Entiéndame bien el amable lector. No pretendo emular al gran escritor Emile Zola en su famosa carta al Presidente de Francia, a propósito del affair Dreyfus (Yo acuso. Carta a Monsieur Félix Faure, Presidente de la República, L´Aurore, 13 de enero de 1898).
Mi intención es infinitamente más modesta. No se trata de una carta al Jefe del Estado, y el título de este artículo solo expresa la impaciencia o frustración de un ciudadano insatisfecho por la corrupción y disfuncionalidad de nuestra democracia. Especialmente la corrupción de la cultura política y de la verdad histórica, alimentada por una politizada Ley de la Memoria Histórica y el buenismo ideológico de la Corrección Política.
Estoy convencido de que la democracia española no se consolidará definitivamente hasta que seamos capaces de asumir nuestra propia historia: la remota y, sobre todo, la más reciente. ¿Cómo vamos a valorar objetivamente la historia de la Guerra Civil y el Franquismo si no somos capaces de admitir lo que ha sucedido ante nuestros ojos en los últimos cuarenta años?
Acabamos de pasar otro 23 de Febrero. En cuatro años, en 2021, serán ya cuarenta años los transcurridos desde el infame 23-F de 1981, el primer “agujero negro” en que nuestra modélica Transición política desde la dictadura a la democracia comenzó a descarrilar y a corromperse. Fue el primer jalón de un proceso pervertido que, a mi juicio, ha impedido la Consolidación democrática en España. Lo he dicho, lo he repetido y lo mantengo.
Han sido, por tanto, otros cuarenta años de otra dictadura, la de una Mentira Histórica legitimada por la Corrección Política. ¿De verdad creemos que es posible extirpar el cáncer de nuestra democracia –la partitocracia y la corrupción- sin confrontar la realidad de unos hechos que chocan con la narrativa oficial?
El lamentable episodio del 23-F sigue siendo una mancha en la reciente y corta historia de nuestra democracia. Democracia fallida o no consolidada, precisamente a causa de una serie de diferentes “agujeros negros” judiciales: 23-F, caso GAL, 11-M, caso Faisán, caso Nóos, el desafío secesionista en Cataluña, etc., con los concomitantes casos de corrupción económica de los partidos políticos y algunos de sus dirigentes.
Tras la lectura del importante libro de Jesús Palacios, 23-F. El Rey y su secreto (Libros Libres, Madrid, 2010), me sentí motivado a escribir varios artículos, con un oportuno testimonio personal, que serían publicados entre 2011 y 2012 en varias revistas digitales en Estados Unidos y España (Semanario Atlántico, Libertad Digital, The Americano), y reunidos posteriormente en un largo ensayo (“Reflexiones sobre el 23-F”, Kosmos-Polis, Madrid, 4 de Mayo de 2014).
La valoración positiva que mi maestro el historiador Stanley G. Payne, gran experto en el pretorianismo español, hizo de las investigaciones anteriores sobre el 23-F del autor mencionado (S. G. Payne, España. Una historia única, TH, Madrid, 2008; cito la versión en inglés, University of Wisconsin Press, Madison, 2011, p. 281), me incitó a leer más detenidamente el primer libro de Jesús Palacios sobre el asunto: 23-F. El Golpe del CESID (Planeta, Barcelona, 2001), donde se ofrece ya la explicación más completa y plausible del infame “pseudo-golpe” o, como lo caracteriza Payne, “abortive pronunciamiento” (2011, p. 241).
Basándome en las investigaciones y ambos libros de Palacios (2001, 2010) me atrevo a nombrar a los responsables políticos y militares de este infame incidente en la historia de nuestra democracia.
