al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por la poca implicación de la policía catalana para impedir el 1-O.
La orden de coordinar a todas las fuerzas de seguridad bajo un mando único del Ministerio del Interior y bajo supervisión de la fiscalía obedece a la intención de "garantizar la capacidad suficiente" para dar cumplimiento a las instrucciones de la fiscalía y los jueces de que no se lleve a cabo un reférendum ilegal", según fuentes gubernamentales, que subrayan que la orden viene de la fiscalía y no del Ejecutivo de Mariano Rajoy.