Desde diversos medios de comunicación leo u oigo la noticia de que la hucha de las pensiones se quedará vacía este año. Así mismo, que no sólo este año sino también en los sucesivos las pensiones aumentarán el 0,25 por ciento. Dado que el aumento del IPC de este año será del 1,50% (algunos aseguran que con motivo del encarecimiento del petróleo y otras causas, el IPC alcanzará el 2%), quiere decir que los pensionistas perderán el 1, 25% de poder adquisitivo. Naturalmente, si esta situación se va a prolongar durante los próximos años, el deterioro puede resultar alarmante.
La mitad de nuestros pensionistas, esto es, casi cinco millones, cobra menos del salario mínimo interprofesional y de entre ellos siete de cada diez son mujeres, es decir, la preocupante cifra de 3.339.712. En León, el 1 de Enero de este año, el número de pensiones era de 142.383 y la pensión media de 890,65 euros.
La pirámide poblacional en España y en general en todo Occidente hace que la situación resulte, cada vez más preocupante. Así, en Diciembre del año 2007, existían en España 7.586.574 pensionistas que cobraban 8.334. 316 pensiones (se dan casos en que una persona cobre más de una pensión). El 1 de Enero de este año ya había 8,602.601 pensionistas que percibían 9.465.328 pensiones.
“España tiene ahora un nivel de cobertura socioeconómica desconocidamente bajo, con solo 1,5 personas cotizando por su trabajo por cada persona con una prestación pública, ya sea una pensión de la Seguridad Social o una prestación o subsidio por desempleo. Con esa proporción, y atendiendo solamente a los mecanismos estatales de protección contra la vejez, la enfermedad y el desempleo, de cada cinco personas, tres pagan y dos cobran; de cada diez, seis contribuyen y cuatro reciben prestación pública; esto es: un 60% soportan con sus cotizaciones las prestaciones del 40% restante”. (https://www.jubilacionypension.com/planes-fondos/planes-pensiones/en-espana-hay-241-afiliados-por-cada-pensionista/).
Se proponen distintas soluciones al problema. “El presidente de la Confederación Española de Mutualidades (CNEPS), Pedro Muñoz, ha pedido este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso que impulse una generalización de los planes de previsión social complementaria, que a su entender deberían ser obligatorios en el seno de las empresas, los colegios profesionales o el tejido asociativo, dando la posibilidad a los trabajadores de mantenerlos o no. Muñoz, que ha defendido la eficiencia de las mutualidades como fórmula de ahorro, ha insistido además en que sería especialmente importante fomentar este tipo de instrumentos entre los autónomos, que al ser los que cotizan por bases más bajas tienen peores perspectivas a la hora de jubilarse. No obstante, ha insistido en que este modelo debe ser complementario al sistema público de pensiones, que es "indiscutible" y para el que debe buscarse "la estabilidad económica". (http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/salarios-y-pensiones/ PENSIONES-PODRIAN-PERDER-ADQUISITIVO AUTORIDAD_0_997701214.html).
Pero, en lo que se insiste, sobre todo, es en la reducción del gasto público centrándose en nuestro número de funcionarios. En este sentido, merece la pena hacer algunas consideraciones al respecto, porque resulta importante conocer el número de empleados públicos, así como su proporción con relación al total de la población de un país. Sin embargo, resulta también de gran importancia, saber la cantidad del Producto Interior Bruto (PIB) que el país gasta en esos empleados públicos. En el caso de España, en 2015, se gastó, por este concepto, 110.000 mil millones de euros, que divididos por el total de nuestros empleados públicos supone que su sueldo es de 36.000 euros, esto es, unos 10.000 euros más que el salario medio del que trabaja en la empresa privada, que fue de 26.259 euros. Así, el gasto en empleados públicos en España es superior, por ejemplo, al de Alemania y, en todo caso, al de la media europea.
Sorprende este hecho, por cuanto los sueldos que cobran los altos cargos de la Administración son inferiores a los de sus homólogos en la empresa privada. Miguel Borra, Presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), aclara: “… se han creado estructuras clientelares…En España ha habido más de 4.000 organismos y empresas públicas para hacer las cosas más insospechadas. Por ejemplo, compañías públicas cuya misión era exclusivamente hacer colegios públicos pero que se dedicaban a la extracción de sal en minas a cielo abierto o, la empresa Expo 92 de Sevilla, que se ha mantenido activa hasta hace poco. A ello se une que hay miles de asesores en todas las administraciones. La cifra nadie la sabe con seguridad pero podrían ser entre 17.000 y 20.000 asesores cuyos sueldos, además, son muy superiores a los que puede cobrar un Catedrático de Universidad". Conviene añadir que, según se ha publicado repetidamente y nunca se ha desmentido, casi la totalidad de estas empresas públicas son tan innecesarias como deficitarias y de hecho, algún partido político lleva en su programa suprimir la mayor parte de estas empresas, puramente clientelares.
Más aún, desde Ciudadanos, se aconseja seguir el ejemplo de países en los que se han llevado a cabo reformas para que los funcionarios no tengan un trabajo garantizado para toda la vida si su desempeño no lo merece. "Todas las sociedades escandinavas, que tienen un sector público más grande, tienen muchos trabajadores públicos pero no funcionarios, esto es no tienen el trabajo para siempre”, concreta Roldán. Y el mismo Roldán añade: “La Administración Pública es muy profesional pero se ha deteriorado por la policitación, lo que a su vez ha hecho que «el control se debilite y pase lo que ha pasado durante los últimos años cuando, sobre todo a nivel local, hasta el jardinero depende del alcalde», por lo que, como afirma Borra: “… ahora faltan camas, faltan policías o no hay personal suficiente en Educación y Justicia”. (http://www.msn.com/es-es/noticias/espana/%C2%BFhay-demasiados-funcionarios-y-empleados-p%C3%BAblicos-en-espa%C3%B1a/ar-AAjBtq3?li=AA5a7b&ocid= spartandhp).
Por lo que respecta a Castilla y León, en Diciembre de 1970 tenía 2.668.279 habitantes, de los que 1.347.515 eran mujeres y 1.320.764 hombres. Pues bien, a pesar del aumento de la población española, Castilla y León redujo su población en junio de 2016 a 2.445.666 personas, esto es, perdió 222.613 habitantes, si bien sigue siendo mayoritario el número de mujeres con el 50,57 por ciento. Y con relación al número de funcionarios, en España, desde hace tiempo, los funcionarios han constituido el 20 por ciento de la población asalariada, o lo que es lo mismo, hay un empleado público por cuatro asalariados privados y concretamente en Castilla y León la proporción es del 19, 76 por ciento. La palma de empleados públicos se la lleva Extremadura con el 25,75 por ciento del total de la población empleada. (http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/espana-comunidades-autonomas/castilla-leon).
Mi respuesta al interrogante que encabeza el presente artículo coincide con la solución de Eulogio López, Director de hispanidad.com, el primer periódico digital que se publicó en España, que considera que nuestras pensiones y en general las de Occidente no se van a poder pagar con ninguna de las soluciones que se proponen -incluidas el retraso de la edad de jubilación o la subida del IVA, de los precios, y la disminución de las cuotas sociales-,debido al abismal envejecimiento de la población y preconiza como solución complementaria, pero, a la larga, definitiva, no “la maternidad subrogada sino la maternidad subvencionada”. En efecto, resulta difícil encontrar alguien que merezca más una retribución que la madre que atiende a su hijo, en todos los órdenes de la vida, durante 24 horas al día.
Francisco Ansón