En primer lugar, los nombres manifiestos en la lista del denominado “gobierno Armada” (Palacios, 2001, p. 413; Palacios, 2010, pp. 218-219):
Alfonso Armada y Comyn
Felipe González Márquez
José María López de Letona
José María de Areilza
Manuel Fraga Iribarne
Gregorio Peces-Barba
Pío Cabanillas Galla
Manuel Saavedra Palmeiro
José Luis Álvarez
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
Jordi Solé Tura
Agustín Rodríguez Sahagún
Carlos Ferrer Salat
Antonio Garrigues Walker
Ramón Tamames
Javier Solana
José Antonio Sáenz de Santamaría
Enique Múgica Herzog
Luis María Ansón
De los tres generales en la lista (Armada, Saavedra y Sáenz de Santamaría) solo el primero sería juzgado y condenado. Ninguno de los políticos o civiles sería imputado. Efectivamente, en el juicio militar o Consejo de Guerra serían condenados:
Jaime Milans del Bosch y Ussía (Teniente General)
Alfonso Armada y Comyn (General de División)
Luis Torres Rojas (General de División)
Camilo Menéndez Vives (Capitán de Navío)
José Ignacio San Martín (Coronel)
Diego Ibáñez Inglés (Coronel)
Miguel Manchado (Coronel)
Antonio Tejero Molina (Teniente Coronel)
Pedro Mas Oliver (Teniente Coronel)
Ricardo Pardo Zancada (Comandante)
Asimismo fueron condenados 11 capitanes y 8 tenientes del Ejército y de la Guardia Civil, y solo un civil, Juan García Carrés. El comandante José Luis Cortina del CESID, imputado y juzgado, sorprendentemente resultaría absuelto.
Aunque el plan original, en términos puramente teóricos con un dictamen constitucional que lo hiciera parecer técnicamente legal si no legítimo, fue formulado como simple hipótesis de trabajo (“Operación De Gaulle”) por mi maestro y director universitario D. Carlos Ollero Gómez, catedrático de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en la Universidad Complutense (según testimonios de Alfonso Armada, Sabino Fernández Campo y de Luis María Ansón, recogidos por Abel Hernández, Suárez y el Rey, Espasa, Madrid, 2009, pp. 148-149), la ejecución práctica del mismo se llevó a cabo con el conocimiento, las decisiones y los actos de, como mínimo, las siguientes personas:
El Rey Juan Carlos, el general Sabino Fernández Campo, Manuel Prado y Colón de Carvajal, Felipe González, Alfonso Guerra, Enrique Múgica, Javier Solana, Manuel Fraga Iribarne, los militares mencionados encabezados por el general Armada y el tándem dirigente efectivo del CESID: el general Javier Calderón y el comandante José Luis Cortina. Naturalmente hubo más políticos implicados, en mayor o menor grado, de UCD, PSOE, Alianza Popular-CD, PCE e independientes. Los militares, aunque no todos, fueron juzgados y condenados ante la opinión pública y para la Historia. Los políticos en su totalidad han sido protegidos por la partitocracia, sistema que ha suplantado a la democracia.
Otros responsables por conocimiento, complicidad o encubrimiento, por acción u omisión, en el 23-F y posteriormente: los generales Manuel Gutiérrez Mellado (vice-presidente para la Defensa), José Gabeiras (Jefe del Estado Mayor del Ejército), Manuel Cabeza Calahorra (autor tras el pseudónimo Almendros), y otros, como el coronel, después general Andrés Casinello (jefe de información de la Guardia Civil). Asimismo los ministros de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún, Alberto Oliart, Narcís Serra, Eduardo Serra, José Bono, José Antonio Alonso, Carme Chacón, y todos los directores del CESID y del CNI en los años transcurridos: los generales Gerardo Mariñas, Emilio Alonso Manglano, Félix Miranda, Javier Calderón, y Félix Sanz Roldán, así como los civiles Jorge Dezcallar y Alberto Saiz. Finalmente, desde el 22 de diciembre de 2011, Soraya Sáenz de Santamaría, como vicepresidenta del gobierno asumiendo la supervisión del CNI.
Pero no podemos obviar que la responsabilidad –en cuanto a conocimiento y posible encubrimiento de los hechos- en última instancia hay que localizarla en el Jefe del Estado y en los sucesivos Jefes del Gobierno hasta la fecha: los presidentes Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
El proceso Dreyfus, como es sabido, fue objeto de una revisión. Respecto al 23-F no aspiro a tanto. Bastaría con un pequeño gesto, con cierta significación simbólica e histórica, de algunos de los máximos responsables todavía vivos y nunca condenados judicialmente (Juan Carlos de Borbón y Borbón, Felipe González, José María López de Letona, Alfonso Guerra, Enrique Múgica, Javier Solana, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Luis Álvarez, Javier Calderón, José Luis Cortina…), o bien de las más altas autoridades del Estado, en el que admitieran la verdad y pidieran perdón a España y a los españoles.
Serían un buen comienzo para que las expresiones “Imperio de la Ley” o “Estado de Derecho” no sonaran a impostura.